“Default técnico”. Argentina lo hizo de nuevo

La Argentina, una vez más, hace el “paga Dios” de una buena parte de su deuda pública. Lo dispuso el presidente Alberto Fernández, a través del Decreto 346/2020. En ese instrumento administrativo legal y legítimo, posterga unilateralmente hasta el 31 de diciembre próximo el pago de hasta US$10.000 millones adeudados a través de bonos emitidos bajo las leyes locales.

En el mundo de las finanzas la decisión gubernamental tipifica un “default técnico” porque modifica lo que oportunamente y por escrito se había pactado con quienes prestaron sus dineros a este país. El fundamento para hacerlo, en esta oportunidad, es “la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 (que) ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’”.

Alberto Fernández justifica que no intervenga el Parlamento en la decisión adoptada en que “la dinámica de la pandemia del COVID-19 y su impacto sobre la salud pública sumado a la situación económica y social imperante” lo impide. Destaca también que “a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública” nacional “emitida bajo ley” argentina y denominada en dólares estadounidenses”.

La información oficial disponible da cuenta que este país, hasta el último día de este año, dejará de pagar cerca de US$ 6.000 millones y, aunque el decreto publicado nada indica, el interrogante que emerge es qué habrá de suceder con poco menos de US$ 3.500 millones que deberá abonar a bonistas que tienen en su poder títulos del Tesoro local emitidos bajo legislación extranjera. Aunque nada indica formalmente, hasta ahora, que esa maléfica profecía vaya a suceder.

Sin embargo, las dudas de los que dudan no se fundan en operación alguna para construir una situación de pánico generalizado o en animadversión con las políticas del presidente Fernández, sino en la historia de este país al que no le faltan defaults desde los inicios del siglo XIX.

Según Miguel Ángel Boggiano lo consigna en el diario El Cronista “han sido cinco los eventos que efectivamente representaron un default/reestructuración” de la deuda pública argentina.

El primero de ellos lo ubica en 1827, luego que el Banco de Inglaterra elevara su tasa de descuento “para frenar su caída de reservas” lo que provocó “un crash bursátil, problemas bancarios y recesión en Inglaterra y Europa Continental” que “en pocos meses se expandió a América latina”. Aquel default, se mantuvo hasta 1857. Treinta años.

El segundo impago lo ubica en 1888 luego de la quiebra del local Banco Constructor de La Plata. Por entonces, Argentina “llegó a ser el quinto país más endeudado del mundo”. La cesación se extendió hasta 1892. Cuatro años.

El tercero se produjo en 1982 en el contexto de una crisis bancaria y financiera generalizada de alto impacto en Latinoamérica y África. De hecho, en 1976, cuando la última dictadura cívico-militar derrocó a la primera mujer presidente en la historia argentina, María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”, la deuda externa alcanzaba a unos US$7.000 millones mientras que en 1983, cuando se restableció el sistema institucional, ese indicador daba cuenta que Argentina debía US$ 45.000 millones. La cesación de pagos se extendió hasta 1992. Diez años.

El cuarto fue en 2002. El 23 de diciembre de 2001, luego de la caída del presidente Fernando de la Rúa tres días antes, Adolfo Rodríguez Saá, que fue primer mandatario por unos pocos días, ante la Asamblea Legislativa, declaró que “no” pagaría la deuda externa. Fue ovacionado y aplaudido de pie por los legisladores.

El quinto default – que como una suerte de continuidad política se mantiene hasta la actualidad y fue ratificada con la decisión que hoy dio a conocer el gobierno de Alberto F- comenzó en agosto 2019 cuando el presidente Mauricio Macri –en el país de los eslóganes eufemísticos- decidió “reperfilar” los compromisos asumidos por su administración y el ministro de Economía de entonces, Hernán Lacunza, como hoy lo hace su sucesor, Martín Guzmán, unilateralmente modificó la fecha de pago del capital de la deuda de corto plazo en dólares.

El 29 de ese mes, S&P Global Ratings, calificó a la deuda de corto plazo argentina en “default” en tanto que a la de largo plazo la consideró en “default selectivo”. Como en una enorme y poco más que bicentenaria Banda de Möbius, lo más reciente, en la Argentina, es lo que nunca deja de suceder.

por Ricardo Rivas

33 comentarios en ““Default técnico”. Argentina lo hizo de nuevo”

  1. En Argentina la palabra presidencial se devalúa
    Ricardo Rivas

    La segunda ola de la pandemia de SARS-Cov-2 parece indetenible en la Argentina. Los números oficiales dan cuenta de ello. Desde que la pandemia se hizo sentir, se infectaron 4,111 millones de personas; 3,695 millones se recuperaron pero, 85.075, hasta pasado el mediodía de ayer, fallecieron. Gravísimo. Trágico. La vacunación, que en los últimos días se incrementó pero, aún no es suficiente. 3,395 millones [7,3% del total de la población] han recibido las dos dosis. Con una sola aplicación, 12,991 millones [28,6%]. Entristece. No son pocas las familias en las que, en un solo día, dos y hasta tres familiares fallecieron. Junto con la notificación formal de la infausta novedad recibieron las urnas con las cenizas de sus seres queridos.

    En tiempos pandémicos se nace y muere en soledad. Amargo de toda amargura. El humor social se deteriora. Oficialistas y opositores no saben dar con las respuestas que la sociedad espera de ellos y ellas. Cuando faltan unos 90 días para las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), entre las múltiples oposiciones solo parecería preocupar el armado de las listas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores. En el oficialismo, el panorama es el mismo. El presidente Alberto Fernández cada día que pasa parecería estar más en soledad.

    En todas las encuestas –propias y ajenas– la valoración de su imagen está en torno del 35% y con tendencia a la baja. No le va bien. Pandemia y economía lo atenazan. La confianza pública en y por su palabra se degrada. Gravísimo cuando, justamente, su palabra –más allá de las medidas de gobierno que disponga– es la herramienta más valiosa cuando se carece de otras. La democracia no se construye con incredulidad social. Desde su coalición de gobierno, el Frente de Todos, no se escuchan voces de peso que lo acompañen. Su segunda al mando, la vicepresidenta Cristina Fernández, desde largas semanas se sustrajo del espacio público.

    El silencio profundo de la vicemandataria hace mucho ruido. Portavoces muy confiables que trajinan los despachos del poder y, en algunos casos, son parte del mismísimo núcleo poderoso y que piden ser preservados, no dudan en responder a este corresponsal que “no” entienden “qué dice Alberto, ni por qué lo dice”. Incluso, destacan como valor, que “pese a los profundos desacuerdos, Cristina no dice nada públicamente que pueda afectarlo”. ¿Y en la intimidad? Tres gargantas seguras y profundas, aseguran que “sí, le dijo todo lo que piensa” y añaden: “No están en el mejor momento de la relación”.

    Se encienden las luces amarillas en el tablero del poder. La más reciente medición de la consultora Management & Fit, que dirige Mariel Fornoni, da cuenta que, en la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% del total del padrón electoral, por primera vez, el opositor frente Juntos por el Cambio [JxC] supera al oficialista Frente de Todos [FdT], por casi 3 puntos porcentuales. En el orden general, 53,3% de la muestra consultada, responde que votará a la oposición. Poco más del 35% asegura que lo hará por JxC y, casi un 19%, por otras oposiciones. El 34%, apostará por el FdT.

    La ilusión electoral oficialista para consolidar su poder parlamentario en el período 2021-2023 no está asegurada. Es necesario destacar, sin embargo, que recién en la última semana comenzó a emerger el clima electoral. Pandemia, economía, inflación, desempleo e inseguridad son las mayores preocupaciones sociales. Atento a las compulsas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, con la idea de reforzar su base electoral, expandió en un 25% el padrón de extranjeros que, aquí pueden votar para las municipales y la gobernación. Asimismo, ordenó vacunar a toda persona mayor de 70 años, inscripta o no en el programa “Vacunate”.

    Con solo presentarse y requerir ser inoculado, se accede al necesario y deseado antídoto contra el Sars-Cov-2. Los extranjeros, documentados o no en la Argentina, también pueden hacerlo. Razonable preocupación la del jefe político bonaerense. La encuesta de Mariel Fornoni, cuando plantea a las y los consultados por quién votaría si la elección fuese hoy, 53% responde que lo hará por opositores. Por el oficialismo, 37%. Un trimestre de fuertes tensiones comenzó en este país. Una buena parte del oficialismo tiene la convicción de que incrementar la vacunación será bien valorado por la sociedad. Al punto, incluso, de revertir las tendencias consignadas. Cerca de 30 millones de personas tendrán que recibir las dos dosis hasta noviembre, cuando se concrete la elección parlamentaria. Un objetivo muy ambicioso.

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  2. Argentina electoral: Crece la intención de voto en blanco. Pandemia: 80.867 muertes
    Ricardo Rivas

    Para nada sencillo pinta el panorama argentino en el inicio de la semana. Hasta el mediodía de ayer, domingo, los datos estadísticos oficiales dan cuenta que 11,071 millones de personas (24,4% del total de la población a inocular) han sido vacunadas con una dosis contra el coronavirus; y, 3,021 millones (6,7%), recibieron las dos con las que se completa la inmunización. El universo a vacunar en la planificación gubernamental, se encuentra en torno de 35 millones. El reporte precisa que hay 3,939 millones de personas infectadas; y, que 3,497 millones se recuperaron. 80.867, fallecieron. “Entre la vida y la economía, elijo la vida”, dijo enfáticamente, un año atrás, el presidente Alberto Fernández.

    La inflación, prevista inicialmente en el presupuesto en ejecución del 29%, luego corregida hasta el 33%, cuando promedia 2021, orilla del 47%. Inflación, desempleo, inseguridad y pandemia, son las preocupaciones que expresan argentinos y argentinas. Socialmente, según coincidentes encuestas, la credibilidad presidencial ha sido corroída. Según Management & Fit, la consultora que dirige Mariel Fornoni, cerca del 61%, “no aprueba”, como Fernández gestiona la pandemia, ni como planifica el día después de la emergencia sanitaria. Un poco menos de ese guarismo, tampoco elogia el plan de vacunación. 75%, asegura estar económicamente “peor” que en el 2020.

    Otro trabajo de investigación de la opinión pública, que realiza bimestralmente la Universidad de San Andrés, por su parte, reporta que “solo el 11% de la población está satisfecho con la marcha de las cosas” en el país. En abril del 2020, la satisfacción se ubicaba en 57%. “Inflación”, para el 42%, es la primera preocupación argentina, en tanto que, “corrupción”, lo es para el 37%, seguido de “inseguridad” (33%), “pobreza” (31%) y “falta de trabajo” (30%). Respecto del futuro, 58% de las personas consultadas, estiman que será “peor”.

    En el mismo informe se destaca que 26% de la población tiene imagen “negativa” de los medios de comunicación; 22%, de los periodistas; 39%, del Congreso; y, 52%, de los jueces. El 60%, de los encuestados y encuestadas, está en “desacuerdo con las medidas del gobierno relacionadas con la pandemia”. Los datos precedentes, por supuesto, también los conocen los actores públicos. Oficialistas y opositores. Ambos sectores están preocupados. En poco más de 90 días [setiembre] serán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). En noviembre, las parlamentarias con las que se renovará el 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la de Senadores.

    El gobierno, para intentar repuntar en la consideración pública, se propone –en líneas generales, según cuatro fuentes gubernamentales inobjetables que exigen reserva de sus identidades– accionar en tres frentes concretos: medidas económicas que “pongan plata en los bolsillos de la gente” [vale recordar que la inflación crece, hasta ahora, al 47% anual]; avanzar en un programa de obras públicas que comenzó semanas atrás; y, vacunar la mayor cantidad de población hasta los comicios. En este último propósito, vale desagregar los datos de vacunación oficiales. Entre los vacunados con una dosis, se encuentra el 79% de quienes superan los 80 años; poco menos del 90% del segmento etario entre 70 y 79 años; y, cerca del 85% de quienes tienen entre 60 y 69 años.

    Porque así lo prevé la ley, en este país, a partir de los 70 años, el voto no es obligatorio. Pese a ello, es alta la concurrencia a las urnas de ese segmento social. Entre los 18 y los 59 años, los indicadores de vacunación descienden. Se ubican en torno del 22%. Con un inconveniente adicional, la encuesta de la Universidad de San Andrés, ya mencionada, señala que “los jóvenes (Generación Z, nacidos entre 1995 y 2005) son los más reticentes a vacunarse”. Complejo. Especialmente cuando la mayor coincidencia entre el oficialismo y las oposiciones, parece ser, la imparable marcha hacia los comicios. La integración de las listas, las ubicaciones en ellas, los balances entre las líneas internas involucradas en el reparto de poder.

    Los unos y los otros, al igual que las unas y las otras, tienen sus miradas clavadas en cómo llegan a septiembre y noviembre, las dos instancias electorales. Como si vivieran en Utopos, aquella isla que imaginó Tomás Moro en 1516, aunque en sentido opuesto a las ideas de cuidado individual, gobierno significativo, propiedad colectiva o privada, la felicidad, la armonía que aquel autor clásico proponía. De hecho, en la semana que pasó, el señor Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y la señora Cristina Fernández, vicepresidenta y titular del Senado, aumentaron los sueldos en el Parlamento en un 40%.

    En ningún otro sector, trabajadores y trabajadoras, recibieron incrementos similares. Algunos gremios, se acercaron al 35%. Entre ellos, los trabajadores estatales. Tal vez, sea por ello que, en la encuesta bimestral de San Andrés, lidera, en “intención de voto”, con el 31%, los que responden “no” saber por quién lo harán. Por el oficialista Frente de Todos (FDT), aseguran que votará el 14% de los y las consultadas. Por el opositor frente Juntos por el Cambio (JxC), dicen que lo hará el 16%. 8,3%, responden que votarán por otras opciones.

    Prefiere no contestar a los recolectores de datos de campo el 12%, en tanto que 14% asegura que votará en blanco. Destaca el resultado de esa compulsa que entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, la intención de voto opositor “cayó 15 puntos” y que “se duplicó [la intención] de voto en blanco” en porcentaje similar. En el aquí y ahora –aunque los humores sociales suelen ser, afortunadamente, cambiantes– los disgustos son generalizados. Me animo a opinar que se percibe una marcada y extendida tristeza social que se parece mucho al luto al que conduce saber que –hasta el mediodía de ayer, domingo– en 80.867 familias alguien se fue para siempre.

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  3. Argentina: El presidente Alberto Fernández y la soledad del no poder
    Por Ricardo Rivas

    Vacunación contra el corona­virus, continuidad del confi­namiento, deuda externa y la Copa América, parecerían ser los cuatro temas que –en el frente interno- son par­tes sustanciales del debate público en la Argentina. En el plano transnacional, la mayor inquietud de analistas de todo sector, es tratar de discernir cuáles son los ejes de una política exterior que no ter­mina de definirse. Sin dudas, las sucesivas divergencias internas en el seno de la coa­lición de gobierno [el Frente de Todos], explican suficien­temente el desconcierto gene­ralizado de quienes intentan saber qué pasa en este terri­torio fértil en el que, desde muchas décadas, lideran éli­tes yermas.

    De allí las dudas a las que, en no pocas oportunidades, se añaden exposiciones públicas que invitan a la confusión. En los últimos días de la semana que pasó, se conoció –siem­pre a través de trascendidos de fuentes inobjetables- que el presidente Alberto Fernán­dez quiere ser mediador en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y las oposicio­nes, para intentar hallar una salida a la profunda crisis que se vive en ese país. Reciente­mente, en Ecuador, el canciller Felipe Solá, a donde viajó para asistir a la asunción del nuevo presidente en ese país, Gui­llermo Lasso, habló con Juan González, el más importante funcionario del presidente norteamericano Joe Biden para Latinoamérica, sobre el tema. ¿…? Repasemos la emer­gencia sanitaria. La estadís­tica oficial de la pandemia, da cuenta que aquí se han infec­tado 3,732 millones de perso­nas; de las cuales 3,288 millo­nes, se recuperaron.

    Hasta pocas horas atrás, este país con una población de aproximadamente 45 millo­nes de habitantes, recibió 15,484 millones de vacunas de las cuales, 15,272 millo­nes se distribuyeron entre los 24 Estados provinciales. El reporte gubernamental agrega que 12,063 millones, fueron aplicadas. El detalle de las inoculaciones precisa que 9,318 millones de personas recibieron una dosis [20,5% de la población] y que 2,744 millones [6,1%], completaron las dos aplicaciones. Porta­voces sanitarios que exigen reserva de sus identidades, aseguraron a éste correspon­sal que “el objetivo es vacu­nar al 70%” de quienes habi­tan el país. En ese contexto, falta vacunar 42,255 millo­nes de personas de las cuales 39,511 millones aún no reci­bieron ninguna dosis. Los fallecimientos por SARS-CoV-2, hasta la mañana de ayer, suman 77.108 personas. En lo que concierne al confi­namiento, desde este lunes algunas poco significativas restricciones concluyeron. Sin embargo, los próximos días 5 y 6 de junio –el fin de semana que viene- se aplicarán, una vez más, impedimentos de Fase 1. Cierre total.

    Preocupante, por cierto. Cuando se observan los datos de la deuda externa, la infor­mación oficial, da cuenta –casi con exclusividad- de las rele­vantes gestiones que el presi­dente Alberto Fernández y su ministro de Hacienda, Martín Guzmán, realizan en todos los frentes para ajustar los pagos de las obligaciones crediticias de este país a sus posibilida­des reales. Antes de que fina­lizara 2019, la vicepresidenta Cristina Fernández, pública­mente, explico a quien qui­siera oírla que la Argentina “no puede pagar”. Pese al esfuerzo de la segunda al mando, el almanaque es implacable. Antes de que finalice este lunes, la Argentina tiene que pagar al Club de París, 2.400 millones de dólares. Esa obligación, fue pactada por el actual gober­nador de la provincia de Bue­nos Aires, Axel Kicillof el 29 de mayo de 2015, cuando era ministro de Economía. Al pare­cer, de las conversaciones soste­nidas días atrás en Europa por el Alberto F con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y horas atrás –por ZOOM- con la canciller de Alemania, Angela Merkel, es muy probable que aquel organismo multilateral informal, acepte –como está previsto en las prácticas del Club- diferir el vencimiento 60 días más para evitar decla­rar a este país en default y que, por cuerda separada, las auto­ridades locales intenten, en ese tiempo, alcanzar un acuerdo, en el mejor de los casos o, por lo menos, una carta de intención, con el Fondo Monetario Inter­nacional (FMI), para refinan­ciar poco más de 44.000 millo­nes de dólares que la Argentina recibió en 2018.

    En cualquiera de las dos opcio­nes, el Club de París procura que este deudor acepte, como lo prescribe el Artículo 4 del estatuto del FMI, que una vez al año la marcha de su econo­mía sea auditada. Fueron con­versaciones relevantes, en el más alto nivel. El panorama no es sencillo. De la deuda que se mantiene con el Club, casi un 35%, se le debe a Alema­nia; 10%, a Italia; y, un 25% a Japón. Para “cooperar” con Argentina tiene que haber acuerdo unánime entre todos los acreedores. No será fácil. El discurso y las explicaciones de Alberto F. ante los líderes europeos pueden ser atendi­bles para algunos de ellos pero en modo alguno lo son para la señora Merkel quien, en sus más de tres quinquenios en el cargo, escuchó palabras parecidas en boca de los ex mandatarios Néstor Kirch­ner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri (2015-2019). En el orden interno, no hay acuerdo en el seno de la coa­lición de gobierno para que ello suceda. En el plano de lo concreto, con datos duros en la mano, hasta que finalice el presente año, Argentina tiene comprometidos pagos por un monto cercano a los 7 mil millones de dólares.

    En este punto es imrescindible precisar que, si bien las reser­vas que atesora el Banco Cen­tral de la República Argentina (BCRA), se ubican en torno de los 41 mil millones de dóla­res –cuando asumió Alberto F. [10/12/2019] estaban en 43.785 millones- coinciden­tes analistas sostienen, sin que oficialmente se los des­mienta, que “de libre dispo­nibilidad, la autoridad mone­taria solo dispone de poco más de 7 mil millones”. Reciente­mente, Alejandro Catter­berg, director de la consul­tora Poliarquía, una de las más prestigiosas aquí, reveló que “todos los indicadores que medimos –pesimismo, miedo, incertidumbre en las familias argentinas- están en su peor momento”. Confirmó también que “desempleo e inflación, son las mayores preocupacio­nes argentinas”. Pero señaló que “cuando las personas son vacunadas o sus familiares en situación de vulnerabilidad son inoculadas, pierden un poco el pesimismo”. La socie­dad rechaza, además, la posi­bilidad de que la Argentina sea sede única de la Copa América que tiene fecha de iniciación en dos semanas.

    Catterberg, en ese sentido, luego de reiterar que “hay miedo a la inseguridad, a la pandemia y a los riesgos en la salud”, con­firmó que “hay una abruma­dora mayoría en contra” de que ese evento deportivo se realice aquí. Mientras, el fútbol local, el campeonato de la Liga Pro­fesional, está suspendido por el Covid. Todo indica que autori­zar la Copa América podría ser un gol en contra para el gobierno cuando faltan cuatro meses para las elecciones primarias abiertas simultaneas y obligato­rias (PASO) en las que se defini­rán los candidatos y candidatas que, en noviembre próximo, se someterán a la voluntad popu­lar para renovar el 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la de Senadores.

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  4. Argentina nuevamente confinada por la pandemia. Interrogantes y hartazgo sociales
    Ricardo Rivas

    Catorce meses atrás, en este país, el presidente Alberto Fernández, ante el avance de la pandemia SARS-COV-2, ordenó enfrentarla con confinamiento, jabón, alcohol y el agregado de los tapabocas o barbijos. Las calles de todo el país, se veían desiertas. El transporte público, casi sin pasajeras ni pasajeros. La Aldea Global, ante la inexistencia de vacunas para inmunizar a la población planetaria, iba por el mismo camino. Una sigla, se hizo popular. ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). “Entre la economía y la vida, elijo la vida”, explicó el mandatario cuando por la emergencia sanitaria detuvo la mayor parte de la economía.

    Luego –cuando los datos duros del coronavirus parecían, desde la información oficial, decrecer y sugerir que no era imposible enfrentar al virus– fue el momento de otra sigla. DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). Desde fines de octubre pasado, hay vacuna. Pese a ello, confinamiento, jabón, alcohol y barbijos, eran [y lo siguen siendo] herramientas de enorme efectividad preventiva. Casi cinco trimestres después del primero de los decretos de necesidad y urgencia [DNU], de Alberto F., la situación estadística indica: contagios, 3.514.683; recuperaciones, 3.083.298; inoculaciones con una dosis, 8.701.971 (19,2% de la población); con dos dosis, 2.365.579 (5,2%); fallecimientos, 73.688.

    Los 65 millones de vacunas que, meses atrás anunciara con enfática seguridad el ex ministro de Salud, Ginés González García, de las que se dispondría aquí para inocular al 70% de la población, hasta este lunes, no llegaron. En cuanto a la economía, el panorama no es más alentador. La pobreza, cerca del 45%. La indigencia, en torno de 5,5%. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), detallan, además, que en todo el país, en el segmento etario menor de 14 años, el 62.9%, es pobre. Ese indicador, en la Gran Buenos Aires (GBA), se eleva hasta 72.7%. Tal vez, sin las medidas de necesidad y urgencia de Alberto F., la situación podría ser peor. No es sensato analizar lo contrafáctico.

    En el hasta aquí y hasta ahora, lo dispuesto para priorizar la salud por sobre lo económico, no se percibe socialmente como un éxito. La gravedad que los números exhiben, hay que consignarlo, es previa a la vuelta al pasado que ha ordenado –nuevamente por decreto– el Gobierno nacional, que obliga a un nuevo confinamiento en todo el territorio nacional. “Son 9 días, de los cuales solo tres son laborables”, aclaró el presidente Fernández cuando realizó los anuncios. En verdad, serán 11 jornadas de inactividad, porque en los próximos días 5 y 6 de junio, también confinarán a todas y todos. Habrá que aguardar los datos venideros. Mientras, la sociedad, en las charlas vecinales en los supermercados que, como las farmacias, permanecen abiertos, asegura estar “harta” o “agotada”, por este nuevo encierro “que, [dicen, tal vez sin fundamentos] no sirve para nada”.

    El clima social se espesa. Se siente enojo. Mucho más cuando la educación, en todos sus niveles se ha suspendido nuevamente. Muchos papás y mamás no podrán trabajar ni siquiera a distancia “para atender a los chicos”. En algunos distritos, incluso, no habrá clases remotas que, afirman algunas y algunos especialistas, no arroja buenos resultados entre los estudiantes. Especialmente primarios y secundarios. Segmentos sociales numerosos –especialmente en conurbano bonaerense– carecen de acceso a internet y a ello se le agrega, como problema, el analfabetismo digital que impide el uso correcto de las herramientas informáticas. Asimismo, la falta de recursos psicopedagógicos entre padres y madres –que, no tienen por qué tenerlos– coadyuva para que el aprendizaje de niñas y niños no alcance los niveles esperados.

    “Entre los efectos secundarios de la pandemia, la falta de educación y de preparación, se verificará dentro de algunos años”, sostienen especialistas en pedagogía y docentes que piden no revelar sus identidades porque “no” quieren tener problemas en sus empleos. Son trabajadores y trabajadoras estatales. Catorce meses de sucesivos encierros, fatigan. No pocas manifestaciones, en las recientes semanas, recorren las calles de las principales megalópolis. De todos los sectores sociales. Trabajadoras y trabajadores informales, desempleados y desempleadas, jubiladas y jubilados y hasta productores y productoras rurales, ejercen el derecho a la libertad de expresión y reclaman por la inflación [por encima del 46% en los últimos 12 meses], por los bajos salarios, por la inseguridad, por la prohibición de exportar carnes y por la falta de vacunas.

    El confinamiento ordenado, impedirá que todas y todos, puedan “peticionar a las autoridades”, como lo consigna la Constitución Nacional. Si incumplieran las disposiciones gubernamentales decretadas, podrían ser detenidos y/o detenidas, a la vez que acusadas y/o acusados penalmente ante la Justicia por la presunta propagación del coronavirus y hasta encarcelados y/o encarceladas. El derecho a la libertad de expresión de ninguna manera está conculcado. Que quede claro. Pero en una marcha o manifestación de cualquier tipo, estar amuchados, podría facilitar los contagios. No está comprobado. Las calles vacías, con silencio casi total entre las 18 y las 6 horas de cada día, no son suficientes como para que no se perciba una tensa calma que, sin ser pareja en todas las áreas urbanas o suburbanas, existe.

    Más aún, desde el jueves pasado, en la provincia de Buenos Aires, con obligada discreción para no recibir sanciones, la policía bonaerense también reclama vacunas. Los y las voceras policiales, podría decirse, clandestinamente, toman contacto con el periodismo para hacer público el reclamo y precisar que “solo el 9%” de la fuerza ha sido vacunada y que “70 compañeros y compañeras murieron, hasta el momento, de covid-19. La mitad, en los últimos dos meses”. Las y los que deben vigilar a la sociedad vigilada, reclaman por sus carencias porque, además de vacunas, “cada hombre o mujer policía, mayoritariamente, tienen que comprarse los barbijos, los guantes para protegerse”.

    ¿Será suficiente y/o efectiva esta nueva etapa para enfrentar, desde la carencia, al coronavirus?, pregunta este corresponsal a varios expertos. Algunas de ellas, trabajan para el gobierno. Sus respuestas, son contundentes. “Al confinamiento hay que agregarle testeos y vacunación”. El fútbol local, también ha sido suspendido. Los planteles profesionales de futbolistas tienen jugadores contagiados. El máximo exponente, en este sentido, es River con 22 enfermos. Sin embargo, según trasciende aquí, a pedido del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez –que suspendió la Copa América en Colombia y Chile, a pedido de los presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera, respectivamente– se jugará en la Argentina. ¿…? Tal vez, al señor Domínguez le falte información o, quizás, la tenga y no le parezca relevante.

    En la semana que pasó, en este país –además de los 22 futbolistas de River que, como sus compañeros de Nacional de Colombia y Nacional de Uruguay debieron jugar días atrás afectados por los disparos de gases lacrimógenos para reprimir demandas sociales colombianas– la estadística oficial añadió y comunicó unos 100 mil contagios y cerca de 2 mil muertes por covid. ¿No será la hora de repensar esa competencia desde una perspectiva humanitaria? Panorama complejo aquí cuando faltan cuatro meses para las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y los comicios parlamentarios con los que se renovará el 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la de Senadores.

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  5. Presidente de Argentina busca apoyos en Europa
    Por Ricardo Rivas

    Dura semana la que pasó para el presidente Alberto Fernández. Claramente percibe que su gestión y liderazgo flaquean. Según el más reciente trabajo de investigación social realizado por Management & Fit, la consultora que dirige Mariel Fornoni, el 53,1% de la población “aprueba” su gestión en abril último. Desde marzo precedente, ese indicador descendió casi dos puntos porcentuales. 42% de la sociedad tiene una imagen “negativa”, del jefe de Estado. 37,6%, “positiva”. Con un simple cálculo queda en claro que la valoración social del jefe de Estado es negativa: -4,4%. No es bueno para ningún líder. Tampoco le va bien a la vicepresidenta Cristina Fernández. El 57,9% de la sociedad tiene una mirada “negativa” sobre la segunda al mando. 26,1%, “positiva”. El balance: -31,7%. No les va bien en la opinión pública. Tampoco en la relación entre ellos. Un considerable segmento social lo percibe. Desmentirlo discursivamente, no parece ser la alternativa que el oficialismo elige para modificar esa percepción.

    “Una imagen puede más que mil palabras”, expresó una altísima fuente gubernamental a este corresponsal con el compromiso de preservar su identidad. De allí que, el jueves último, Alberto y Cristina compartieron un acto público en el que el presidente habló y la vicepresidenta permaneció en silencio. Cuando casi esa movida proselitista –de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo– finalizaba, Alberto F. –observado fijamente por Cristina F.– pidió “saquen esta foto, la de la unidad”, a “los camarógrafos y fotógrafos” que se encontraban frente al palco levantado para que ocuparan los máximos referentes del Frente de Todos. No había sonrisas. Los barbijos ayudaron a disimularlo. Pese a ello, la imagen, sin dudas, pudo más que mil palabras.

    Las tensiones intragubernamentales, que en los días más recientes trocaron en acciones concretas y desafíos entre los coaligados, no pudieron ocultarse. No son pocas las opiniones entre peronistas y gobernadores de la misma extracción, que dan cuenta que –de seguir así– la otrora exitosa coalición electoral que no consigue consolidarse como unidad en la diversidad para gestionar, podría ingresar en un callejón sin salida. Alberto F. se esfuerza para disimular la falta de coincidencias y su falta de liderazgo. Para hacerlo, eleva su tono de voz. ¿Para qué?

    La sociedad en su conjunto aprecia la unidad en la diversidad solo cuando esa conjunción aporta soluciones y, de ninguna manera, cuando genera o agiganta los problemas y es parte de ellos. Con sus gritos no convence a nadie. Un amplio segmento social piensa y sabe que quien lidera es Cristina. Fornoni exhibe datos duros y los explica. “El 48,1% de la sociedad cree que el poder lo tiene Cristina. El 32,7%, cree que lo tiene Alberto”. Luis Alberto Ferré Aguayo, lúcido político portorriqueño, sostiene que “la razón no grita, la razón convence”. No es una exhortación menor. El presidente Fernández parece debilitarse con cada amanecer.

    Aquellos diálogos con amplitud ideológica que protagonizaba activamente meses atrás, ya no existen. Pandemia, economía, liderazgo y comicios de medio tiempo lo arrinconan. “El 50% de las y los consultados –revela Mariel Fornoni– asegura que, si las elecciones fueran hoy, no los votaría”. ¿Es posible? Responde Fornoni: “El 60,9% de la sociedad considera que a futuro la economía estará peor y, al día de hoy, el 68,9% percibe que está peor que un año atrás”.

    ¿Cuáles son las preocupaciones sociales más relevantes, además de las económicas?, consulta este corresponsal a la especialista. “Para el 32,2%, la corrupción; el 20,6%, la inflación y las tarifas [de los servicios públicos]; el 13,6%, la pobreza; el 12,4%, la inseguridad; para el 9,4%, la desocupación”. ¿Cómo se evalúa la gestión de la emergencia sanitaria? “El 47,2%, la valora negativamente. El 45,7%, la considera positiva y, en ese contexto, el 75,5% de las y los consultados, manifiesta que quieren ser vacunados”. Argentina tiene una población estimada cercana a los 46 millones de personas. En ese marco, las cifras oficiales que fueron divulgadas más recientemente, dan cuenta que 7,68 millones (16,9%) fueron vacunadas con una dosis; 1,39 millones (3,1%), con dos dosis. La cifra total de infectados e infectadas es de 3,136 millones. Recuperados y recuperadas, 2,798 millones. Fallecidas y fallecidos, 67.042.

    El presidente, desde el primero de los días de esta semana, se encuentra en Portugal. Aquí, como lo prescribe la Constitución, Cristina Fernández, vicepresidenta, gobierna. Alberto arribó a Lisboa, destino inicial de una breve recorrida europea, junto con el canciller Felipe Solá y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Si bien no se informó demasiado sobre la que será su agenda, se dejó trascender que se reunirá con el primer ministro portugués, Antonio Costa. En otras escalas, dialogará con Emmanuel Macron, su homólogo en Francia; Pedro Sánchez, el jefe de Gobierno de España; con Mario Draghi, primer ministro italiano; y Sergio Mattarella, presidente de Italia; y, con el papa Francisco, en el Vaticano. El objetivo central es el de conseguir apoyos sólidos para refinanciar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un monto del orden a los 44.000 millones de dólares y, con el Club de París –integrado por Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos– al que se le adeudan unos U$S 2.240 millones.

    Tanto en el FMI (organismo formal multilateral) como en el Club (espacio informal multilateral) estuvo días atrás el ministro Guzmán. En ambos propuso diferir los pagos que Argentina debe formalizar en los próximos meses para no ser declarada en default, hasta el segundo semestre del 2022. En ninguna reunión consiguió más que diplomáticas palabras de respaldo moral. “Queremos ayudar”, dijeron. Con el papa Francisco, esas deudas, también serán parte de la conversación que Alberto y el jefe de Estado Vaticano sostendrán en los 20 minutos que se le asigna a cada visitante oficial. Tal vez, con el deseo de que los visitantes no lleguen a Roma con demasiadas expectativas, la diplomacia vaticana hizo trascender aquí que “trató de convencer al gobierno de que el presidente no pidiera la audiencia con el Papa”. Según el periodista Sergio Rubin, biógrafo de Francisco, la solicitud de audiencia “causó una ostensible incomodidad” en la Ciudad Eterna. Aquí, en Buenos Aires, se esperan hechos, no palabras.

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  6. Argentina en una encrucijada: Pandemia, liderazgo, economía y federalismo
    Ricardo Rivas

    Argentina, para la semana que se inicia, podría resumirse así: el avance de la pandemia y la falta de vacunas; las tensiones políticas con graves situaciones de falta de liderazgo que exhibe el presidente Alberto Fernández para conducir a la coalición de gobierno; la debacle de la economía con el debilitamiento –insistentemente negado por voceros gubernamentales– del ministro de Hacienda, Martín Guzmán; y, la plena vigencia del federalismo. Pero, vamos por partes. Argentina, como muchos otros países, tiene bajo stock de vacunas para amortiguar el avance de la llamada “segunda ola” del coronavirus, la pandemia que estruja a la Aldea Global.

    La República Popular China, por ejemplo, ya informó oficialmente que dejará de enviar sus compuestos temporalmente. La razón, según pudo establecer este corresponsal en diálogos telefónicos con Beijing es que, “para celebrar los 100 años del Partido Comunista Chino, el gobierno del presidente Xi Jinping quiere vacunar a la totalidad de su población y, en consecuencia, priorizará la demanda interna” de vacunas. Los números de la pandemia son contundentes. Personas contagiadas en el mundo, poco más de 152 millones; recuperadas, cerca de 100 millones; fallecidas, aproximadamente 3,5 millones. En la Argentina, infectadas, 2,9 millones; recuperadas, 2,7 millones; fallecidas, poco más de 64 mil.

    Vacunadas en el mundo: aproximadamente 600 millones con una dosis; cerca de 280 millones, con las dos inoculaciones. Población global: unos 7.500 millones. En este país, con una inoculación, poco más de 7 millones. Con dos aplicaciones, casi 1 millón de personas. Población estimada: 46 millones. Claramente, las inoculaciones son insuficientes en orden a la alta demanda de vacunas que exige la emergencia. Aquí y, en casi todas partes, con algunas excepciones –como son los casos puntuales de Israel o Arabia Saudita, por mencionar solo dos países, aunque no son muchos más– porque, claramente, la pandemia de SARS-COV-2, va por delante de la capacidad de respuesta del sistema de salud global.

    Sin embargo, cuando el trabajo para mitigar los efectos pandémicos y sus resultados se aplica como herramienta de marketing político, las consecuencias no son las mejores y, como un boomerang, vuelven negativamente a los gobiernos que así actúan. Especialmente cuando –como sucede en la Argentina– en los días más recientes, la cantidad de fallecidos por covid-19, pueden equipararse cuantitativamente a la cantidad de decesos anuales, en tiempos normales, de pacientes con patologías oncológicas y cardiológicas. Aun consciente de que lo cuantitativo siempre, para que cobre verdadero valor, debe ser acompañado de reportes cualitativos, no dejan de ser datos duros que orientan al momento de cuantificar la tragedia.

    Las comparaciones entre países no son demasiado recomendables. Sin embargo, aquí, se menciona con una insistencia incomprensible –por las características particulares que tiene cada nación– que las estadísticas locales pueden compararse con las de la India. Poco aportan esos datos que, pese a ser totalmente ciertos, son comparativos de dos sociedades notablemente diferentes. Comparaciones inútiles que poco aportan. De la misma forma que el estallido de expertos y expertas que –sin poner en duda sus capacidades– con miradas y parámetros de análisis diferentes, suelen agregar tensiones a la tragedia a la vez que aportan poco o nada al conocimiento general para un más eficiente manejo de la crisis.

    ¿Es razonable sumar dramaticidad a una sociedad angustiada que procura respuestas y algo de calma para no pensar en morir? Algunas prácticas comunicacionales que tienden a construir sensación de miedo o pánico sociales –tanto de emisores públicos como privados– tal vez, haya que revisarlas. En lo que concierne a liderazgo de Allberto F. –tal vez por falta o fallas en la comunicación gubernamental– emerge la imposibilidad del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para despedir al subsecretario de Energía, Federico Basualdo que dispuso, sin que este funcionario de tercera línea abandonara su cargo. Según coincidentes portavoces oficiales que –como suele suceder exigen reserva de sus identidades– Basualdo le hizo saber a Guzmán, a través del jefe de Gabinete de Hacienda, Darío Martínez, quien le informó de la decisión del ministro, que a él lo nombró la vicepresidenta Cristina Fernández y que “no” se irá del cargo si ella no se lo indica.

    La situación se hizo pública pero, hasta este primer día hábil de la semana, no se ha resuelto. Guzmán dejó trascender que el despido de Basualdo, “está hablado con el Presidente”. Incomprensible. La imagen presidencial se deteriora. Todas las encuestas lo indican con insistencia. El último punto de los que incluye este panorama –el federalismo y su vigencia– emerge a partir de la poca o, más exactamente mínima, voluntad social, primero y, de los gobernadores, en línea con aquella, para hacer cumplir los decretos de necesidad y urgencia (DNUs) que emite el jefe de Estado para conducir la emergencia sanitaria. De hecho, el jueves próximo, el gobierno nacional deberá presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lidera el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que rechaza lo que él entiende que es la intromisión “inconstitucional” en la autonomía de porteña al ordenar –a través de un decreto presidencial– la suspensión de las clases en los establecimientos educativos de ese distrito.

    Todo indica que la autonomía de la CABA podría ser respaldada con un fallo de la Corte. Ante ello, el presidente Fernández, formalmente, anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para que sus decisiones tengan respaldo legal y no puedan ser evitadas por los gobernadores. De lograr que se apruebe esa iniciativa y que luego no sea declarada inconstitucional, el gobierno nacional podrá avanzar sobre el federalismo. No sería bueno que ello ocurra, desde una perspectiva que tenga a la vista los derechos humanos dentro de un Estado Democrático de Derecho.

    Por si estas evidencias de posible debilitamiento del sistema institucional no fuera suficientes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desde las últimas semanas, en cada conferencia de prensa que ofrece para reseñar el estado de su distrito, señala la responsabilidad total de la CABA en la circulación imparable de la segunda ola de la pandemia. Complejo e incomprensible intento de construir la xenofobia interior. “Es necesario calmar los espíritus”, dijo a este corresponsal, preocupado, un veterano dirigente peronista quien recordó que “Perón, nos enseñó que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.

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  7. Gobierno argentino “por la pandemia” quiere atrasar las elecciones legislativas
    Ricardo Rivas

    El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, propone a las oposiciones “atrasar un mes las elecciones legislativas” de este año para que esos comicios se desarrollen el 12 de setiembre (primarias abiertas simultáneas y obligatorias –PASO– para definir candidaturas) y, el 14 de noviembre, los comicios con los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores que, en principio –ya que aún no se ha modificado nada– están previstas para el 8 de agosto venidero y, el 24 de octubre, respectivamente. Del diálogo con los opositores –de llegar a un acuerdo– emergerá un proyecto de ley que legalice y legitime la iniciativa gubernamental de hacer realidad el atraso electoral.

    El ministro De Pedro fundamentó la propuesta en el avance de “la segunda ola” de contagios por la pandemia de SARS-CoV-2 y precisó que, el atraso propuesto, permitirá “un mes más de vacunación” de la población. En cuanto a la inoculación oficial que el gobierno argentino desarrolla desde hace algunas semanas, las cifras oficiales, hasta hoy, dan cuenta que, hasta el sábado último, se aplicaron un total de 5.201.468 vacunas. El detalle de esa cifra explica que solo 722.520 personas están inmunizadas con dos dosis, en tanto que las restantes recibieron una. De todas formas y aunque los argumentos gubernamentales aparecen como razonables, no son escasos los antecedentes regionales de elecciones que se desarrollaron, desarrollan y desarrollarán en tiempos de coronavirus.

    De hecho, ayer –domingo– en Ecuador se concretó la segunda vuelta electoral; en Perú, hubo presidenciales y, en Bolivia, en cuatro departamentos (La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando), hubo balotaje sin que la pandemia fuera un obstáculo. Criterios sanitarios diferentes. Pero más allá de lo comentado, otro dato concreto, tal vez, haya sido evaluado por el gobierno de Alberto Fernández para proponer el aplazamiento electoral. Las encuestas de todo tipo que se desarrollan en forma permanente por encargo de los oficialismos –nacional y provinciales– y las múltiples oposiciones parecería que no arrojan resultados positivos para quienes, desde el poder, en las elecciones de medio tiempo habrán de poner en juego no solo la continuidad temporal del programa de gobierno sino también la gobernanza.

    Encuestadoras y encuestadores, sin embargo, prefieren no hablar sobre el tema. Pese a ello, el director de una de las más importantes consultoras argentinas que aceptó el diálogo con este corresponsal, con el compromiso de no revelar su identidad, admitió que “las encuestas sobre intención de voto, le dan mal al gobierno” del presidente Alberto F. Este experto en opinión pública tanto en el orden local como internacional, añadió que “la casuística da cuenta de que siempre el índice de confianza en los gobiernos o, de aprobación de la gestión, se correlaciona con la intención de voto” y añade que “hasta el viernes pasado esa sensación de confianza en el gobierno y de aprobación apenas, en algunos casos, supera el 30%. En consecuencia, la intención de voto al oficialismo en las elecciones parlamentarias próximas se ubica en torno de ese nivel”.

    En cuanto a cómo pueden evolucionar esos índices hasta los comicios, el consultado piensa que “puede haber cambios, que favorezcan o no al gobierno”, que “el desgaste que Alberto evidencia desde varias semanas, a partir de que se consolide el clima electoral podría ser mayor y, ante esas evidencias, que con ínfimas diferencias compartimos casi todos los encuestadores y encuestadoras, hoy solo se puede afirmar que las encuestas no le resultan favorables”. En ese contexto, la preocupación oficialista es comprensible. Unos pocos días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reportó oficialmente que la pobreza afecta al 42% de la población (19,2 millones de personas); que en la indigencia se encuentra el 10,5% (4,5 millones); que el producto bruto interno (PBI) cayó 9,9%; que el costo de la canasta básica total (CBT) se incrementó 39,1%, hasta alcanzar el monto de $54.207 (US$ 553); y, que la canasta básica alimentaria (CBA) se encareció 45%, $22.680 (US$ 231). A modo de ejemplo, la jubilación mínima en este país es de $20.571 (US$ 210). Más de 4 millones de personas son jubiladas.

    El salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores desde marzo 2021, es de $21.600 (US$ 210). Los funcionarios se mantienen en silencio. El tránsito electoral no es ni será sencillo. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en las próximas horas iniciará una “gira europea” –como la categorizó en diálogo con este corresponsal un alto funcionario gubernamental que prefirió mantenerse en el anonimato– para buscar apoyos formales para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para refinanciar una deuda de US$ 44.000 millones. El 7 de abril último, si bien la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no descartó que “podría haber acuerdo antes de las elecciones” y lo reiteró el pasado jueves, inversores y ejecutivos de finanzas consideran que el entendimiento podría llegar después de los comicios.

    La vicepresidenta Cristina Fernández, el pasado 24 de marzo públicamente dijo que “la deuda no se puede pagar porque no hay plata”. ¿Será fácil para los negociadores argentinos remontar el diálogo con el Fondo después de esa declaración? Habrá que esperar. La refinanciación que solicita la Argentina es primordial porque sin ella no hay posibilidades para acordar con el Club de París una deuda que fue refinanciada en el 2015.

    Tampoco será sencillo acordar con inversores en general y con la República Popular China, en particular, para que este país vuelva a ser destino de inversiones extranjeras directas (IED). Sin ese objetivo alcanzado, además, la tasa de riesgo (riesgo país) que debe pagar quien intenta tomar créditos productivos en el exterior –que hoy se ubica en 1.600 puntos porcentuales– tampoco descenderá. ¿Alcanzará, en este contexto, con retrasar las elecciones un mes para que la percepción pública gubernamental mejore?

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  8. Pandemia, economía y protestas: ¿Podrá evitarse la rebelión de los guasones?
    Por Ricardo Rivas

    El presidente Alberto Fernández se radicaliza. Sintoniza con su vicepresidenta, Cristina Fernández. La idea –construida con un relato– de que entre ambos existen diferencias irreconciliables, cayó. La percepción de que la segunda al mando es la dueña del poder, cobra fuerza y torna real. Cristina y Alberto van contra el Poder Judicial, los medios y las oposiciones que se expresan en las calles. Una buena parte de la sociedad eleva voces de protesta. Cada día que pasa desagradan más esas acciones que tienden a destruir el Estado democrático de derecho. La ciudadanía tiene claro que es el momento para ejercer en plenitud el derecho a la libertad de expresión que es un derecho de todos y todas. Carteles y pancartas, de todo tipo, proponen claras y unificadas consignas: “No a la corrupción”; “Basta, no roben más”. Justamente, la corrupción, según coincidentes encuestas encargadas por propios y extraños al gobierno, ocupa desde varias semanas, el primer lugar entre las muchas preocupaciones sociales.

    La gestión sanitaria de la pandemia de SARS-COV-2 añade presión e indignación desde cuando se supo, un puñado de días atrás, que los allegados y allegadas del poder fueron vacunadas antes que el resto de la población. Un novedoso, inimaginado e impensado acto corrupto. Despreciable. Mucho más cuando la estadística oficial da cuenta de casi 53 mil decesos –tragedias– y, 2,15 millones de contagios que angustian, que entristecen, que deterioran y que hacen crecer la idea de que con la democracia no se asegura que se coma, que se eduque o que se cure. El presidente Alberto F, se queja porque “por cualquier cosa se hace un banderazo”, como se llama aquí a las marchas callejeras de protesta. Entristece. Y mucho más cuando las dos posiciones máximas de poder local son ocupadas por un abogado y una abogada. Estudiosos del derecho que repudian las protestas y estigmatizan a medios y periodistas que, con miradas críticas, ejercen el derecho a la libertad de prensa, quizás la más genuina gestora de muchas otras libertades. Nada nuevo finalmente.

    Desde el cuarto trimestre del 2019, las calles de Latinoamérica se colman de protestas que, en casi todos los casos, son duramente reprimidas. Gases, garrotes, balas de goma y de las otras. Heridos, heridas, muertes por reclamar al poder que, siempre, es vicario, aunque estos poderosos y poderosas lo olviden o ignoren. Sin embargo, las protestas que transita la Argentina no son únicas. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y, en las últimas horas, Paraguay, son los espacios por donde transhuma la protesta social que solo tiene la ideología coincidente de los que se expresan: ¡Dejen de robar! ¡Queremos la vacuna! ¡Queremos comer! ¡Queremos trabajar! En las calles de Francia, del Líbano, de Hong Kong, de Irán, las multitudes también reclaman con energía. Protestan porque se sienten ignorados.

    Las y los gobernantes no pueden ni deben, en nombre de la dignidad, desde la perspectiva de los derechos humanos, permanecer en la inacción o –como conspiranoides patológicos– denunciar imprecisamente a quienes “financian el odio” o aquellas y aquellos que “quieren mantener sus privilegios”, en perjuicio de las y los que menos tienen. Nada de lo que sucede a ningún gobernante bien nacido debería sorprenderlo. Los organismos multilaterales advirtieron. El colega periodista Marcelo Cantelmi, director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo (UP), de Buenos Aires y editor jefe de Internacionales de Clarín, cuando comenzaba 2020, hizo público que “la Cepal (Conferencia Económica para la América Latina y el Caribe) destaca un aumento empinado de la pobreza sobre casi un tercio de la población de América Latina y el Caribe de 620 millones” y precisa que ese organismo “alerta sobre un crecimiento geométrico del segmento con menos capacidad para afrontar sus gastos básicos”.

    En ese contexto, advirtió que “es esa contradicción, la que le da sentido a la furia callejera”. Muchos y muchas de los que mandan –gobernar es otra cosa- lo leyeron, seguramente, pero poco y/o nada hicieron. No fue la única señal de alarma. El director regional para América Latina y el Caribe del PNUD (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas) y secretario general adjunto de la ONU, Luis Felipe López-Calva, el 6 de junio pasado le dijo a éste corresponsal –ocho meses atrás- que como consecuencia de la pandemia SARS-COV-2 “cerca de 30 millones de personas, en la región, volverán a caer en la pobreza después de un período de reducción durante 15 años”.

    Agregó que la mayor afectación se verificará “en niveles sociales muy, muy bajos” a los que el Banco Mundial llama “de pobreza extrema”. Pobres y nuevos pobres son los segmentos que dicen basta. Con aquellas proyecciones, muchos de los reclamos que por estos días los que mandan procuran acallar con gases, garrotazos, detenciones y balas, podrían haberse evitado. ¿Hipoacusia política? ¿Idiocia política? No está claro. Es posible pensar que millones de Arthur Fleck –el atormentado personaje que compone Joaquin Phoenix en “The Jocker” [El Guasón]– son los que transhuman frustrados las calles tensionadas de la Aldea Global. Quizás, la rebelión de los guasones haya comenzado. Gases, garrotazos, detenciones y balas, más de lo mismo, siempre, no pueden ni deben ser política de Estado.

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  9. Argentina. Pandemia, economía, vacunas y elecciones. Dramático dilema social
    Por Ricardo Rivas

    Hoy, el presidente Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, informará al Congreso cuál es el estado de la Nación. También planteará cuáles son sus metas de gestión en este año electoral de medio tiempo. Intentará convencer, a propios y a extraños que los que vienen serán tiempos favorables y que comenzaron a quedar atrás las calamidades heredadas de Mauricio Macri, su antecesor en la Casa Rosada. Sin embargo, 15 meses después de iniciar su mandato, no pocos dedos índices apuntan hacia la actual administración que, el 10 de diciembre del 2019 estaba atenazada por la economía en caída, las finanzas públicas deterioradas, la recesión, el desempleo, la inseguridad, la corrupción estructural, por mencionar solo algunos de los problemas que más preocupaban a la opinión pública. A ellos se agregó el SARS-COV-2 que al día de hoy reporta más de 2,1 millones de contagios, cerca de 52 mil muertes, el 1% de la población vacunada y la economía con una caída del 10%.

    La realidad –aunque no sin razón haya quienes sostengan que se trata de una construcción– suele ser el límite menos flexible para cualquier relato épico. “Entre vida y economía, elegí la vida”, enfatizó meses atrás el presidente Fernández, cuando decretó el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) con el que paralizó por meses la actividad económica y productiva. Así llegará al Congreso. Sentada a su lado, estará la vicepresidenta Cristina Fernández. No será fácil la primera mañana laboral de marzo para el jefe de Estado. El clima social no lo favorece.

    El caso del “Vacunatorio Vip”, está allí y, como lo sostienen dos de los principales consultores políticos locales, Ricardo Rouvier y Mariel Fornoni, “se mantendrá en la agenda pública por mucho tiempo”. Alberto F. conoció tiempos mejores. Cristina F., por su parte, no está mejor. La reciente condena judicial a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, por lavar activos por un monto de 60 millones de dólares, podría operar como un desencadenante que haga que muchos silencios tornen en voces que procuren hacer tronar el escarmiento.

    Aquel presunto pacto interno del oficialismo en el poder –que el embajador Juan Pablo Lohlé, peronista, lo llamó, meses atrás ante este corresponsal, “Unidad para la impunidad”– podría romperse. Leandro Báez –hijo de Lázaro– condenado junto con su padre a 5 años de cárcel, lo dijo con todas las letras: “Se está condenando sin saber el delito precedente y en ese delito precedente está ella”. Aludió a Cristina F, y añadió: “La Justicia (con la sentencia que afecta a su familia) mandó un mensaje muy claro por el conflicto que tienen con el Gobierno”. Con ese contexto el presidente Alberto Fernández hablará ante el Congreso. Poco y/o nada podrá expresar sobre el acuerdo no alcanzado aún con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar unos 44 mil millones de dólares que ese organismo multilateral le otorgó a la Argentina cuando gobernaba Macri.

    No tendrá mucho para exhibir cuando aborde la gestión de la pandemia y sus resultados. Mucho menos sobre el proyectado plan de vacunación con mínima provisión de vacunas. FMI y vacunas. Dos de los más relevantes ejes estratégicos sobre los que el Gobierno proyectó la gestión y la campaña electoral en marcha, arrojan resultados impresentables. De allí que, lo que debería ser un informe sobre lo actuado por el Gobierno y lo que vendrá en el corto plazo, será de alto riesgo cuando aún no se percibe clima electoral. Oficialismo y opositores están fragmentados. Divididos y enfrentados por disputas internas irresueltas desde mucho tiempo.

    Cristina –segunda al mando en el esquema formal de gobierno, aunque dueña del poder interno en el oficialismo en desmedro de Alberto F.– y, Mauricio Macri, coinciden en la percepción social negativa de ellos y sus liderazgos. Cerca del 60% de los consultados para casi todas las encuestas así se expresan. Sin embargo, en las últimas dos semanas esos guarismos arrojan un dato relevante. Entre el 23 y el 25 de febrero últimos, la consultora Trespuntozero, verifica que Alberto Fernández supera a Macri en valoración social “negativa”.

    Fernández acumula un diferencial (positiva menos negativa) de -28,9%; en tanto que Macri, exhibe -15,9%. En el mismo trabajo de investigación, la corrupción, con el 40,6% de las opiniones, resulta ser el problema que más preocupa a la sociedad, lo que también detectaron semanas atrás tanto Fornoni como Rouvier. Dramático dilema social. Argentinas y argentinos, en las parlamentarias que vienen, deberán elegir entre los candidatos y candidatas bendecidos por Cristina y Mauricio, los peor vistos por la sociedad y de quienes la justicia aún no ha declarado si son decentes o indecentes. La pobreza, no es solo un dato económico y social.

    https://www.lanacion.com.py/columnistas/2021/03/01/argentina-pandemia-economia-vacunas-y-elecciones-dramatico-dilema-social/

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  10. Pandemia y economía. Desafíos para el oficialismo argentino en año electoral
    Ricardo Rivas

    Segunda semana de febrero. No es noticia, por cierto. Pero cuando se significa el dato desde la perspectiva del presidente Alberto Fernández y la totalidad de los decisores y ejecutores gubernamentales de políticas poco precisas, observar un almanaque, cobra mayor relevancia. Veamos: en agosto venidero -seis meses- habrá elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), para definir quiénes serán las candidatas y candidatos que participarán de las parlamentarias para renovar, en octubre próximo, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores.

    En las condiciones actuales, ese desafío, aparece en el horizonte del oficialismo como duda o preocupación. ¿Por qué? Porque los votos se cuentan de a uno y es preciso asegurarlos. 14 meses después del inicio del gobierno, el índice de inflación (precios al consumidor), anualizado se proyecta hasta cerca del 40% y se encuentra entre los más altos de mundo. El abastecimiento cárnico a costos accesibles y populares, parece imposible. Una mirada sobre algunos de los países de la Patria Grande da cuenta de la gravedad de los guarismos locales: en 2020, Paraguay, finalizó con inflación anual del 2,2%; Brasil, 4,53%; Colombia, 1,61%; Chile, 3%; Bolivia, 0,67%; Perú, 1,97. Afecto a las comparaciones transnacionales si atender si son reales o no, el mandatario local, sin embargo, no mencionó ninguno de esos datos en sus alocuciones.

    La deuda pública externa aún no se ha reestructurado. Tal vez, trasciende, en mayo se pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional por un monto aproximado a los 45 mil millones de dólares, mientras que nada se sabe sobre las conversaciones con el Club de París, ni cómo finalizará la reestructuración de lo que debe la hidrocarburífera YPF. El valor del dólar norteamericano, tanto en el mercado oficial como en el ilegal, da cuenta de una notable caída del peso frente a esa divisa y una significativa en el poder de compra con moneda local, especialmente, en los sectores sociales en situación de vulnerabilidad. Las importaciones que la industria necesita para producir, están restringidas por falta de divisas.

    Al igual que las exportaciones, tienden a la merma, mientras que un conflicto con los productores rurales –en tiempos de alza en los precios de los productos primarios- parece inevitable, lo que agravaría el problema. Asimismo, la caída de la economía, luego de once meses de emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-COV-2, se ubica en torno del 11%, según quien la mensure y con qué parámetros de análisis. Es razonable señalar que, una buena parte del parate, por cierto, se vincula con las decretadas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y, distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), dispuestas por el presidente Alberto F, para enfrentar al covid. “Entre la economía y la vida, elijo la vida”, dijo públicamente el año pasado y nada indica que haya cambiado de parecer. Sin fondos públicos suficientes, el jefe de Estado habilitó al ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para que cese los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con los que se asiste, en particular, a las Pymes y a trabajadoras y trabajadores de menores ingresos suspendidos en sus actividades laborales. En ese contexto, las acciones para contener, controlar y, en el tiempo, superar brotes y eventuales rebrotes de coronavirus, tampoco inducen al optimismo.

    Los cotidianos reportes gubernamentales dan cuenta de casi 2 millones de contagios y cerca de 50 mil muertes, desde el 20 de marzo. La prognosis no es alentadora. Sobre un universo en torno de las 35 millones de personas a vacunar, se informa oficialmente, hasta el 5 de febrero último, que 307.326 recibieron la primera dosis y, 163.069, fueron inoculadas con la segunda. De allí las preocupaciones en el oficialismo. Al punto que –como lo adelantó este corresponsal en el tercer trimestre del 2020- coincidentes trascendidos confirman que el gobierno “analiza suspender”, tal vez solo “hasta noviembre”, las elecciones de medio tiempo por la emergencia del coronavirus. Notables oficialistas, disienten. Habrá que ver. Pandemia, vacunación demorada y economía maltrecha, en tiempos comiciales son datos de riesgo. Desde varios meses, la casi totalidad de las consultoras en opinión pública dan cuenta que entre el 49% y el 56% de consultadas y consultados –según los diseños muestrales y parámetros de análisis que se apliquen en esos estudios- aseguran que votarán en las parlamentarias a candidatas y candidatos de “la oposición”. Los estrategas electorales gubernamentales sostienen, pese a ello, que “no” los preocupa “porque están profundamente divididos. Nosotros, no”.

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  11. Comunicación gubernamental: “No se puede tirar cualquier verdura”
    Ricardo Rivas

    En el inicio de este enero Argentina reporta oficialmente –desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo del 2020– unos 47 mil fallecidos como consecuencia del SARS-CoV-2. Irreparable. 47 mil tragedias. 47 mil vidas extinguidas en soledad, en aislamiento. 47 mil familias destrozadas. Luto. Poco más de 24 mil de las muertas y muertos (cerca del 51,5% del total), sobre 776,6 mil contagiados, se verifican en la provincia de Buenos Aires.

    En la capital argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fallecidos y fallecidas suman casi 5,8 mil personas (12% del luctuoso registro nacional). En ese distrito se produjeron unas 202 mil infecciones, lo que representa poco más del 11% de quienes contrajeron coronavirus en este país. En todo el país, poco más del 0,1% del total poblacional, estimado en el censo 2010 en unos 42 millones de habitantes, falleció. Algo menos del 4,4% de los habitantes (1,87 millones) se contaminaron, en tanto que cerca del 90% de contagiados y contagiadas (1,65 millones) se recuperaron. La campaña de vacunación, hasta el momento, reporta poco más de 228 mil inoculaciones. Tal vez, a partir de una mirada aritmética de los datos de la pandemia en Argentina, a la hora de aportar contenido a la significación de los números estadísticos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostiene: “Estamos ante un éxito”, cuando refiere y evalúa las disposiciones gubernamentales para contener el avance del flagelo. ¿Rigor estadístico? ¿Costo-beneficio en un año con elecciones de medio tiempo? Comunicar es poner en común (para debatir con transparencia) lo que afecta al conjunto social. En ese contexto simple, sencillo y complejo, a la vez, el planificador (comunicacional) tendrá que definir qué sentido procura producir con la acción a emprender.

    En tiempos de pandemia, la complejidad para la producción de mensajes es mayor y, en consecuencia, requiere de definiciones estratégicas para construir sentido común. La Argentina y la Aldea Global, desde cuando finalizaba el 2019 enfrentan un dilema a la hora de informar: reportar la muerte, la vida o la esperanza, sin faltar a la verdad. En la semana que se fue, el presidente de YPF, la hidrocarburífera estatal, Guillermo Nielsen, renunció. Será embajador en Arabia Saudita. Sorprendió. Nielsen es experto en reprogramación de deudas. La petrolera, para ordenar la relación con los acreedores tiene que refinanciar unos US$ 7 mil millones. Altas fuentes gubernamentales que exigen reserva sobre sus identidades aseguran que el embajador Nielsen, desde aquel país en el Oriente Medio, “seguirá gestionando para sanear las finanzas de YPF”. Incomprensible. Lo reemplazará el diputado oficialista Pablo González, de la patagónica provincia de Santa Cruz. Desconocido en el sector al igual que en el ecosistema de las finanzas públicas.

    La remoción complica las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desarrolla el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para reprogramar deuda pública por unos US$ 44 mil millones. Inmediatamente, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, dialogó con el presidente Alberto Fernández. Nada se informó. Fue un diálogo “muy bueno”, aseguró Georgieva. Joe Biden, estrenó el Salón Oval, en la Casa Blanca. El presidente Alberto F., como es de práctica protocolar, lo saludó en Twitter. “Felicito a @JoeBiden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a @KamalaHarris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte”. Por su parte, la cancillería local en la misma red, también lo hizo: “Felicitamos al pueblo de EEUU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris.

    Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior”. Extraño. Sorprendente. Contradicciones al margen, el canciller Felipe Solá sigue en su puesto. Desconcertante. ¿Será una estrategia comunicacional gubernamental? En la semana que pasó, trascendió desde la Casa Rosada, a través de portavoces que se expresan off the record, que el presidente Fernández “se ofrecerá, en Washington, para mediar en el conflicto con Venezuela”. ¿Serán de utilidad aquellos dos mensajes contrapuestos para que esa voluntad –de ser real y no solo una fakenew paraoficial– se concrete? Recientemente, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del gobierno venezolano, criticó al mandatario argentino. “Alberto Fernández: tiene la piel delicadita, yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. Da tristeza que en escenario donde Venezuela y Argentina iban juntos, ahora la tibieza da por andar separado”. Agregó: “Al presidente de Argentina no le gusta que le digan tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura”. Concluyó: “No se moleste señor Fernández, si usted es tibio, asúmase, nosotros en Venezuela somos revolucionarios calientes, hervimos.

    No andamos con medias tintas ni con si guabineo (vueltero)”. Parece difícil que el sueño de mediar del presidente argentino abandone el espacio onírico. Dice el profesor Daniel Prieto Castillo, militante de la comunicación latinoamericana, “la comunicación no es una política en sí misma. Es preciso definir y tener una política para comunicarla”. Jesús Martín-Barbero, puntualiza –palabras más palabras menos– que “la comunicación no es una cuestión de ideologías sino de culturas”. Más allá de las voces prestigiosas de la academia –siempre susceptibles de ser confrontadas– la calle afirma que “no se puede tirar cualquier verdura”.

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  12. Argentina no puede demorar las decisiones económicas
    Ricardo Rivas

    La Argentina se recupera levemente en sus reservas. El Banco Central (BCRA), en las últimas semanas, interviene en el mercado para comprar los dólares que tanto le faltan. ¿Éxito? No. Se debe a una situación estacional.

    Diciembre, enero y buena parte de febrero son meses en que cae la demanda de billetes norteamericanos. En marzo venidero, además, podrán ingresar –tal vez– dólares que aporte al fisco el sector exportador, aunque esa situación tiene particularidades específicas porque la liquidación de exportaciones es una decisión de cada operador sectorial.

    Así y todo, analistas confiables proyectan que unos 4 mil millones de dólares podrían aliviar las necesidades del gasto público que el gobierno no está en condiciones de satisfacer sin emitir. Pero, aún en ese contexto, la economía parecería querer repuntar. Sin embargo, ese parecer es preciso tomarlo con cierta prudencia. Coincidentes estudios –locales y externos– dan cuenta de una caída generalizada de las economías de los países de la región y, en el caso de Argentina, según quien reporte y los parámetros de análisis aplicados en esas investigaciones, la caída en el 2020 oscila entre 10 y hasta 12%.

    Las mismas prospecciones, sostienen que en este 2021 recién inaugurado, podía crecer hasta un 5%. El consultor Daniel Artana, economista jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas), advierte que “se trata de un rebote” que “si bien es bueno, no debería ser celebrado como un éxito del inexistente programa económico gubernamental, que no existe, sino de un crecimiento, la recuperación, de un sistema que cayó muy abajo” al tiempo que reporta que “algunos sectores parecen moverse positivamente y, en especial, el agroexportador”. En este punto, vale destacar que los precios de los productos primarios crecen en los mercados internacionales y que, en particular, la soja cerró en alza las operaciones en Chicago, el viernes pasado, hasta ubicarse en torno de los US$ 520 por tonelada. Especialmente, como consecuencia de la sequía que afecta, las áreas sembradas en este país y Brasil. De allí que el número, si bien es bueno, no hay que perder de vista que merma la superficie sembrada y, por tanto, es menor la oferta de los productores.

    Pero, más allá de lo climático, en el plano interno, veamos, sintéticamente, una de las situaciones que afectan a los exportadores con el ejemplo de la soja. Cuando venden una tonelada, el pago en dólares percibido –en la Argentina, por disposiciones gubernamentales– lo podrán acreditar solo en pesos. El tipo de cambio que se aplica para dichas operaciones es el valor oficial de la moneda norteamericana, que se ubica en torno de los $ 90 por cada billete verde menos las retenciones. Para que quede claro, de $ 46.800 por tonelada, menos los derechos de exportación que alcanzan, en el caso del poroto de soja al 30%, recibirá $ 32.760. En tanto, en el mercado ilegal, el dólar blue se ubica en alrededor de los $ 160 por unidad. La brecha entre el dólar gubernamental y el ilegal es del 85%. Recientemente, una diputada del oficialista Frente de Todos, Alejandra Vallejos, a la que se señalan como “influyente” por su presunta estrecha vinculación política con la vicepresidenta Cristina Fernández, sostuvo: “Argentina padece la maldición de exportar alimentos” porque “eso tensiona los precios internos”. La legisladora, con su palabra, precisó una de las máximas y, hasta ahora, incontrolable de las preocupaciones gubernamentales: la evolución de los precios al consumidor. Indicador relevante, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, reportó que el 2020 acumuló 36% de crecimiento respecto del 2019. En diciembre último, el incremento fue del 4%. Múltiples y coincidentes proyecciones dan cuenta que, es muy probable, así se mantenga en el primero de los trimestres del 2021. Todo parece indicar que –sin plan, porque al presidente Alberto Fernández no le gusta– la cosa no va bien. Nadie discute que es hora de tomar decisiones. Tampoco que lo que se decida sea sencillo de sobrellevar, especialmente, para los sectores socialmente más desfavorecidos. Pero, en el proceso decisional también es necesario resolver una cuestión previa: ¿Quién tomará esas decisiones?

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  13. Argentina dilemática. Sin buen fin y sin mejor principio
    Ricardo Rivas

    Cuarto día de 2021. Comenzó un año electoral en la Argentina que no será fácil para el oficialismo. Entre agosto –cuando se realicen las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias)– hasta octubre, momento en que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores, se habrá de jugar el destino del proyecto político de la vicepresidenta Cristina Fernández y el de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, que procura cumplir con una estrategia que, allá por el 2003, diseñó su padre, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que imaginó el poder como una especie de bien de familia.

    ¿El presidente Alberto Fernández? Nada indica aún que, en el año recién iniciado este mandatario transicional pueda cambiar la ecuación política que lo hace poseedor formal de la lapicera y el sello para tomar decisiones e imponerlas porque el encumbrado sillón en el que se asienta carece de sustentos sólidos. La propietaria del poder es Cristina y él, sólo ejerce un vicariato con fecha de vencimiento inamovible en diciembre 2023. Son las reglas del juego que Alberto F. aceptó en el mismo momento en que Cristina F. –el 18 de mayo 2019– anunció oficialmente que lo ungió candidato presidencial.

    Ninguna sorpresa. De allí que, a poco más de un año de iniciar la gestión, la pandemia que atenaza a la Aldea Global (lo inesperado) y la grave situación económica que desde décadas afecta a este país sólo han generado, como dato concreto, el crecimiento exponencial de la pobreza que afecta a casi el 50% de la población. La casi totalidad de los indicadores que dan cuenta del estado de la Nación son preocupantes. Una porción relevante de la economía argentina se desarrolla en la informalidad. Menos del 40% de los trabajadores y trabajadoras argentinas ocupan posiciones de trabajo ajustadas a derecho. El resto, es en negro y es probable que se mantenga en esos términos porque, hasta el Estado es un relevante empleador informal.

    La economía demanda de un ajuste porque son bajos los recursos y muy altos los gastos que demandan las erogaciones públicas. El achicamiento ya comenzó. A las y los trabajadores pasivos (jubilados y pensionados), en el transcurso del año pasado, por decreto, se les redujeron sus ingresos en unos 100 mil millones de pesos. Unos 1.200 millones de dólares, según la cotización oficial. Mal humor social en un segmento con las de 4,5 millones de personas. En marzo próximo, unos 6 mil millones de dólares podrían ingresar en las arcas públicas si los exportadores decidieran liquidar sus ingresos. Sin embargo, nadie puede asegurar que así suceda porque la relación gubernamental con ese sector productivo no es la mejor.

    Sin embargo, las autoridades monitorean en forma constante la cotización en alza de la soja en el mercado de Chicago que al cierre de la semana orilló los 430 dólares. Lejos aún de los 600 dólares, como fuera en tiempos de Néstor Kirchner, es –sin embargo– un disparador concreto de la esperanza. Pero –siempre hay un pero– todo puede cambiar si la sequía que desespera a las y los productores se mantiene en el tiempo. ¿Llegarán las lluvias? 2021 no pinta bien. Preocupa. Mucho más con la pandemia que pareciera no aflojar. La virtualidad continuará para el mundo del trabajo (de las y los que lo tienen) y en el de la educación. Los contagios crecen. En los dos últimos días de 2020 y el primero del nuevo año más de 20 mil argentinas y argentinos se infectaron.

    Se anunció oficialmente. El presidente Fernández advirtió que algunos centros turísticos costeros en la provincia de Buenos Aires podrían cerrarse si la curva continúa en forma creciente. Las y los comerciantes de los principales rubros veraniegos están “en alerta”. Aunque con sordina y sin utilizar las redes sociales para evitar el ciberpatrullaje que meses atrás anunciara la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguran que están dispuestos a resistir. El presidente Fernández lo sabe. Tal vez por ello prometió que “las fuerzas de seguridad” podrán intervenir para disuadir.

    Las complicaciones crecen y se multiplican. Pandemia y economía convergen con la política para desarrollar una suerte de tormenta perfecta a la que habrá que enfrentar sin vacunas (por lo menos hasta fines de marzo) y sin dineros públicos hasta que se resuelvan las tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el Club de París y se reorganicen los pagos. ¿Pendiente y, según algunas expresiones inevitable? Una fuerte devaluación. ¿Podrá evitarse? Con todas las letras: la Argentina dilemática no tuvo un buen fin y mucho menos un mejor principio.

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  14. Contundente editorial del Washington Post sobre la situación de la Argentina

    La Argentina tiene el problema más serio del mundo. Ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor. Demás naciones pueden tener inconvenientes de distinta índole, pero ninguna padece el nivel dilema que tienen los argentinos: el país se angustia por lo que prefiere.

    No hay drama mayor para una nación. Vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. La Argentina no tiene un problema económico o social o político. Tiene un problema médico; un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de esa causa madre.

    Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres, constituye una dificultad de tal magnitud que, sinceramente, no sé si la cuestión tiene solución.

    Pues bien, ¿y cuál es esa maldita preferencia?, ¿qué es lo que los argentinos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Esa preferencia no es otra que la pobreza: los argentinos prefieren la pobreza. Por supuesto no van a admitirlo a viva voz. De hecho, viven enojados contra la pobreza. O al menos eso dicen.

    Porque lo que en realidad les ocurre en materia de “enojos” es algo bien distinto. Si uno analiza las corrientes que imperan consciente o inconscientemente en el espíritu argentino verá que lo que mayoritariamente sobresale, lo que culturalmente predomina, es una oposición a la riqueza.

    En efecto, el argentino está en guerra contra la riqueza. La corriente mayoritaria que emerge desde las entrañas más profundas de la cultura nacional consiste en una resistencia impenetrable contra la riqueza, contra la idea de ser rico.

    El Papa Francisco es quien mejor ha expresado la esencia de esa corriente con su frase “la riqueza es el estiércol del diablo”. Quizás no haya un resumen más perfecto de la morfología social que distingue a los argentinos que esas palabras de Bergoglio. La riqueza es un pecado.

    Sin embargo, en un retorcimiento que complica aún más el problema, es un determinado tipo de riqueza y un determinado tipo de rico el que el argentino desdeña y por el que siente un profundo asco. La riqueza que los argentinos repugnan es la que se produce como fruto del éxito lícito. Paralelamente entonces al tipo de “rico” que el argentino odia es al que obtuvo su riqueza por la vía del triunfo en la vida laboral legal.

    Contrariamente, no se observan condenas firmes contra los que, incluso obscenamente, pavonean la riqueza que hicieron como consecuencia de actividades ilícitas, provengan ellas de la corrupción pública (funcionarios ladrones, sindicalistas mafiosos) o de actividades delictivas “privadas” como los narcotraficantes o los delincuentes comunes.

    El prototipo del argentino que es resistido socialmente (“resistido” viene de “resentimiento”) es aquel que tuvo éxito material en la vida por la vía del trabajo lícito. Es ése el que defeca el “estiércol” del diablo”.

    Por lo tanto, a ese personaje hay que bajarlo de donde está y, por supuesto, no es un modelo a imitar o a emular sino un arquetipo al que envidiar, maldecir y destruir.

    Obviamente la persecución y eventual destrucción de los que generan riqueza hace que no se genere riqueza (es una perogrullada, pero en la Argentina parecería necesario aclararlo) y al no generarse riqueza, se obtiene pobreza.

    Parecería que, siguiendo un silogismo normal, los argentinos deberían estar felices porque finalmente consiguieron lo que buscaban: derrotar la riqueza, destruir al rico y materializar la pobreza (que, siguiendo, a su vez, el razonamiento del Papa debería ser el estado de gracia más cristalino del ser humano por ser el opuesto al “estiércol del diablo”). Pero no. Cuando llegan a lo que debería ser su éxtasis, estallan en queja y buscan a más ricos a quienes ir a robarles lo que les queda por la vía de entronizar gobiernos que expolian con impuestos confiscatorios la riqueza lícita generada por otros.

    Parecería que lo que los argentinos buscan, finalmente, es una pobreza tolerable igualmente distribuida. Es decir, una pobreza “hasta ahí”, igual para todos. (Excepto para aquellos “ricos” a los cuales los argentinos no resisten –es decir, no tienen “resentimiento” contra ellos- como los funcionarios corruptos -que dicen que vienen a sacarle a unos lo que ganaron “injustamente” a costa de otros- los sindicalistas mafiosos, los que “encontraron un curro o un yeite” -el típico “vivo” argentino que “le encontró la vuelta”- u otros personajes del submundo ilegal respecto de los cuales el argentino no muestra un nivel de ofensa ostensible)

    Como se ve, la profundidad de la enfermedad sociológica del país es de tal dimensión que las dudas sobre su verdadera solución son muy grandes. El nivel de deterioro mental masivo que sufre el país implica un retorcimiento tal de los valores constructivos de la vida pacífica y progresista que uno duda seriamente de que tal extravío tenga vuelta atrás.

    El enamoramiento del pobrismo ha llevado a la Argentina a ser una sociedad completamente conflictuada, encerrada en una encrucijada de la que le será muy difícil salir. Vivir en queja por las consecuencias que trae lo que se venera representa un problema de una complejidad tal que las soluciones no vendrán de la aplicación de tal o cual programa económico sino de un proceso de introspección que lleve a cada argentino a darse cuenta del nivel de contradicción en el que vive.

    Mientras ese complejo severo no sea removido del alma argentina, el país no tendrá solución. Nadie vivirá mejor, venerando vivir peor. Y si se considera que vivir monacalmente es mejor que vivir en la abundancia, los argentinos deberían renunciar a la abundancia y acostumbrarse a los límites materiales de la vida monacal.

    Ahora, recurrir al delito, a la corrupción, al robo o al narcotráfico para producir ilegalmente lo que se niegan a generar bajo el imperio de la ley no hará que el país sea rico. Lo que probablemente surja (o mejor dicho, se consolide) es una nueva nobleza compuesta por mafiosos, funcionarios corruptos, narcos amparados por el poder y revolucionarios de pacotilla que vivirán como reyes. Pero los argentinos honrados se hundirán en la pobreza. En esa misma pobreza que el Papa argentino tanto les enseñó a reverenciar.

    Fuente: http://www.WashingtonPost.com

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  15. The Queen, The Crown y la necesidad de dialogar
    Ricardo Rivas

    La totalidad de los indicadores argentinos, sociales, económicos, financieros dan cuenta de insostenibilidad. Desde muchas décadas, aunque las estrategias de análisis y discursivas se modifiquen con cada gobierno para exhibir mejoras respecto del anterior y notificar al pueblo que, aunque no lo perciba por la acción destituyente de los medios, le va mejor que antes, el cuadro no cambia para mejor. De allí que, a la hora de encarar la tarea de diagnosticar para luego planificar y gestionar políticas públicas en procura de cambiar la realidad, los dedos índices de todas y todos, con responsabilidades dirigenciales o no, apuntan a múltiples otredades. Tanto aquí como en muchas otras latitudes.

    En la película “La Reina” (2006), Isabel II (Helen Mirren), le pide al laborista primer ministro Tony Blair (Michael Sheen), de rodillas frente a ella, que por haber triunfado en las elecciones, en su nombre, “forme gobierno”. En la temporada 4 de “La Corona” (The Crown), la arrodillada frente a la reina (Olivia Colman) es la conservadora Margaret Thatcher (Gillian Anderson) que recibe el mismo pedido real. Dos vicariatos bien distintos. El de la voluntad de británicos e irlandeses del Norte que con el voto popular empoderan a quien ejercerá la jefatura del gobierno; y, el que –según creencias milenarias– Dios concede a quien gestiona el Estado. Pese a las disimilitudes, acuerdan en un país que se constituye y ordena como tal en el cumplimiento de una constitución no codificada –no escrita– construida sobre estatutos parlamentarios, decisiones judiciales que trocan en doctrina y jurisprudencia a la vez que en tratados de todo tipo. Usos y costumbres. Simbolismos y prácticas.

    El 18 de mayo del 2019, a las 9:02 de aquel sábado, unos 11.130 Km al sudoeste de Londres, quien fuera presidenta argentina entre el 2008 y el 2015, Cristina Fernández, dijo en un video que hizo público: “Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias)”. El peronismo llegó unificado a las presidenciales de octubre siguiente. “Los muchachos (y muchachas) peronistas, todos (y todas) unidos (y unidas) triunfaremos”, se hizo realidad. Julio María Sanguinetti, periodista, escritor y ex presidente de Uruguay, cuando se refiere a las y los presidentes, sostiene –palabra más palabra menos– que “el poder puede estar arriba de todo; puede estar, incluso, por fuera de las estructuras del Estado” pero, advierte, que “nunca puede estar abajo”.

    Claramente, no alude a lo organizacional sino al mensaje que esa construcción aporta a la ciudadanía para que discierna, sin dudas, quién es la mandataria o el mandatario al que la minoría más numerosa ha empoderado. Carlos Delgado, académico de la Universidad de La Habana, Cuba, especializado en pensamiento complejo que, junto con otros y otras académicas lideradas por Edgar Morin (99), dictaron en los últimos meses un curso que propuso la Unesco para reflexionar sobre el poder y la educación, advierte –como peligro– sobre la que categoriza como ceguera cognitiva. “Menospreciamos el riesgo permanente que el error y la ilusión representan”, enfatiza Delgado que exhorta sobre “la importancia de estar siempre alertas” y no exponerse a ellos “porque nos acompañan siempre”. El propio Morin va más allá con el alerta.

    “Cuando el pensamiento descubre el gigantesco problema de los errores e ilusiones que no han dejado (ni dejan) de imponerse como verdades en el curso de la historia humana, cuando descubre correlativamente que lleva en sí mismo el riesgo permanente del error y la ilusión, entonces debe procurar conocerse”. ¿De qué hablan, qué proponen? Lo más difícil, por cierto. Estudiar, antes de proponer y, más aún, antes de elegir, la eventual gestión del poder para encontrar tanto las posibilidades como las imposibilidades para alcanzar (los que prometen y los que les creen o descreen) objetivos concretos en procura de una mejor calidad de vida para todas y todos que aparece como demorada por décadas.

    Ningún gobierno es fundacional. Siempre se construye o destruye –lo bueno y/o lo malo– desde el suceso. No es recomendable ignorar la historia. Proponer “sangre, sudor y lágrimas” en modo alguno es afirmar que “estamos mal pero vamos bien”. Pensar que la democracia es patrimonio de algunos o algunas y no de todas y todos es tan vacuo como suponer que en la antidemocracia no se come, no se educa y no se cura. Sobran los ejemplos, sin mucho esfuerzo. Solo en un esquema ficcional u onírico las uniones transitorias electorales (UTE) –en este contexto– pueden ser categorizadas como coaliciones cuando ninguna de las partes constituyentes está dispuesta a conceder en nada. Pero, por sobre todo, es necesario asumir que, parafraseando el general Juan Domingo Perón, mejor que prometer el diálogo es dialogar.

    https://www.lanacion.com.py/columnistas/2020/11/23/the-queen-the-crown-y-la-necesidad-de-dialogar/

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  16. Bailar tango con el Fondo
    Ricardo Rivas

    Dentro de tres semanas –el domingo 6 de diciembre– se cumplirá un año desde que Alberto Fernández presentó su gabinete nacional. La fotografía de entonces solo podría recibir un epígrafe: “Racimo de sonrisas”. Tres meses más tarde, aquellas expresiones de alegría tornaron invisibles.

    El uso de barbijos o tapabocas, como quieran llamarlos, se hizo obligatorio ante la irrupción –para nada inesperada ni sorpresiva– de la pandemia de SARS-CoV-2 que ya causó la muerte de más de 35 mil personas. Aquellas caras de satisfacción de entonces ya no existen. Como en el tango de Francisco Canaro y Manuel Romero: “¿Te acordás hermano, qué tiempos aquellos?” Imposible no hacerlo. Por entonces, la responsabilidad del “desastre que nos dejaron”, como lo expresara reiteradamente el presidente Fernández, era del gobierno anterior.

    Para comenzar a resolverlo, Alberto F., con el objetivo claro y repetidamente expreso de “volver a poner al país de pie” y “poner plata en el bolsillo de la gente”, inició su gestión de gobierno. “¿Te acuerdas, hace justo un año?”, aún pregunta poéticamente Enrique Cadícamo. El último viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre último alcanzó 3,8%, respecto de setiembre precedente. En 12 meses, ese indicador creció 37,2%. Solo en lo que corre del 2020, 26,9%. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en declaraciones radiales, confirmó que la pobreza alcanza casi al 47% de la población, pero reveló que “hay indicios claros de que la economía ha comenzado a moverse positivamente”.

    Desastre económico heredado, pandemia y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el pasado 20 de marzo, que solo permite que desarrollen sus actividades trabajadoras y trabajadores esenciales, lo que implica un parate casi total en la economía argentina, es un cóctel demoledor. “La plata no alcanza”, es la expresión popular que más se escucha en todos los segmentos sociales. “Me sobran quince días al sueldo”, es la otra. “¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?”, cantaba como nadie Tita Merello, aquella simpática ranchera que Ivo Pelay y Francisco Canaro compusieron en 1933, cuando la Argentina y su economía se encontraban en estado crítico. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, explora y procura soluciones.

    El pasado 4 de agosto, se informó oficialmente un acuerdo con los tenedores privados de bonos del Tesoro argentino que permitirá a este país comenzar a honrar su deuda pública con esos inversores privados a partir del 2024. Bien ahí. Cuando Alberto F., si no es reelecto, ya no sea presidente. Ahora, la negociación es con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar no menos de US$ 44.000 MM. Una misión de ese organismo multilateral ya se encuentra aquí no solo para observar la marcha de economía, sino para dialogar con todos los sectores involucrados. Guzmán recibió a la y los enviados –Julie Kozack, directora adjunta del departamento Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, jefe de misión para la Argentina, y Trevor Alleyne, representante residente en este país,– en su despacho.

    Trascendió que la pretensión local es que el acuerdo stand by (SBA) que obtuvo del Fondo la administración anterior se convierta en un Fondo de Facilidades Extendidas (EFF) o en un Servicio Ampliado del FMI (SAF) con cuatro años y medios de gracia para comenzar a pagar. Si acuerdan, los pagos argentinos se iniciarían en el primer semestre del 2025. ¡Qué pague el que sigue! Pero, para que eventualmente el FMI accediera a esa propuesta la economía argentina –según coincidentes voceros gubernamentales que demandan reserva sobre sus identidades– “deberá aplicar políticas concretas que le den sustentabilidad”. ¿Ajuste? No. Sin embargo ya se informó que se reducirán las partidas financieras para la contención social de los sectores vulnerables; de fondos para que, especialmente las pymes (pequeñas y medianas empresas) paguen salarios; y, que se recalculará [a la baja] la fórmula para pagar jubilaciones, pensiones y otros beneficios. “La historia vuelve a repetirse”. Otra vez Cadícamo. Otra vez el tango. Pero, por lo que se sabe, el presidente es roquero y violero. Disfruta del Flaco Spinetta: “Para saber, como es la soledad”. En el 2021 habrá elecciones parlamentarias. Alberto F. y Cristina F. quieren triunfar. La gobernanza se los demanda. ¿Elecciones con ajuste? El panorama no es el mejor.

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  17. Argentina: Es hora de acordar
    Ricardo Rivas

    El peso argentino, contra el dólar, pierde. Hay que tener en el bolsillo no menos de 165 billetes nacionales y populares para comprar, en el mercado ilegal, una –solo una– de las monedas norteamericanas. Para llevar a la mesa 1 kilo de asado –en el país que otrora fuera productor cárnico relevante– exige al consumidor invertir, en promedio, unos $ 450 (US$ 2,75); un litro de leche, $ 60 (US$ 0,40); 12 huevos, $ 110 (US$ 0,67); 1 kilo de pan, $ 75 (US$ 0,45); 1 kg de arroz, $ 63 (US$ 0,39).

    Casi una misión imposible para una sociedad con unos 42 millones de habitantes de los cuales cerca del 50% está en la pobreza; un 13% no tiene trabajo y, los que sí lo tienen, en el circuito formal, perciben como salario mínimo vital y móvil, desde noviembre del 2019, $ 16.875 (US$ 102,30). En las últimas horas, en este país, se reportó formalmente que la pandemia de SARS-CoV-2 provocó la muerte de poco más de 31 mil personas e infectó a cerca de 1,2 millones. La suspensión del derecho constitucional de transitar libremente –como consecuencia de la peste– sigue vigente desde el 20 de marzo pasado.

    En consecuencia, trabajadoras y trabajadores informales no pueden hacerlo. Entre tanto, las dirigencias y mesas de conducción de los partidos políticos más tradicionales en la Argentina, al igual que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, las de profesionales, las sociales, están fragmentadas y se señalan unas a otras con acusaciones recíprocas de ser las responsables del naufragio. Una buena parte de la sociedad a casi todas y todos esas y esos líderes de la nada los ignora o les presta la atención imprescindible para saber cómo involuciona este país que alguna vez tuvo casi todo y pocas carencias.

    Desde hace muchos años la situación cambió radicalmente. Falta de todo. Trabajo, viviendas, educación, justicia, seguridad social integral y ciudadana, por solo mencionar algunas de las más visibles. La exclusión avanza por sobre la inclusión. Crece la idea y la acción de emigrar en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, desde el pasado jueves, líderes y lideresas solo han ocupado sus horas en el análisis de un texto escrito por la vicepresidenta Cristina Fernández. Un total de 17.916 caracteres (letras con espacios), a lo largo de 34 párrafos que ocupan 298 renglones, en los que la autora unió –en procura de producir sentido– 2.980 palabras, fue preocupación única de quienes ocupan sillones de poder por el voto popular. ¿Qué dijo y a quién se lo dijo, cuando la que lo dijo, dijo lo que dijo? Por si algo faltaba, el ex presidente Mauricio Macri le respondió a la señora Cristina con dureza, algo de incredulidad y condiciones.

    Cristina propone “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”. Mauricio respondió: “Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente (Alberto F.) y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento”. Luego condicionó el eventual diálogo sobre temas tales como “propiedad privada”. Según el reconocido consultor local Jorge Giacobbe, en una de sus más recientes encuestas, consultó: “¿Qué sentimiento le despierta el futuro de la Argentina?”. El 20,6% respondió “pánico”; 18,1%, “temor”; 28,2%, “incertidumbre”; 15,4%, “moderado optimismo”; y, 15,9%, “entusiasmo”. No es el único relevamiento que permite verificar este clima social. Giacobbe aporta luego que el 55,4% de la muestra consultada sostiene que tiene “nada de confianza en la dirigencia argentina para salir de la crisis”.

    Quizás por estas razones no son pocas ni pocos los que sienten que todo tiempo futuro será peor. La imagen negativa de la vicepresidenta Cristina F. alcanza 60,2%; la del presidente Alberto F., 52,9%; la de Mauricio Macri, 52,4%. Ella y ellos lo saben. Están cada día más débiles y lejanos. ¿Entenderán las unas y los otros que todo poder es vicario? ¿Que la sociedad se los concede solo por un lapso limitado? Damas y caballeros, señoras y señores, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, todas y todos, es tiempo de acordar. Quien quiera oír, que oiga.

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  18. Argentina. El peronismo exige soluciones. El dólar vuela. Alberto intenta. Cristina calla
    Ricardo Rivas

    La incertidumbre que atormenta a la sociedad argentina prevalece en el escenario público de este país en la semana que se inicia. ¿Cuánto tiempo más puede extenderse esta situación? El pasado viernes, al cierre del mercado cambiario, el dólar “paralelo”, “blue”, “ilegal”, o como quieran llamarlo, se negoció a $ 195 por unidad. Mientras, esa misma moneda, en su versión oficial, tiene un costo de $ 83,50.

    La brecha entre ambos valores se ubica en torno de 149,5%. El presidente Alberto Fernández, un día antes, cuando el verde billete se vendía a $ 190, según coincidentes versiones, cara a cara, le dijo al ministro de Economía, Martín Guzmán: “Arreglá esto”. ¿Podrá? Los interrogantes, sin embargo, son muchos más y alcanzan a una variada gama de conflictos. Veamos. La pandemia por coronavirus, con poco más de siete meses de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), da cuenta que más de 1 millón de personas se contagiaron y que cerca de 34 mil fallecieron.

    El presidente Fernández, que semanas atrás se vanagloriaba del “éxito” de sus políticas para enfrentar al SARS-CoV-2, ya casi nada dice sobre el tema. En 11 provincias, sobre 24 –Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Chaco y Mendoza– se desarrollan ocupaciones ilegales de tierras públicas y privadas, sin que la justicia ni el poder político sepan, puedan y quieran restablecer el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Descendientes de pueblos originarios –mayoritariamente mapuches por sobre ninguna otra etnia– o grupos pertenecientes a organizaciones sociales, en especial la CETEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), son protagonistas centrales de esas acciones.

    La coalición de gobierno cruje. Nada nuevo. El 16 de diciembre último, este corresponsal, una semana más tarde del inicio de la administración de Alberto F., señaló: “Estamos en presencia de una nueva configuración de la estructura del poder. La vicepresidenta, Cristina Fernández, de claro liderazgo, es en sí misma un polo ideológico con proyecto propio” y diferente del que tiene el jefe de Estado. Desde el primero de los 1.460 días que deben gestionar juntos, discrepan. Puntualizó además que “dos modelos de país se pueden diseñar con las palabras” de cada uno de ellos. Describió también entonces que argentinas y argentinos perciben que ambos ejecutan “dos músicas, dos letras” con “dos orquestas” y que, por lo tanto “no hay armonía ni suena bien”. Diez meses más tarde, aquella observación cobra fuerza.

    En el seno del peronismo, la tensión es extrema. Según portavoces oficialistas serios y confiables que solicitan, “por ahora”, reserva sobre sus identidades, una mayoría de gobernadores oficialistas, entre los que se señala como muy activo al de Tucumán, Juan Luis Manzur, demandan “soluciones ya”. En el mismo reclamo se unen los principales referentes partidarios bonaerenses y un nutrido grupo de intendentes del mismo distrito –el de mayor peso electoral en todo el país– que se sienten “ignorados por Alberto, Cristina y el gobernador Axel Kicillof”. Las versiones sobre cambios en el gabinete nacional circulan a toda hora. La Jefatura de Gabinete de Ministros, Economía y Relaciones Exteriores son las áreas que reciben mayores críticas.

    En las últimas horas, el ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) sostuvo que en el país “hay un estado preanárquico”. Describió que la Argentina “es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así”. Apuntó que “el gobierno se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse” y advirtió: “No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos”. Proyectó, además, que Sergio Massa “algún día va a ser presidente” y enfatizó críticamente que “si Cristina incide mucho (en la gestión) es culpa de Alberto, no de ella”. En ese contexto, Duhalde señaló: “El sistema (institucional argentino) es presidencialista. Si él (Alberto) le presta el oído (a Cristina), la culpa es de él”.

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  19. Argentina: Supercepo, más cuarentena y créditos para peluquería
    Ricardo Rivas

    En la Argentina se prolonga el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), pese a que el presidente Alberto Fernández sostiene que “no hay cuarentena”. La sociedad encerrada percibe que su economía va mal. Según Management & Fit, que dirige Mariel Fornoni, para el 61,8% de las personas consultadas por su economía personal, “en comparación con un año atrás”, está “peor” o “mucho peor”. De cara al futuro, el 53,9% estima que “estará peor” o “mucho peor”.

    El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que conduce Agustín Salvia, cuando finalizó el segundo trimestre de este año, reportó que la pobreza alcanza al 62,9% de los niños; al 44,7% de la población en general; precisa que 10,3% de la población argentina es indigente; y que, el 14%, tiene hambre. Fornoni apunta que para el 28,8%, el “principal problema” de todas y todos es la “corrupción”; para el 15,4%, “la inseguridad”; para el 14,8%, “la desocupación”; para el 14,2%, “la pobreza”; para el 13,8%, “la inflación y la suba de tarifas”. Además, da cuenta de que al 56,5%, “le preocupan las consecuencias económicas de la crisis actual”, como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus que se prolongará, por lo menos, hasta el venidero 11 de octubre. Management & Fit reporta también que el 85,5% de la población –en orden a sus prioridades personales– “desaprueba” la gestión del gobierno del presidente Fernández.

    El indicador de “desaprobación” alcanza a 43,4%, cuando se dejan de lado las cuestiones personales. En marzo, la aprobación era del 68,4%. El deterioro gubernamental, a 10 meses desde el inicio de la gestión de Alberto y Cristina F, es relevante. El sábado último, en las principales ciudades de todo el país, nutridas manifestaciones protagonizaron otro “banderazo” de protesta. Las consignas expresadas por los manifestantes desde el pasado 17 de agosto –cuando se realizó la primera de estas prácticas de libertad de expresión– van desde el rechazo al ASPO hasta la corrupción. Los peticionantes –que carecen de líderes– con ruidosas cacerolas, con barbijos, con distancia social y banderas argentinas, demandan al gobierno mitigar la crisis que los agobia.

    El presidente Fernández dispuso, en la semana que cerró, fuertes medidas económicas de contención –especialmente en el mercado de cambios– con el propósito de evitar que las reservas del Banco Central (BCRA) se extingan. Argentinas y argentinos para preservar el valor de su dinero ahorran en dólares. Al parecer, las reservas se encuentran entre los U$S 3.000 millones y los U$S 7.500 millones. No obstante, las nuevas disposiciones, que fueron refrendadas por Miguel Pesce, titular del BCRA, contradicen las acciones de Martín Guzmán, ministro de Hacienda, quien el domingo 13, públicamente dijo: “Cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no vinimos a aguantar la economía, sino a tranquilizarla”. No fue escuchado. “En la Argentina faltan dólares”, dijeron a este corresponsal tres fuentes gubernamentales que justifican con sus dichos la batería de disposiciones comentadas que popularmente se conocen como “súper cepo”.

    Los exportadores, principales agentes económicos y productivos para –a través de los derechos de exportación que tributan– inyectar divisas al fisco rechazan las medidas. Los productores agropecuarios, cuando ciertas commodities están en alza en los mercados internacionales, explican: “Por cada dólar que exportamos, luego de las deducciones impositivas, recibimos $58. El dólar oficial, mientras, cotiza en torno de los $80, por unidad; el dólar ahorro, $130; y, el ilegal, el blue, alrededor de $140. ¿Conviene exportar?”. Cuando finalizaba el 2019, el dólar en el mercado ilegal, se comercializaba, por unidad, a $70. La devaluación de la moneda y de la confianza pública en el gobierno corroen la confianza pública.

    Alberto F. lo sabe. Tal vez por esa razón –para aliviar un poco la tensión social– el jefe de Estado amplió el alcance del programa “Ahora 12” para incentivar el consumo interno. Incorporó las peluquerías. Un dirigente del Peronismo Republicano de la provincia de Buenos Aires, apesadumbrado, comentó: “No se entiende qué busca con ese anuncio. El sector productivo demanda créditos para invertir con tasas aceptables y, la respuesta es cortarse el pelo con ‘Ahora 12’”. A modo de ejemplo, comentó: “Si de los 42 millones de habitantes, 20 millones decidieran ir a la peluquería y pagar en promedio $1.000 por ese servicio y, pagaran con ese programa el Estado deberá financiar unos US$ 253 millones. ¿Quién imagina ese tipo de políticas descabelladas?”. El ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) dijo públicamente: “A Alberto lo veo grogui como a (Fernando) De la Rúa”.

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  20. ¿Tensiones políticas o están haciendo el amor?
    Ricardo Rivas

    El clima político y social de la Argentina tiende a tensionarse. Algunos analistas dicen “enrarecerse”. Inexacto. En un ecosistema social alterado desde décadas, las tensiones son parte de un paisaje necesariamente raro que, por definición, no puede enrarecer más.

    El conflicto de bifrontalidad en el Frente de Todos –del que esta columna observó desde agosto del 2019 luego del triunfo que esa coalición alcanzó en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) con las que arrasó al ex presidente Mauricio Macri– 12 meses más tarde de aquel resultado, se extiende como una pandemia política que afecta al conjunto social. Seguramente, una buena parte del deterioro en la valoración social de la gestión gubernamental que se verifica con cada encuesta que se hace pública tenga que ver con esas tensiones en el oficialismo, pero es muy probable también que una porcentaje de la incomodidad social se funde en los 165 días de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) –prorrogado hasta el 20 de septiembre venidero– que, además de afectar la economía y la producción, desestabiliza emocionalmente a todos los sectores no solo agotados al no poder desarrollar la vincularidad con fluidez sino porque los protocolos para contener el avance del SARS-COV-2 obligan a parir y morir en soledad.

    Es difícil soportar lo insoportable porque, además, resulta incomprensible aunque masivamente se asuma que, sin vacuna ni tratamiento, como desde diciembre pasado, las únicas barreras de seguridad sanitaria posibles se encuentran en el uso masivo del alcohol, del jabón y el insostenible distanciamiento social. En ese contexto, el ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) –uno de los cinco mandatarios que se sucedieron en una semana cuando en el 2001 el pueblo exigió “que se vayan todos”– predijo que “no habrá elecciones” parlamentarias en el 2021 y que “habrá un golpe de Estado”.

    No explicó mucho más y, cuando advirtió que había obtenido sin proponérselo la unidad nacional para repudiar sus dichos, recurrió a un argumento insólito para justificar su irresponsable incontinencia verbal a una conducta “psicótica momentánea” que lo llevó a dar “una repuesta vinculada con la pérdida momentánea de la mente que se desengancha de la realidad”. Tan grave como penoso. El estupor ganó a una buena parte de los actores públicos que, desde varios meses, dialogan con Duhalde para aportar a la gobernanza. De hecho, fue uno de los firmantes de una declaración que emitió el 14 de julio pasado el Club Político Argentino titulada “Unidos en la diversidad.

    Para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los argentinos”. El presidente Fernández sabe que tiene que recuperar el centro de la arena política de la que lo corrieron el descontento, los avances públicos sobre su autoridad de la vicepresidenta Cristina F. y dos manifestaciones masivas en todo el país para expresar el rechazo al proyecto de reforma judicial que cuenta con la aprobación del Senado de la Nación. Alberto anunciará formalmente en esta jornada el acuerdo que el ministro de Hacienda Martín Guzmán alcanzó con los tenedores de bonos del Tesoro argentino en situación de default desde setiembre del 2019.

    También comunicará el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objeto de refinanciar unos 50.000 millones de dólares. Es posible que se anuncien además programas con los que apuntará a la reactivación económica y productiva. De todas formas, hasta que no se regularice la situación con los acreedores institucionales y privados, todo anuncio en esa dirección se parecerá mucho a las buenas intenciones. Sin embargo es necesario destacar que el mayor escollo hoy en la Argentina es político al interior de la colación gobernante.

    No pocos peronistas que dialogan con frecuencia con este corresponsal suelen sostener que “la ansiedad de Cristina (Fernández, vicepresidenta) contrasta cada semana con más frecuencia con el tiempismo (sic) de Alberto (Fernández, presidente) sin darle tiempo a generar consensos”. En consecuencia, sugieren, “la coalición de gobierno trepida y parece a punto de resquebrajarse, de romperse, aunque no necesariamente eso sea lo que sucede”. Una buena parte de la sociedad también lo percibe. Antonio Cafiero –el abuelo de Santiago, el jefe de Gabinete de Ministros– tal vez el último de los grandes viejos sabios del peronismo que falleció en el 2014- con paciencia de docente, explicaba que “los peronistas, somos como los gatos. Cuando todos creen que nos estamos peleando, estamos haciendo el amor”. ¿Será así?

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  21. Alberto F., en Argentina, intentará reformar el Poder Judicial
    Ricardo Rivas

    El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que en el Argentina el presidente Alberto Fernández, extendió hasta el venidero 17 de agosto, impide a una buena parte de esta sociedad a reunirse en las mesas de los bares para discutir la política. Desventaja para la ciudadanía. Satisfactorio, para los actores públicos que solo reciben las devoluciones a sus acciones o inacciones, a través de las encuestas que pagan para conocer, básicamente, el clima social; o de las comunicaciones reticulares circulantes en múltiples plataformas; y, en los medios tradicionales que, tampoco publican suficientes informaciones de fondo, en procura de ganar cliques en sus portales digitales, con intrascendencias y banalidades.

    Pese a ello, la presentación que Alberto F. realizó de un proyecto de reforma judicial con la constitución de una “comisión de (juristas) notables”, integrada por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández en varias causas por presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando era Presidenta, entre el 2007 y el 2015, potencia las fuertes tensiones político-sociales que se verifican desde muchas semanas. El Presidente, sin embargo, no ejecuta nada nuevo.

    Desde 1983, los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989); Carlos Menem (1989-1999); y, Néstor Kirchner (2003-2007), operaron en el mismo sentido aunque con motivaciones, en algunos casos parecidas y en otra, sustancialmente diferente, como lo fue la de Alfonsín que impulsó el cambio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para desplazar a la anterior por connivencia con la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los otros cambios –aunque con argumentaciones muy parecidas a las actuales– en la consideración pública, se dieron dentro del marco de tan complejas como extendidas investigaciones de presuntos sucesos de corrupción.

    Una vez más, más de lo mismo. Con fundamentos expuestos sobre un total de 57 páginas, el jefe de Estado construyó públicamente la necesidad de reformar el Poder Judicial lo que es, también, una demanda social real y concreta. Sin embargo, la iniciativa impulsada, seda de patadas con las necesidades personales de no pocos líderes políticos que han tenido, tienen o podrían tener una vez más responsabilidades de gobierno y los sentires sociales. Una nueva y vieja situación que, en consecuencia, agrega tensión a la sociedad argentina.

    Muy pocas y pocos creen en la palabra de los líderes. De allí que expectantes, los y las integrantes de esta sociedad binaria, tapan sus oídos y abren sus ojos antes los posibles cambios anunciados. No importa lo que digan, solo quieren ver lo que hacen. Formalmente suspendido –aunque transitoriamente pero sin fecha explícita para su finalización– que se encuentra el derecho humano a transitar libremente, como la Argentina lo comunicara oficialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando promediaba el pasado mes de marzo, el amplio debate que supone la reforma impulsada por Alberto F. es prácticamente imposible mientras se mantengan las restricciones de derechos que devienen del sanitarismo.

    En ese contexto –si bien son conscientes de que en el imaginario social subyace la idea de que reformar así es inconducente– no son pocos en el oficialismo los que creen contar con alguna ventaja comunicacional y operativa para imponer la iniciativa. Se encuentran legalmente impedidos de movilizar en la calles para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión quienes quieran expresar sus disidencias más allá de las redes ciberpatrulladas.

    Cornelius Castoriadis (1922-1997), economista, sociólogo, filósofo, impulsor de la “autonomía política”, protagonista del Mayo Francés del ’68, estudioso del imaginario social, sostiene que la creación de una institución social nunca puede explicarse por cuestiones materiales. Enfatiza en que lo mismo pasa con los cambios que emergen a través del imaginario social cuando implican discontinuidades y se establecen nuevas determinaciones, como es el caso del Estado, una institución explícita de la sociedad. “La idea de ciudadanía no puede concebirse sin la idea del Estado, sentencia. Dilemático. ¿Qué dirá la sociedad civil cuando rompa el silencio?

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  22. Argentina. Miguel Ángel Pichetto pide fin del “pobrismo” y acusa al “gobierno de los infectólogos”
    Ricardo Rivas

    El prolongadísimo aislamiento social argentino que dispuso desde el pasado 20 de marzo el presidente Alberto Fernández, además de ser –junto con la también interminable negociación de la deuda pública en default desde setiembre del 2019– uno de los dos activos políticos del jefe de Estado, comienza a ser además eje del debate político opositor que, como el oficialismo, también sabe que, antes que finalice este año comenzarán a definirse los lineamientos generales, en cada sector, de las que serán las elecciones parlamentarias en el 2021.

    En las últimas horas, Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente con la coalición electoral Juntos por el Cambio que lideraba Mauricio Macri, que obtuvo el 41% de las voluntades electorales, sostuvo –como problema– que “el pobrismo” que avanza en la Argentina “es una construcción” definida “desde la usina ideológica del Vaticano” y que la actual crisis es resultado del “gobierno de los epidemiólogos”. Una vez más la actividad política en la Argentina suele operar como una multiprocesadora. Sin embargo, como si los años de la guerra fría y las bipolaridades no hubieran pasado, oficialistas y opositores comienzan a delinear y expresar, en algunos casos, el debate que viene, pero que ya está. Cuando las estadísticas sanitarias dan cuenta que SARS-COV-2 produjo en este país poco más de 3.000 muertes, con casi 160.000 infectados y poco más de 70.000 recuperados –a la luz de las encuestas que desde varias semanas dan cuenta del agotamiento social que produce el aislamiento, más allá del miedo al coronavirus– las oposiciones levantan, como bandera, la necesidad de poner cuidadoso fin a las medidas aislantes que Alberto F. aplica por decreto de necesidad y urgencia, en nombre de la recuperación económica que, en el coincidente análisis de algunos sectores, se iniciará en el mismo instante en que caigan las restricciones que mantienen una buena parte de la economía inactiva.

    Pero, más allá de esa expresiones opositoras que se escuchan cada día con más frecuencia, Pichetto se mueve en ZOOM con alto promedio de concurrentes a sus charlas en salas virtuales, para explicar la necesidad de “terminar con el pobrismo para recuperar la cultura del trabajo”. Pichetto, levanta su dedo acusador en ese sentido y responsabiliza al papa Francisco de favorecer “el pobrismo” y denuncia que “el Episcopado (argentino) jugó la campaña (en las últimas presidenciales) en favor del Frente de Todos” que, incluso, su fórmula (Alberto F – Cristina Fernández) recibió una bendición”. En ese contexto sostiene que “el pobrismo es una construcción cultural definida claramente desde la usina ideológica del Vaticano, una visión del Papa de que la Argentina tiene que ser más pobre pero más justa.

    Una visión descendente, en el sentido opuesto al de la clase media. Esa es la visión de Francisco”. Miguel Ángel Pichetto, con medio siglo de trayectoria en el peronismo, criticó también al “gobierno de los epidemiólogos” de “estos fanáticos de la salud que ha condenado a la Argentina, que era un país frágil, a una crisis profunda” en el que, según su análisis, “para fin de año la pobreza estará en torno de los 50 puntos” con “una pérdida cercana al millón de puestos de trabajo” porque “lo único que ha conseguido el comité de expertos es generar miedo para mantenernos a todos dentro de nuestras casas”, como consecuencia del aislamiento.

    Sus críticas alcanzaron también a Alberto Fernández al que considera “un presidente débil” y precisó que “el poder lo tiene la vicepresidenta (Cristina Fernández) y sobre esa base se construyó este gobierno: sobre los votos y el poder de Cristina”. En alguna medida, sobre la presunta debilidad de Alberto F., Pichetto podría coincidir parcialmente con Cristina F. Según revela ayer el colega Ricardo Kirschbaumen el diario Clarín, “en la intimidad (lo que piensa) la vicepresidenta (es que) no es ejecutivo, no tiene plan, no tiene norte”.

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  23. Agobio social, economía en baja y política en cuarentena en la Argentina incierta
    Por Ricardo Rivas

    El presidente Alberto Fernández, ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos en default desde setiembre del 2019 –lo que no pocos analistas de los mercados financieros aún ponen en duda– comenzó a esbozar cuál podría ser el programa económico después de la emergencia sanitaria. Fernández sostuvo que, para “poner en orden todo lo que se ha desordenado”, habrá que “encerrar las economías”, para “dejar de depender del resto del mundo” y “enfocarse en el consumo interno”. El mandatario asegura que trabaja en el día después de la pandemia.

    Sin embargo, algunas emergencias, como las protestas sociales con banderazos y cacerolazos –sin llamadas previas, inesperadas para las autoridades que con ciberpatrullaje procuran conocer el “humor social”, como lo informó semanas atrás la ministra de Seguridad, Sabina Frederic– crece. La espontaneidad de la ciudadanía –impensada para los que se encuentran urgidos de impunidad para no ser encarcelados o dejar las prisiones en las que se encuentran por presuntos hechos de corrupción estructural– se pone en evidencia para decir claramente “no” y exigir de la justicia, que debiera probar a cada instante ser independiente, transparencia en sus decisiones para que se haga evidente el principio republicano de igualdad ante la ley. No es una exigencia para dejar pasar. Tiene, además, enorme simbolismo, porque se produjo en el día de la independencia cuando valores tales como igualdad, libertad y fraternidad se corporizan en el espíritu ciudadano.

    Pandemia y humor social
    Covid-19, hasta pocas horas atrás, provocó 1.749 muertes y, 90.963 infectados, de los cuales 38.984 se recuperaron. El 38,6% de la sociedad “no aprueba” extender por más tiempo el aislamiento social que rige desde el 20 de marzo. Según el consultor Jorge Giacobbe, el presidente Fernández, “de aquellos 30 puntos adicionales de crecimiento que alcanzó a partir de gestionar la emergencia sanitaria, sólo conserva aún 5 y la tendencia es a la baja”. Coincide con colegas como Federico Aurelio (Aresco), Mariel Fornoni (Management & Fit) o Ricardo Rouvier (R. Rouvier y Asociados). Este último reporta que “la prolongación de la cuarentena hasta el 17 de julio continuó erosionando la imagen del presidente y del gobierno. Se mantiene la tendencia descendente”. También decrecen los indicadores de “optimismo económico” y “optimismo político” que mensura Fornoni. “En la primera semana de julio” el económico “llegó a los 28.3 puntos luego de una caída de 1.1”. El político “se mantuvo en 39.8 con una variación no significativa de 0.6 puntos. El subíndice de ‘expectativas económicas’ se ubica en 29.7 y el de ‘confianza sobre la economía actual’ es de 27.0, con una variación negativa ambos de -1.1 y -1.2, respectivamente. La política, en los subíndices ‘expectativa’ y ‘clima’ cayeron levemente, en los dos casos, hasta ubicarse en 35.1 punto, el primero, -0,7, respecto de la semana anterior; y, en 44.6 el segundo, -0.4”.

    Datos económicos desalentadores
    La economía cayó 26,4%. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reporta que, desde enero, hay 16.889 empresas de servicios menos; que se cayeron 4.810 productores de bienes; que 1.548 establecimientos industriales cerraron; que ya no existen 4.254 comercios; que en el sector de la construcción 2.131 empresas se derrumbaron. Sumados los datos mencionados explican la desaparición de 21.699 empresas. En enero había 542.206 firmas; febrero, 541.357; marzo, 539.053; abril, 526.434; y, mayo, el último período mensurado, 520.207. En ese mes, había 7.595.704 empleados formales. Aquellas caídas destruyeron 284.821 puestos de trabajo. Con indicadores preocupantes el mandatario intensifica el uso de la palabra. El presidente Fernández asegura saber “cuál es el horizonte” argentino cuando SARS-COV-2 –que “está en su momento más intenso”– llegue a su fin. Será entonces cuando pondrá “en orden todo lo que se ha desordenado”. Sostiene saber “por qué la pandemia fue capaz de desmoronar imperios económicos”. Ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) dijo que “llegó la hora de poner al capitalismo en su verdadera dimensión”, porque “se degradó” dado que “muchos de esos imperios olvidaron lo mejor del capitalismo y se aferraron a lo peor, que es la lógica financiera”. Afirmó que, “uno ve una vuelta atrás con el libre comercio que la globalización proponía” y exhortó a alcanzar “un mejor capitalismo”. Destacó que “todos los gobiernos se están encerrando en sus economías”, para “dejar de depender del resto del mundo y enfocarse en el consumo interno”. Sin embargo, aparece como sustancial, para la recuperación económica, resolver la deuda pública en situación de default. Grupo Ad Hoc y Grupo Exchange, en los que convergen algunos de los tenedores de títulos del Tesoro argentino no aceptan la última propuesta del ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Quieren “cambios” pero la destacan como “un paso en la dirección correcta” para una “reestructuración consensuada”. Por su parte, los grupos Monarch, Pimco, T. Rowe, Ashmore, Fidelity y BlackRock –con el mayor volumen de bonos defaulteados– rechazan la oferta. Afirman que “no” pueden respaldarla por insuficiente y puntualizan que “no” fueron consultados. “No aceptamos la última propuesta de la Argentina”, informan en un comunicado. Mientras, este país ni las empresas privadas que lo necesiten pueden fondearse en los mercados voluntarios. Con 9 defaults en la historia –3 de ellos en los últimos 20 años– Argentina no es confiable para el mundo de las finanzas ni para millones de sus habitantes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), argentinas y argentinos se resguardan en dólares a la hora de ahorrar: 222.807 millones los atesoran en bancos, aquí o en el exterior; en cajas de seguridad o, sencillamente, debajo del colchón.

    Política exterior. Las añoranzas de Alberto F.
    La gestión externa argentina no exhibe –al igual que en el campo de la economía– líneas de trabajo definidas más allá de las acciones y expresiones del canciller Felipe Solá o del propio jefe de Estado. Alberto F., no solo no habla con sus homólogos –como lo admitió semanas atrás– sino que ocasionalmente los destrata. En el transcurso de un diálogo en ZOOM con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de responsabilizar a Estados Unidos de la desaparición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de destruir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), aseguró que “extraña” los tiempos de Evo (Morales Ayma, en Bolivia); de Michelle (Bachelet, en Chile); de Lugo (Fernando, en Paraguay); de Correa (Rafael, en Ecuador); de Chávez (Hugo, en Venezuela); de Tabaré (Vázquez) y Mujica (“Pepe”, en Uruguay). Solo destaca al gobernante de México, Manuel López Obrador, de buena relación y confianza también para la Casa Blanca, aún en tiempos de Donald “El Pato Rengo” Trump. “El corazón tiene razones que la razón no entiende”, sostiene Blaise Pascal. Durante la cumbre virtual del Mercosur, en la que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, entregó la presidencia del bloque a Luis Lacalle Pou, jefe de Estado de Uruguay, antes de que la mandataria de Bolivia –Estado asociado– Jeanine Áñez hiciera uso de la palabra, Alberto Fernández dejó la reunión sin explicaciones. Voceros gubernamentales explicaron que “el presidente abandonó el plenario por considerar que el de Bolivia es un gobierno de facto”.

    La economía
    “El gobierno argentino genera tensión internacional. Es parte de la confusión que se verifica en la política doméstica que se proyecta hacia el mundo”, afirma el embajador Juan Pablo Lohlé.
    “El gobierno argentino genera tensión internacional. Es parte de la confusión que se verifica en la política doméstica que se proyecta hacia el mundo”, afirma el embajador Juan Pablo Lohlé.
    Sergio Fares –académico y consultor para inversores extranjeros– confirma que “el primer trimestre del 2020 la economía argentina mostró un desempeño negativo en sus principales variables”. Agrega que “la variación interanual del PBI fue -5,3%, y las proyecciones señalan que para fin de año ese indicador, per cápita, será similar al del 2010. El desempleo crece, la inflación, pese a que tiende a la baja, no cede y crece el déficit fiscal en ese período”. Añade que “el riesgo de default, a la vez que el avance de una economía más dirigista, con una coalición de gobierno heterogénea, impulsaron el deterioro de los indicadores que desde el 2018 caían”. En tiempo de pandemia, “como sucede con casi todos los gobiernos de los países afectados, la política fiscal expansiva es la característica principal”. El analista detalla que “en la Argentina, con fuertes desequilibrios, sin recursos propios, sin financiamiento interno y sin poder recurrir al externo, se recurre a la emisión monetaria para cubrir el incremento del déficit fiscal y la marcada caída de los ingresos”. Advierte que “en tiempos recesivos, con violento descenso en el nivel de actividad, los efectos inflacionarios de la emisión monetaria no representan un problema presente pero sí lo será a futuro”. Apunta que “con las restricciones impuestas y el temor social no solo aumentó la demanda de pesos, sino que se redujo la velocidad de la circulación monetaria, pero –advierte– esto en el corto plazo se revertirá y habrá dificultades”. Al fin de la emergencia sanitaria, Fares señala que “se llegará con retraso en las tarifas de los servicios públicos que, el algunos casos, no se ajustan desde hace 18 meses; con el precio de los combustibles congelados, con atrasos en los precios máximos de algunos productos de consumo, con un tipo de cambio oficial no competitivo, con un déficit fiscal primario altísimo, con desocupación en alza, con deterioro en el nivel de reservas, con la tasa de inversión sobre PBI en los menores niveles de la historia y, por sobre todo, con un altísimo nivel de desconfianza en el sector privado” cree que “el gobierno podría ir hacia una economía centralizada. El panorama podría agravarse si no hay acuerdo con los acreedores de la deuda pública y si no recuperan la confianza el sector privado y todos los agentes económicos”.

    La política exterior
    “El panorama podría agravarse si no recuperan la confianza de todos los agentes económicos”, sostiene Sergio Fares.
    “El panorama podría agravarse si no recuperan la confianza de todos los agentes económicos”, sostiene Sergio Fares.
    Juan Pablo Lohlé, peronista, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Reino de España durante las presidencias de Carlos Menem, y en Brasil en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, señala “como problema” que en la Argentina “hay una pirámide de poder con características muy particulares, porque el Presidente fue designado por la Vicepresidenta. Esto, crea algún grado de disfuncionalidad. Alberto depende de Cristina, en términos de poder real. A la inversa –explica–, el mandatario, poseedor del poder administrativo, lo ejerce a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta política dual, en algunos casos, puede ser complementaria, pero, en otros, definitivamente no. Mucho más cuando el Poder Judicial está ausente y el Poder Legislativo en “cuarentena”. El diplomático, cofundador del Grupo Calafate, un think tank peronista junto –entre otros– con Alberto F. sostiene que “esa situación interna se replica en la política internacional y tensiona las relaciones exteriores”. Ejemplifica: “Estamos junto a China en la rivalidad que tiene con los Estados Unidos mientras que necesitamos de la Casa Blanca para negociar la deuda pública, para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los bonistas. Sobre Venezuela, el Presidente entiende que hay una democracia y no una dictadura. Estamos con Cuba. A Europa le pedimos inversiones y cuestionamos sus políticas. Con Rusia abrimos una segunda puerta de competencia con Estados Unidos y con el Reino Unido, proponiéndole ser aliados en el Atlántico Sur y en la Antártida. Con Brasil, la mayor aspiración de la Cancillería es que vuelva el Partido de los Trabajadores (PT) al poder para continuar con el Mercosur”. Lohlé considera que “la tensión internacional generada por las acciones del gobierno argentino es parte de la confusión que se verifica en la política doméstica que se proyecta hacia el mundo”.

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  24. Pandemia en Argentina. Volver a fase 1, aunque “el mundo nos elogia”
    Ricardo Rivas

    La semana argentina se iniciará el miércoles cuando comience el mes de julio. Ese día, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volverá a la fase 1 en la desigual operación contra el covid-19.

    “Hasta ahora, (el aislamiento) es el único remedio que conozco”, sostiene el presidente Alberto Fernández. Es verdad. No hay tratamiento ni vacuna. El mandatario cada dos días se expone ante la sociedad a través de entrevistas radiales y televisivas. También algún diario. Se lo percibe cansado. Es comprensible.

    El primero de sus ocho semestres de mandato solo es SARS-CoV-2. El mandato popular –revertir la recesión que comenzó durante la administración anterior, contener la inflación, ordenar la deuda pública sin caer en default, atraer inversiones, generar puestos de trabajo, mejorar la situación de jubiladas y jubilados, facilitar el cierre de la grieta, entre las más urgentes–, para “poner a la Argentina de pie”, como él mismo lo expresó hasta el cansancio durante la campaña electoral, no ha comenzado a cumplirlo.

    Es más, los indicadores con los que se mensuran esas variables, le son adversos. Lo que dos semanas atrás revelara la analista Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, cuando afirmó que “Alberto está en caída” en las encuestas, por estas horas, coinciden en comunicarlo casi todos sus colegas. La pandemia no ayuda. Es cierto. El endurecimiento del aislamiento en el AMBA obligará al cierre de poco más de 300 mil comercios. Tampoco la sociedad quiere continuar encerrada. Hay claro agotamiento. Niños y niñas quieren que mamá y papá los lleven a pasear. Los adultos también lo desean.

    El neuropsiquiatra Pablo Bagnatti, médico especializado en neurología cognitiva y neuropsicología, en diálogo con este corresponsal, precisa que “el distanciamiento social, el confinamiento, las preocupaciones económicas y laborales, al igual que la incertidumbre personal, sobre nuestros seres queridos y acerca de las decisiones de quienes nos gobiernan, son factores que pueden generar momentos de ansiedad y angustia difíciles de manejar”.

    Las estadísticas muestran que solo el 20% de la población no tiene síntomas de “ansiedad”. El 32%, da cuenta de “pánico” en distintas graduaciones. El 19%, “depresión” en diversas escalas; y, el 24%, tiene síntomas de “pérdida del sentido de la vida”. El 48%, cuando concurre a la consulta médica, admite tener “demasiada y bastante incertidumbre”. En ese contexto, los consultantes también manifiestan padecer “trastornos del sueño, en la sexualidad y vinculares”. Bagnatti señala que “la pandemia nos saca de la llamada zona de confort”.

    La licenciada en Trabajo Social, María Cristina Álvarez, consultada acerca de los datos consignados, confirma que “son preocupantes” y puntualiza que “esas estadísticas dan cuenta de esas patologías en el segmento poblacional, que dispone de atención médica”, lo que sugiere que tales porcentajes pueden ser más altos en aquellos que solo pueden recurrir a la atención primaria de la salud, sin acceso a servicios especializados. El más reciente reporte oficial da cuenta de un total de 57.774 casos confirmados; 20.134 pacientes dados de alta; y, 1.217 fallecidos. De los casos declarados, 27.760 se verifican en la provincia de Buenos Aires, y 24.563, en la capital argentina. El informe incluye “13 casos existentes en las Islas Malvinas”.

    Al momento de la lectura de esta información, las cifras habrán cambiado. Para el ministro de Salud, Ginés González García, la estrategia para contener el covid-19 va por el camino correcto. El alto funcionario sostiene que, por esa gestión, “el mundo nos elogia”. Resalta que eso “habitualmente no sucede”, asegura que “somos uno de los países líderes en el mundo en cuanto a las políticas de lucha contra la pandemia” y, en términos comparativos, afirma que “Brasil, tuvo el primer caso un día antes que nosotros, no tomaron esas medidas y ahora están como están”.

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  25. Uno en burro, otro a caballo, pero atados. Alberto y Cristina pueden desbarrancarse

    Por Ricardo Rivas

    Con fondo musical de cacerolas e imágenes de banderas agitándose en las puertas mismas de la Residencia Presidencial de Olivos, unos 20 Km al norte de esta capital en territorio bonaerense, Alberto Fernández inicia esta semana que, seguramente, será más complicada que la anterior. Con más de mil muertos por la pandemia de SARS-COV-2 y la prolongación del confinamiento que de la mal llamada cuarentena devenida en noventena, sabe –en carne propia– que el sentir aprobatorio de la calle muta en desaprobación y se aleja de su figura. Que “Alberto Fernández está en caída”, el anuncio que el viernes pasado, en exclusiva, recibió este corresponsal de boca de la analista Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, se verificó en el terreno.

    Pero, aunque no es irreversible, no deja de preocupar a los transitorios habitantes del poder que vieron una vez más, con el “banderazo” del sábado en las últimas horas de la tarde, que un segmento importante de la ciudadanía rechaza el avance del Poder Ejecutivo sobre la propiedad privada. La expropiación del complejo agro industrial Vicentin y el rechazo del presidente Alberto F –quien reiteradamente destaca su condición de abogado y hombre de derecho– a las decisiones judiciales sobre esa empresa familiar que se encuentra en convocatoria de acreedores, son señales muy claras a las que el mandatario debería dedicar sus próximas horas para retomar el liderazgo que había construido y consolidó durante la pandemia. Propios y extraños lo perciben.

    De hecho, Ricardo Rouvier, un prestigioso académico y analista que con frecuencia es consultado por el kirchnerismo, cuando algunas banderas aún se agitaban y cientos de cacerolas todavía hacían ruido, lo expresó sin anestesia en las redes: “Sería un error no leerlo (el acto de protesta) como un hecho político significativo, siendo la primera pronunciación masiva opositora al gobierno”. Categorizó lo sucedido como “un claro pronunciamiento contra la injerencia del Estado en la economía, y en la defensa de la propiedad privada que es el corazón del sistema”.

    En ese contexto y aunque desde una perspectiva crítica, Rouvier –en tono militante y cercano al Frente de Todos– interpela a la coalición de gobierno. Sostiene que lo sucedido “habla de nuestra desventaja en la construcción de pensamiento, y nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la batalla cultural” en procura de superar “la subordinación, a principios y valores que no preservan lo comunitario, sino que reiteran la vieja opción liberal de Estado vs. el Individuo”.

    El cuadro de la situación no es el mejor. Las tensiones crecen. En el sector del peronismo alejado de la coalición de gobierno las reuniones, los encuentros de dirigentes no tienen pausa. Especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se buscan salidas para esta nueva crisis que muchos piensan que podría profundizar el derrumbe del partido que fundó Juan Domingo Perón. La dirigencia sindical, especialmente la de los gremios poderosos conocidos como “los gordos”, también está inquieta.

    Con reserva estricta de sus identidades los unos y los otros aseguran que quieren “ayudar al Presidente”, que desean que “el gobierno tenga éxito”, pero metafóricamente justifican la prudencia que exhiben porque entienden que “uno va en burro, otro a caballo, pero atados. Alberto y Cristina pueden desbarrancarse”. En la última semana, aseguran todos los consultados, “empezamos a hablar con las oposiciones y con los gobernadores para buscar alternativas. Así, no podemos seguir. Es el camino equivocado”.

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  26. “Alberto Fernández está en caída”, revela Mariel Fornoni, destacada analista argentina
    POR RICARDO RIVAS

    La valoración pública de la gestión del presidente argentino Alberto Fernández “está en caída” porque “se lo valora, específicamente, por la gestión de la pandemia y la de la deuda pública”, sostiene Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, una de las más relevantes consultoras de opinión pública en este país. Sugiere, en tono de prognosis, que como “tanto la pandemia como la negociación de la deuda tienen resultados inciertos la valoración podría ser más negativa”.

    La interna del Partido Justicialista (PJ) se complica. En lo que se conoce como “Peronismo Federal”, las reuniones en ZOOM “o presenciales para sortear el eventual ciberpatrullaje” anunciado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el debate es ardiente. Todos los consultados lo admiten, cuentan pero, para hacerlo, exigen preservar sus identidades. Consultas con dirigentes, provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, dan cuenta de las preocupaciones. “No hay nadie que piense en el futuro inmediato para salir de la pandemia ni sobre cómo seguirá la economía si fracasa la negociación por la deuda pública”, señalan.

    “Cristina tiene el poder y Alberto, que tenía el liderazgo, está a punto de perderlo”, reflexionan. “¿Qué hará Sergio Massa, se alineará con el país del pasado que es el que tiene en su cabeza Cristina?, preguntan. Con nutridos contactos incrustados en las estructuras de gobierno que aportan informaciones sensibles, se preocupan porque “los que están en el poder, incluso, piensan adelantar las elecciones parlamentarias del año que viene y eliminar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para neutralizar posibles caídas en la consideración pública”. Grave.

    Finalizó el semestre de gracia que se le otorga a cada nuevo Presidente en la Argentina. Alberto Fernández lo sabe. Terminó la fase de miel. Comenzó la de hiel. Sus principales preocupaciones y angustias no se resuelven. Preocupación social. El mandato que recibió de las urnas fue resolver “el desastre y la recesión que dejó Mauricio Macri”. Un semestre atrás no había SARS-COV-2 en la Argentina. Tampoco la noventena que, desde el pasado 20 de marzo –por decreto de necesidad y urgencia (DNU)– confina a todas y todos y comienza a evidenciar hartazgo. El contador de la tragedia indica que casi mil personas fallecieron.

    La desolación presidencial se completa con otras oscuridades. La aerolínea LATAM deja de operar aquí después de 15 años. Alberto F. cae en las encuestas. Fornoni reseña que “en el inicio de la gestión tenía 38,6% de valoración positiva”. Luego, “durante la cuarentena, creció hasta los 58 puntos. Valor muy alto y mayor al de Mauricio Macri cuando la Cumbre del G20, que fue su mejor momento”. Precisa que crecer 20 puntos “se explica porque quienes no lo había votado le reconocían un cierto liderazgo. Luego, se amesetó y baja hasta 52%, pero en caída”. La declinación explica, “en parte, tiene que ver con Cristina (Fernández, vicepresidenta) que si bien desde el inicio tuvo el poder, no estaba tan presente. Parecía que no tomaba ni influía en las decisiones frente al liderazgo que Alberto evidenció cuando rápidamente dispuso la cuarentena en conjunto con el opositor Horacio Rodríguez Larreta”.

    Con números en la mano (ver cuadros) sostiene que “lo que empieza a pasar ahora, con el caso (de la expropiación de) Vicentin, antes con las liberaciones de presos presuntamente políticos, cuando comienzan a caer las causas judiciales por presuntos hechos de corrupción, cuando se ve que el Poder Judicial no trabaja, que el Congreso lo hace a medias, el Presidente comienza a perder aprobación, aunque aún tiene números altos”. Respecto de la continuidad del confinamiento, cree que “no hay espacio para seguir renovándolo. De hecho la mayor parte de la gente ya no lo cumple” y porque “en este punto, al gobierno se lo percibe como un poco perdido”. ¿Afecta en el descenso el caso Vicentin? “Las respuestas (sociales) sobre la posible expropiación son bastante desfavorables. El 58% cree que se expropiarán otras empresas privadas que se encuentren como Vicentin”.

    En ese contexto perceptual, con una justicia casi paralizada, un Congreso que funciona a medias, con el ejecutivo que avanza sobre la propiedad privada, en un segmento social aparece una preocupación porque “es una cuestión ideológica que genera mucho miedo”. ¿Perdió valor la pandemia? “Comienza a perder valor”, responde Fornoni. “Una cosa es plantear que la recesión y el endeudamiento son por el desastre del gobierno de Macri con un mes y medio de cuarentena, pero el tiempo pasa. Si se mantiene el confinamiento, la cuestión económica también será vista como responsabilidad de Alberto”. Concluye: “Debilitada la oposición. Con tres líderes coaligados en el gobierno (Alberto, Cristina y Sergio Massa) de perfiles tan diferentes. Si se mantiene el descenso del Presidente en la consideración pública. Habrá fuertes tensiones al interior de la coalición de gobierno”. Preocupante.

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  27. ¿Dónde está el piloto en Argentina?
    Ricardo Rivas

    En el día 88 de la ochentena –“aislamiento social preventivo y obligatorio”– comienza una semana en la que, cuando aún no se acallaron los ecos de las tensiones de los siete días anteriores, un nuevo conflicto se añade a la negociación de la deuda pública, inconclusa; y, a la pandemia de SARS-COV-2: la idea social de que el Estado avanza sobre la propiedad privada con la intervención e intención declarada por el presidente Alberto Fernández de estatizar la empresa Vicentin. El clima económico y político para hacer pública la decisión gubernamental no fue el mejor. La consultora Management & Fit, que dirige Mariel Fornoni, en su informe semanal sobre la marcha del “optimismo político y económico”, reportó –casi simultáneamente con el anuncio sobre Vicentin– que la percepción social de lo político cayó nuevamente hasta ubicarse en 43,2 puntos en tanto que en lo económico, se clavó en 29,3.

    “El subíndice de expectativas económicas se ubicó en 32,5 y el de confianza sobre la economía en 26,1 con una variación de +1,3 y -0.6, respectivamente”, agregó la analista. Detalló después que “por el lado de la situación política, el subíndice de expectativas se ubicó en 37,8 puntos y el de clima en 48,5; ambos con caídas de 1,1 y 1.3, respectivamente”. El gobierno conocía esos números. El viernes, ya con el debate instalado en la calle, Fornoni midió la valoración social del anuncio. Sobre una muestra de 1.200 casos, con un margen de error calculado en +/-2,8%, el 21,4% respondió que “aprueba” la medida adoptada por el gobierno; el 32% no tiene opinión a favor ni en contra; en tanto que el 46,6% “desaprueba”.

    Ante los cuestionamientos y las críticas el presidente Fernández, sin que nadie se lo preguntara, explicó que la decisión de intervenir y expropiar Vicentin “fue solo mía. No de Cristina”. El anuncio aparece, por lo menos, como insuficiente. En el mismo trabajo de análisis de opinión pública, el 22,6% de la sociedad cree que efectivamente lo decidió Alberto F.; el 21,1% cree que lo hicieron ambos; pero, el 47,2% responde que fue la vicepresidente Cristina Fernández. “Es muy probable que, en esas percepciones negativas que casi todos las y los colegas consultores coincidimos, se vincule con los 12 años de la familia Kirchner en el poder y la confiscación de Ciccone (la empresa que imprimía el papel moneda argentino) o el enfrentamiento con el sector agropecuario”, interpretó un analista que, prefirió mantener su identidad en reserva, “por ahora”.

    La encuesta de Management & Fit, agrega que un 58% de los consultados cree que el gobierno “intentará confiscar más empresas”, mientras que el 19,8% no considera que será así. Pero, más allá de las compulsas, tanto en esta ciudad como en las principales capitales en todo el país, durante dos noches, las cacerolas rechazaron la medida. Sin embargo, por el lado de los actores públicos, por ahora, prefieren expresar sus rechazos y preocupaciones sin ser identificados. Pese a ello, este corresponsal pudo constatar que “hay profunda preocupación” entre los gobernadores aliados a la coalición gubernamental “porque no fuimos siquiera advertidos de lo que iba a suceder con Vicentin”. Grave. Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti –donde se localiza el complejo agroindustrial afectado- y de Córdoba, Juan Schiaretti, tampoco sabían nada, se oponen a ese tipo de políticas y cuentan con votos claves en el Parlamento cuando el proyecto confiscatorio tenga que debatirse en procura de aprobación.

    No menos de tres ministros del gabinete nacional, entre ellos el de Hacienda, Martín Guzmán, aseguran tres fuentes confiables, “tampoco tenían idea” sobre el tema. Meses atrás esta columna advirtió sobre las dificultades que presenta cualquier coalición de gobierno bifronte. El debate sobre las fortalezas y/o debilidades de la economía planificada por el Estado o la de libre decisión de los privados, ganó la calle. Las contradicciones se hicieron públicas. No son pocos los que aquí piensan que comenzó a gobernar Cristina F., ni los que sostienen que “el conflicto recién empieza”.

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  28. Ochentena en la Argentina umplugged
    Por Ricardo Rivas

    Ochentena en la Argentina. Y así continuará hasta el 28 de junio por decisión del presidente Alberto Fernández. La pandemia por SARS-COV-2 avanza en la región. La emergencia sanitaria, en consecuencia, permanece. La economía, entonces, se enmarca en dos flagelos: el coronavirus y las negociaciones por la deuda pública que se extiende más de lo previsto. Mientras, y quizás como consecuencia del aislamiento y el miedo al que induce el covid-19, la sociedad comienza a dar muestras de agotamiento y, sobre esos síntomas, quieren apoyarse las oposiciones para esmerilar al gobierno y para que la sociedad descubra que están allí, al alcance de su mano, aunque –inexplicablemente– no hacen nada.

    El Parlamento está casi totalmente paralizado desde el minuto cero del decretado “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Para Alberto F. –hasta hoy– van ochenta días de soledad. Tanto en el frente interno como en el externo. Patético. De hecho, el jefe de Estado admitió en la semana que se fue que “no” habla con sus homólogos regionales y reveló que, por lo menos hasta el momento en que fue consultado, había recibido una llamada del presidente de Uruguay, Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou y, “todavía no se la devolví”.

    Preocupante. Se desconoce, además, que haya sostenido diálogos recientes con Sebastián Piñera, de Chile; Jeanine Áñez, de Bolivia; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; o, Jair Messias Bolsonaro, de Brasil. Comparte con ellos un total de 9.377 kilómetros de fronteras comunes. Increíble y hasta quizás peligroso si se mira con atención que Brasil y Chile aparecen como los dos países de la región con mayor vulnerabilidad ante la pandemia. Estremece. Como la sociedad argentina en su conjunto, el gobierno de este país también está “aislado” y acechado por un virus que desconoce de fronteras, de límites, de territorios nacionales o de ideologías.

    Surgen los interrogantes. ¿No existen mecanismos de consultas en el más alto nivel para coordinar las acciones contra covid-19? ¿No se comparten experiencias de salud pública con los países vecinos? ¿Es suficiente con el cierre de fronteras y la suspensión de los traslados internacionales? ¿Se desarrollan tareas de investigación conjuntas en procura de controlar la circulación regional del SARS-COV-2? ¿Se ha dejado de lado la idea fuerza de la cooperación regional y latinoamericana? ¿No existe una salud pública mercosureña? Incomprensible.

    La pandemia también obliga a la reflexión política y, desde esa perspectiva, es necesario plantear interrogantes. ¿Quedó atrás, ya no es prioridad, el Mercosur, ese bloque regional que parecería cada día que pasa estar más fragmentado? ¿Con sus fracasos y sus éxitos, que los hay, se desatiende que fue el resultado de las miradas estratégicas coincidentes de los jefes de Estado de la región cuando comenzó a quedar atrás la era de la crueldad de lesa humanidad que comandaron dictadores genocidas en la última treintena de años del siglo pasado? ¿La idea de un bloque común con Estados partes y Estados asociados ya no va? Argentina umplugged.

    Cuando promediaba el 2015, de cara al proceso electoral presidencial que se iniciaba en este país por entonces, un conjunto de notables especialistas en política exterior de corte pluripartidario, constituidos como Grupo Consenso, reunidos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), emitió un documento en el que taxativamente señalaban: “Seremos afuera lo que seamos adentro”. La verificación de aquella verdad que un quinquenio atrás sonó como advertencia, parece haber llegado en tiempos de tragedia.

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  29. Enfrentar al covid-19 también exige la mejor comunicación
    Ricardo Rivas

    En las últimas 48 horas en el centro de Buenos Aires algunos grupos de ciudadanas y ciudadanos argentinos se manifestaron –hicieron uso del derecho constitucional de “peticionar a las autoridades” y de la libertad de expresión de la que disponen como uno de los derechos humanos esenciales– para pedir que se ponga fin a los impedimentos para circular y trabajar libremente.

    El encierro hace mella en todas y todos. No son pocas ni pocos los que categorizan la gestión gubernamental como una “infectocracia”. Incluso, ese neologismo –ingeniosa creación para interpelar a los líderes de la nada con más nada– es parte de una publicación rubricada por más de un centenar de intelectuales que, como muchas y muchos, reclaman poner fin al encierro. Un alto funcionario, luego de criticar a los que rompieron la cuarentena y a los que firmaron el documento mencionado por ejercer “cómodamente” el derecho a protestar fue más allá: “Queremos que se sepa que el coronavirus es democrático para infectarse, para expandirse, pero clasista cuando hay que contar los muertos” porque, argumentó, los fallecidos “en su gran mayoría son trabajadores de barrios populares” y, sugirió que así es más allá de las fronteras argentina porque “cuando vemos dónde están los muertos en Estados Unidos, Brasil y Europa vemos que están en barrios trabajadores y populares”. Sin comentarios.

    El gobierno del presidente Alberto Fernández no encuentra la salida del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, la pretensiosa forma oficial de llamar aquí –en el país de los eslóganes eufemísticos– a esta cuarentena que dejó de ser porque lleva 74 días y nada indica, en lo inmediato, que finalizará el 7 de junio próximo, como se anunció y como una buena parte del conjunto social lo desea. ¿Tiene sentido explicar que se extrañan los abrazos y los encuentros con los seres queridos, los amigos, las amigas? Seguramente, no. Pero, a la par de esas lejanías, también crecen las incertidumbres, las angustias y, sin dudas, las preocupaciones profundas por las nuevas carencias que se suponen transitorias y las de siempre que será preciso comenzar a resolver más allá de los discursos de campaña permanente que polucionan la gestión política, para que cada una de esas palabras salvíficas sirvan de paliativo y cambios reales para los sectores vulnerables.

    El qué será de trabajos y salarios, en los casos de los que lo tienen formalmente; la duda sobre volver a vender alguna cosa en cada jornada en trenes, subtes, colectivos, en la vía pública de aquellos que así consiguen unos pesos para sobrevivir en la más absoluta informalidad; los interrogantes sobre la salud futura y la de hoy, por mencionar solo algunas de las nuevas incertidumbres que se incorporaron a las siempre inquietantes incertidumbres basales, como las categorizan desde la psicología. En los últimos días el epicentro de la pandemia en el orden local se localiza en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), territorio en el que se integran la capital argentina y los 19 municipios bonaerenses que la circundan. En ese megaespacio urbano donde se estima habitan cerca de 15 millones de personas, con enormes carencias y déficits ambientales de todo tipo, ha devenido en área crítica en el que los más y menos favorecidos por igual reclaman la apertura porque “ya no se aguanta el encierro”. La comunicación gubernamental tampoco está preparada para dar respuestas adecuadas y en línea con las angustias sociales que demanda la pandemia.

    Daniel Prieto Castillo, un grande latinoamericano de la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica, integrante del claustro docente de la Universidad Nacional de Cuyo, con sabiduría de vida, enfáticamente advertía que “la comunicación no es una política en sí misma. Antes de ella, tiene que haber políticas”.

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  30. Lucky Argentina
    La gobiernan dos filósofos que prometen un mundo nuevo

    Por Cristian Nielsen

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el filósofo Axel Kicillof, decretó días atrás que “la normalidad no existe más, que es un sueño y que volver a ella sería un suicidio”.

    Su audiencia, directivos y trabajadores de una planta automotriz, están todavía tratando de descubrir qué vendrá después de la normalidad cuya defunción decretó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

    En auxilio del gobernador fue el presidente Alberto Fernández quien acaba de revelar que ya tiene listo un nuevo “contrato social” que va a reemplazar el que actualmente rige a la Argentina. Pasamos por alto el “detalle” de si tal contrato fue debatido públicamente o es el producto de algún cerrado gabinete de pensadores de élite.

    Los argentinos tienen suerte. Están gobernados por una especie de discípulo de Erich Fromm, quien en su libro “Patología de la normalidad” psicoanaliza al “hombre normal y socialmente adaptado”, y por un clon de Jean-Jacques Rousseau, célebre por su obra “El contrato social” en la que resalta valores cardinales como la libertad y la igualdad, otorgando al Estado un papel central en la construcción de una nueva sociedad.

    En semejantes manos, nuestros vecinos pueden estar seguros de que ni bien el virus chino toque a retirada, un nuevo Estado, un nuevo contrato social (¿una nueva constitución?) y una nueva normalidad surgirán como un faro rutilante rompiendo las tinieblas de un mundo decadente y autodestructivo.

    Este nuevo amanecer era imprescindible para la Argentina. Algo tenían que hacer. No podían seguir con un Estado que cobra 374 impuestos, con 11 cotizaciones del dólar y en donde 8 millones de ciudadanos activos mantienen a 18 millones de pensionados, jubilados o subsidiados. Fernández; Kicillof prometen un mundo nuevo. ¿Normal? No, simplemente nuevo.

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  31. Pandemia, deuda y tensiones en el paisaje argentino

    Por Ricardo Rivas

    La pandemia por el covid-19 crece. La negociación de la deuda soberana en default desde septiembre del 2019 aún no termina. El gobierno argentino y los tenedores de bonos negocian con firmeza. Quieren perder lo menos posible. Las tensiones internas en la coalición de gobierno se tensan aún más. En las 46 palabras precedentes se comprimen los títulos más relevantes de la situación en este país en el que su presidente, Alberto Fernández, ha prolongado la cuarentena –“aislamiento social”– hasta el 7 de junio.

    Cov-Sars-2 es la única de las graves situaciones que transita esta sociedad que tiene evidencia pública de seguimiento constante para planificar y gestionar acciones gubernamentales para mitigar sus efectos que parecerían ir en inevitable aumento. En el momento de escribir esta columna, los números de la tragedia dan cuenta de 11.353 “afectados”, 7.173 “infectados activos”, 732 “recuperados”, y 448 “fallecidos”. Estos datos se incrementarán. El único debate de relevancia en esta verdadera amenaza para la salud pública que para resolverla carece de tratamiento o vacuna es, justamente, el confinamiento y sus características. Encierra, en sí mismo, un dilema que atenaza al jefe de Estado: vida vs economía. La sociedad, aunque con menos intensidad que al inicio de las acciones protectivas de la salud, apoya a Alberto F. y ese acompañamiento se traduce en el crecimiento hasta el 46,64% del indicador de “optimismo político” que mensura la consultora Management & Fit que dirige Mariel Fornoni. La evaluación social de la gestión gubernamental, según otro consultor, Ricardo Rouvier, arroja un “positivo consolidado” de 37,7% que emerge de restar al 67,9% de “positiva” el 29,3% de “negativa”. No le va mal.

    En lo que tiene que ver con la deuda pública, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, luego de largas semanas de palabras y actitudes de dureza devino en, por lo menos, posiciones semiblandas. Los bonistas, también, aunque desde el pasado viernes la Argentina se encuentra en “default selectivo”, un tecnicismo para que los que saben de economía vistan de seda el “paga Dios” que es el tercero del siglo XXI y el noveno desde 1827. Es probable que por esa razón, el indicador “optimismo económico” de Fornoni, se ubique en 32,1%; el de “expectativa económica” –el futuro de la economía– en 34,7%; aunque el 29,4% del universo al que sondea Management & Fit es “optimista” respecto de la “economía actual”.

    En lo que hace a las tensiones al interior de la coalición de gobierno la situación no deja de ser preocupante. Es necesario comprender, primero, y asumir, después, que no es el peronismo el que gobierna, sino que aquella coalición electoral exitosa, el Frente de Todos –integrada por algunos fragmentos del movimiento fundado por general Juan Perón y Unidad Ciudadana, un partido con raíces en el conurbano bonaerense, en algunas organizaciones sociales y de buena sintonía con el Movimiento de Curas Villeros –originado en la Iglesia católica allá por los años ’60 del siglo pasado– y es esa heterogeneidad ideológica la que genera desacuerdos inmovilizantes que también padeció el presidente Mauricio Macri (2015-2019), titular de un gobierno en el que aparecían coaligados la Unión Cívica Radical (UCR), integrante de la Internacional Socialista (IS), sectores del peronismo, liberales e independientes. La sociedad mira, analiza y se preocupa. Este más de lo mismo de siempre, frustra y paraliza. Palabras y expresiones concretas que en la historia reciente fueron vaciadas de contenido dejan de tener significado real. Proponer “Juntos” y “entre todos”, si los líderes no demuestran comprender que ceder no es conceder, sino que importa ceder-con frente a problemas que desvelan, paralizan y degradan a esta sociedad en crisis es demandar esfuerzos colectivos para ejercicios de suma cero.

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  32. Argentina prolonga la cuarentena e incrementa el control social

    Por Ricardo Rivas

    El presidente argentino, Alberto Fernández, prologó la cuarentena hasta el próximo 24 de mayo. Hasta la noche del pasado sábado, la estadística revela que, en éste país, había 5.776 casos “confirmados”; 1.757, casos “recuperados”; y, 300 fallecidos, como consecuencia del coronavirus. La mayoría de ellos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) conformado por la capital argentina y una veintena de municipios que la rodean.

    En ese espacio urbano es donde se desarrollan en los últimos 30 años los asentamientos en los que se hacinan miles de familias pauperizadas con todo tipo de carencias. Por esas razones, la cuarentena que sigue, en casi nada cambia para los que allí residen mientras que, para el resto del país, la “cuarta fase”, como la categoriza Alberto F., tiene menos intensidad. Incluso, se habilitaron algunas actividades económicas. Las recreativas continúan suspendidas so pena de aplicar sobre las y los infractores todo el peso del Código Penal.

    En ese contexto, el jefe de Estado anunció que “todo el que vuelva a trabajar debe bajar una aplicación” a su celular llamada “Cuidar”. Al momento de buscarla, la APP, indica que se trata de una herramienta de monitoreo digital “del Ministerio de Salud de la República Argentina destinada a la prevención y al cuidado de la ciudadanía frente a la pandemia del Nuevo Coronavirus Covid-19”. En ella, el usuario, debe cargar todos sus datos personales para luego pasar a una instancia de “autoexamen” con el que las autoridades definirán si debe o no aislarse para prevenir que COVID-19 circule. Es obligatoria y ningún trabajador podrá circular sin estar registrado en ella y con ella. Nada nuevo en el mundo emergente de la pandemia.

    Desde esta misma columna se advirtió, semanas atrás, sobre la aplicación de sistemas de control social en varios países antes que en la Argentina y claramente se categorizó esas prácticas gestión estatal como un significativo retroceso para el Estado Democrático de Derecho. De hecho, luego que una decena de países nucleados en la Organización de Estados Americanos (OEA) –entre los que se encuentra la Argentina- notificaran formalmente a ese organismo multilateral la “suspensión de (algunas) garantías” individuales para enfrentar la pandemias, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitieron contundentes recomendaciones a los Estados parte del sistema.

    El más alto tribunal continental, el 9 de abril último, les advirtió que “los problemas y desafíos (que supone enfrentar la pandemia) deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”. Clarísimo y preciso. Pero mucho más aún cuando la Corte agrega que “todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedanafectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

    Los jueces interamericanos precisan además que “deben disponerselas medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del Coronavirus COVID-19, sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales, y a la observancia del principio general de no discriminación”. Hasta el momento sólo algunos opositores liderados por la diputada Karina Banfi impulsan un “pedido de informes” en el Parlamento inactivo sobre la APP “Cuidar”. No se conocen aún cuestionamientos de las organizaciones de trabajadores ni de ningún otro organismo. Delgada línea roja.

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  33. Cuarentena en Argentina. La soledad de Alberto Fernández y la trágica tristeza social

    Por Ricardo Rivas

    No será una semana más la que se inicia en este país con casi medio centenar de muertes. El presidente Alberto Fernández realizó dos anuncios relevantes. A través de varias conversaciones radiales reveló que se estima que en el próximo mes de mayo será el pico de contagios de COVID 19 en este país. Luego, aseguró a radio Mitre que ya se trabaja en la salida de la cuarentena.

    No obstante, fue cauteloso para no parecer dicotómico. El “aislamiento social obligatorio”, así se llama éste encierro en el país de los eslóganes eufemísticos, “se abrirá muy paulatinamente y va a haber casos que van a seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio y la administración pública seguirá haciendo trabajo a distancia, (en) esto que se llama teletrabajo.

    Concurrirán los que necesitamos que concurran, la gente de seguridad, salud, personas elementales para poder movernos”. Prueba-error. Desconocimiento y tragedia. Lo que inevitablemente llegará, será una prueba difícil para Alberto F que, desde la tragedia –actor público al fin- intenta consolidar un liderazgo de mayor espesor que el que poseía.

    Preocupa, con esa intención no declarada a muchas y muchos de los adherentes a la colación de gobierno porque desde la especulación inconducente podría arropar al mandatario de autosuficiencia política. El mandatario sabe que tanto el coronavirus como las tensas relaciones internas en el Frente de Todos, la coalición de gobierno, le exige de la máxima prudencia y creatividad para evitar más dificultades que las que presenta la coyuntura que se extenderá por muchos meses.

    No son pocas las sospechas que anidan en la intimidad presidencial sobre qué sucedió el pasado viernes, cuando millones de adultos mayores fueron obligados a poner fin a la cuarentena y exponerse a contagio por irresponsables e insensibles burócratas que indiscriminadamente los aglomeraron en los bancos para cobrar sus miserables haberes.

    “Ridículo”, fue el título de la prensa mundial que hizo foco sobre tanta impericia que, hasta el momento, carece de responsables formales ya que nadie ha sido despedido ni tampoco ninguno presentó su renuncia. Las miradas de indignación y/o sospecha se posan sobre los titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce y, el de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSES), Alejandro Vanoli.

    Jorge Giacobbe, consultor especializado en opinión pública, en su más reciente encuesta, asegura que “la imagen positiva de Alberto Fernández creció 30 puntos, de 37,7% a 67,8%” y que “su imagen negativa retrocedió de 45,5% a 12,5%”. Sostiene que “ante el riesgo, la ciudadanía argentina configuró un padre protector a quien defender, tanto en términos personales como en términos de las políticas de Estado que está implementando”.

    Destaca luego que “con los grandes ausentes del momento suceden cosas diferentes. La imagen positiva de Cristina Kirchner subió también, aunque sólo en 2 puntos (34,6%)”. Otro analista notable, Ricardo Rouvier, también detecta que crece la imagen positiva de Alberto F que la ubica en 68,6%, con una negativa de 29,3. No menciona a Cristina ni a ningún otro actor público conocido. Por su parte, Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, en su reporte semanal sobre “optimismo político” y “optimismo económico”, sostiene que los dos dan muestras de crecimiento.

    En este esquema, que las dirigencias conocen, los desencuentros crecen en el seno de la coalición de gobierno aunque ninguna de las fuentes consultas aceptan expresar esa situación públicamente. La preocupación social también crece por cuanto hay consciencia de que la curva creciente de la pandemia aún no ha llegado y se estima que tendrá alto impacto en lo que en este país se denomina como AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) integrada por esta ciudad y una veintena de municipios que la circundan en territorio de la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, con poco conocimiento de las especificidades de esos territorios altamente pauperizados y vulnerables desde muchas décadas.

    De allí que Alberto F, ante esa realidad, dialoga en forma directa con los jefes comunales y con ellos –oficialistas y opositores- aborda la contingencia. Complejo para hacerlo en soledad. La vicepresidenta Fernández, no se hace ver y permanece en silencio público.

    Tal vez, sea consecuencia de la cuarentena a la que se ve obligada luego de regresar días atrás desde el exterior. Pero el caso es que el Jefe de Estado está solo y así lo percibe una buena parte de la sociedad.

    Y si esas son algunas de las situaciones más dramáticas de las que trascienden desde los más altos escalones del poder, no menos complicada es la vida de la comunidad enclaustrada, atemorizada y que, al menos en los grandes centros urbanos, pasa sus horas frente de los ordenadores y/o los Smartphone en procura de recrear en la realidad virtual las escenas de la vida cotidiana en la realidad real, por llamarla de alguna manera comprensible.

    Y es en esa realidad mixta, emergente de las dos anteriores, donde gana valor la projimidad que no pocos creen perdida o, al menos, en dificultades fagocitada por la individuación. Aquí, como cada uno y una en sus lugares de residencia, a través de la plataforma ZOOM, se organizan bailes, bailantas, se celebran cumpleaños, cenas, asados virtuales, encuentros veganos.

    Giacobbe revela que “el 2,8% de los argentinos siente mucho temor frente a la idea del Coronavirus, 46,3% siente algo de temor, y por último, solo el 10,3% siente nada de temor”. Todo se desarrolla en soledad total o con la mínima presencia de unos pocos. Mujeres pariendo en soledad. Hombres y mujeres muriendo en soledad. Triste y trágico.

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