¿Cómo se le llama?

¿Que fue lo que pasó en Perú? Como se le llama?

Cada cual le pone nombre a su gusto. Es lo que ocurre en una región –y un mundo– donde cada vez se respetan menos la esencia y los fundamentos del sistema democrático, y donde desarrollar la actividad política en casos constituye una de las aventuras más peligrosas y en otros es una forma de conseguir patente de corso y garantías de impunidad total.

Para el presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo (56), que en marzo del año pasado sustituyó en el cargo al renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski (80) PPK, y que acaba de disolver el Parlamento con llamado a elecciones legislativas el 26 de enero próximo para conformar uno nuevo, se trata de la aplicación de una norma constitucional prevista para situaciones extremas.

Para los congresistas disueltos es un golpe de estado. Se les ha prohibido el ingreso a la sede legislativa donde soldados operan como porteros y hay entrada libre para turistas y visitantes pero no para quienes fueron elegidos por los ciudadanos.
La izquierda, con poco protagonismo pero que crece, no dice nada: le conviene el llamado a elecciones.

La OEA, que no quiere apurarse ni meterse, dice que es un problema interno, que debe resolverlo el Supremo Tribunal Constitucional y que está bien que se llame a elecciones.

La renunciante vicepresidenta Mercedes Aráoz, por unas horas designada presidenta por el disuelto parlamento, dice que “ha sido roto el orden institucional” y que hay que llamar a elecciones generales (de legisladores y de presidente).

Las encuestas dicen que el 70% de la población está de acuerdo con Vizcarra. ¿Y? El deterioro democrático, precisamente, se debe a que hay quienes gobiernan en función de lo que dicen las encuestas, las que solo se limitan a reflejar la opinión pública en un momento determinado y que además yerran mucho. Y cada vez fallan más.

El hecho es que Vizcarra tomó el control total del poder con el apoyo de las FFAA y la policía que es, efectivamente, el respaldo que sirve más. Respetó, por ahora, la vigencia de una comisión permanente legislativa de 27 miembros, con mayoría opositora (18).

Hay un hecho a resaltar, sí, que es decisivo y que marca y define: todas las libertades siguen vigentes, en especial las de expresión, de prensa y de reunión. Sin duda esto hace una diferencia.

Es cierto que el Parlamento estaba muy desprestigiado, pero sus miembros fueron democrática y libremente electos. También es un hecho.

En cuanto al Tribunal Constitucional, mentado por la OEA, no es muy confiable: se iban a nombrar algunos nuevos miembros por parte del Parlamento, de acuerdo con las normas legales y eso fue lo que no gustó y decidió a Vizcarra. Tomo la vía de la disolución de un Parlamento opositor, que legalmente iba a conformar un tribunal opositor.

Todo muy difícil de atar. El problema en Perú, uno de los países con mejor performance económica en los últimos quince años, es de falta de legitimidad del poder político. Legitimidad, esa cosa que –parafraseando a Saint Exupéry– es “invisible para los ojos” pero es esencial.

Todos los expresidentes post Fujimori están presos o enjuiciados –uno se suicidó–, más la líder de la oposición, Keiko Fujimori (43), hija mayor del exdictador Alberto Fujimori (80), entre otros varios jerarcas públicos más.

Vizcarra, que era embajador en Canadá –figuraba como vicepresidente, cargo que en Perú no tiene función ni sueldo– sustituyo a PPK con el visto bueno de Keiko.

La mitad de los peruanos son fujimoristas. Eso es lo que surge de las últimas elecciones del 2016. En la otra mitad hay antifujimorista y un buen porcentaje que simplemente se inclinan por otras corrientes. Keiko logró 72 diputados para un congreso de 130, y la apoyó el 40% del electorado. Casi duplicó a Kuczynski: 39,89% contra 21,5%. Pero hubo segunda vuelta y PPK –quien ganó por muy poco al izquierdista Frente Amplio (18,74%) su derecho al “ballotage”– le gano a Keiko con un 0,23 de ventaja: (50,11% contra 49,89%).

Fue el fujimorismo contra todos. O ganaba Keiko o ganaba cualquiera. Ganó cualquiera, y he ahí el dilema.

Hoy el escenario no es el mismo que el de hace tres años. Sin duda. Pero ¿quién lo define? ¿Vizcarrra? ¿Las FF.AA. y la Policía? ¿Las encuestas?

Quizás tenga razón la exvicepresidenta Aráoz y la salida pase por un llamado urgente a elecciones generales. Parece un buen camino para la búsqueda de la legitimidad pérdida.

POR DANILO ARBILLA

Un comentario en “¿Cómo se le llama?”

  1. Perú, la corrupción y el abismo
    POR CARLOS ALBERTO MONTANER

    Parecía que Perú se había salvado y marchaba con paso firme hacia el desarrollo. Era lo que auguraban los pronósticos del Banco Mundial. La vecindad con Chile era su secreto. Los peruanos habían visto cómo el mercado, la libertad económica, la masa de ahorros que producía el sistema de cuentas individuales de jubilación, y la seriedad en el manejo de las finanzas y la moneda, en pocas décadas habían puesto a Chile a la cabeza de América Latina y en el umbral del Primer Mundo. Todo lo que había que hacer era persistir en seguir de cerca el modelo chileno.

    No se pudo. No fue así. ¿Qué ocurrió? Tal vez falló, en general, la clase política. Varios de los presidentes están tras la reja, padecen arresto domiciliario, esperan la extradición o se han suicidado para evitar la ignominia. Los peruanos tienen muy mala opinión de sus dirigentes. Mientras en Lima se daba el espectáculo de la disolución del Congreso, en Curitiba, Brasil, el señor Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en Perú, revelaba los nombres de varias docenas de políticos peruanos corruptos, a la derecha y la izquierda del espectro ideológico, que habían recibido dinero a cambio de favores de la constructora brasileña.

    ¿Son muy diferentes las sociedades de Chile y Perú en lo tocante a la honradez del sector público? Tal vez. De acuerdo con Transparencia Internacional, en una puntuación donde 100 significa que no se percibe nada de corrupción, y 0, en donde sucede todo lo contrario y el país está podrido hasta los cimientos, Chile anda por los 70 puntos, mientras Perú sólo alcanza la mitad: 35. Es lo mismo que sucede con relación a Uruguay (70) y Argentina (40), o con Costa Rica (56) y Nicaragua (25), países limítrofes que, incluso, tienen una historia común o muy próxima.

    Chile, Uruguay y Costa Rica, por cierto, son los únicos países latinoamericanos que pasan de 50, punto neurálgico en que se considera intolerable la corrupción. Venezuela, que es el peor, anda por 18, seguida de cerca por Haití, con apenas 20, y la Nicaragua de Ortega, que asesinó a casi 400 personas en menos de un año, sólo llega a 25.

    No es sorprendente que Chile, Uruguay y Costa Rica sean las sociedades más predecibles y tranquilas de América Latina, mientras Venezuela, Haití y Nicaragua, los tres países percibidos como más corruptos, se muevan por la otra punta del esquema. Existe una obvia relación entre honradez y estabilidad, como también existe entre latrocinio y caos institucional.

    Esa coherencia tiene que ver con la institucionalidad republicana. La República es una construcción artificial basada en la premisa de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley. A partir de esa creencia se montan las instituciones con el objeto de que no existan privilegios de ninguna clase. Por supuesto, que hay “buscadores de rentas”, y hasta se permite la existencia de lobbies dedicados a esos menesteres (a mi juicio innobles), pero el peor pecado es aumentar el precio de los bienes y servicios para beneficio de los políticos y funcionarios que reciben las coimas.

    ¿Por qué es el peor pecado? Al menos, por tres razones. Primero, porque enseña que la riqueza no se logra en el trabajo intenso y en la innovación, sino en tener las amistades adecuadas. ¿Para qué estudiar y quemarse las pestañas si basta un amiguete poderoso? Segundo, porque pudre rápidamente los fundamentos morales de la sociedad. Del robo de los presupuestos es muy fácil pasar a la complicidad con los narcotraficantes y las mafias de todo tipo de delito. Y tercero, porque genera un gran cinismo y una actitud de rechazo al conjunto de las instituciones de la República. El “que se vayan todos” escuchado en Argentina es la vuelta a la búsqueda de un dictador que nos salve de nuestra propia incapacidad.

    Los peruanos en abril de 1992 aplaudieron el autogolpe de Alberto Fujimori. Un 82% lo apoyó. Con el tiempo, el hombre fuerte se fue corrompiendo con la ayuda de Vladimiro Montesinos, y hoy ambos están en la cárcel. No sé cómo no lo entienden: sólo nos salva el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones de la República. Fuera de eso está el abismo.

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