“Si alguien cree que la transparencia es cara, que pruebe con la corrupción”. Tomamos prestada –y adaptamos- la famosa frase de Derek Bok, ex presidente de la Universidad de Harvard, quien advirtió que si se cree que la educación es cara, todo es cuestión de probar con la ignorancia. Algo parecido ocurre con aquello de la honestidad.
¿Qué faceta de su condición lleva al hombre a preferir el camino más tortuoso y oscuro para perseguir sus fines en lugar de preferir la “ancha e iluminada avenida del medio”? Incluso moviéndose en los negocios más rentables y seguros del mundo, la tentación del camino torcido termina seduciendo a grandes hombres y mujeres a cargo de megaempresas.
Brasil es un laboratorio a cielo abierto de estas conductas disfuncionales y tramposas. Tomemos el primer caso: la estatal Petrobras cuyo valor de mercado pasó de 510.300 millones de reales (125.978 millones de dólares) en 2008 a 73.700 millones de reales (18.194 millones de dólares) en 2014, es decir, experimentó una caída del 84% en el periodo señalado. ¿Qué produjo esta debacle?. Las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de Brasil hallaron que directivos de la petrolera habían montado una red de corrupción que se dedicaba al desvío de fondos públicos, a fraguar contratos ilegales y a pagar sobornos que iban a bolsillos de políticos y empresarios, quienes a su vez los transferían a cuentas en paraísos fiscales.
Entre 2.004 y 2.014, la organización se había apropiado de más de US$ 2.000 millones para beneficio propio. Otro escándalo, el de la mega constructora Odebrecht, que en ocho años invirtió más de US$ 3.200 millones en “propinas” (sobornos) para adjudicarse, una tras otra, licitaciones estatales. La pregunta que cabe es: Si pudo pagar semejante cantidad sólo en sobornos, ¿qué montos alcanzarían las ganancias de la empresa?. En abril de 2015, el balance de Odebrecht arrojaba un ingreso bruto de R$ 107.700 millones (US$ 45.800 millones) con un crecimiento del 11% respecto al periodo anterior. Con semejantes estados contables, dedicar el 7% de sus ingresos a pagar sobornos y asegurar licitaciones no parece mucho. De todas maneras, ante las evidencias de corrupción, los contratos comienzan a caérsele de las manos y muchas de sus obras en diversos países tienen cancelados los permisos.
La tercera híperempresa caída en desgracia, la cadena cárnica JBS, está siendo desguazada y sus pedazos adquiridos por otras empresas del sector. La delación premiada a la que se acogió su presidente estuvo a punto de hacer caer al presidente Michel Temer aunque la potencia del golpe no bastó, hasta ahora, para concretar esa macabra obra.
Aquelarre de sobornos, traiciones y delaciones, encumbramiento meteórico de empresas y empresarios, quiebras fraudulentas y apocalípticas que arrastran a veces la economía de los países más vulnerables… Este es el oscuro mundo de la corrupción, la contracara de muchas de esas historias de éxito rimbombante que con rostros sonrientes nos acechan desde las paginas de sociales y de las revistas de negocios.
laoveja100 
Lula y la corrupción latinoamericana
Por Carlos Alberto Montaner
Lula da Silva ha sido condenado a más de nueve años de cárcel por corrupción y “lavado de dinero”. Todavía puede apelar la sentencia y salir absuelto. No creo que lo logre. Sin embargo, Lula continúa siendo el político más popular de Brasil. Y no se trata de que los brasileños pongan en duda que el expresidente se benefició ilegalmente de su cargo, sino que no les importa. A la mayor parte, le da lo mismo.
En Argentina sucede otro tanto con la señora Cristina Kirchner. Las pruebas sobre la corrupción de ella, su marido, su hijo y su entorno son abrumadoras, pero se impone aquel viejo grafiti de los años cincuenta en respaldo al fundador de la secta: “Puto o ladrón, queremos a Perón”. El peronismo reaccionaba así contra una foto trucada con mal gusto en la que se veía al campeón de boxeo norteamericano Archie Moore sodomizando a Juan Domingo Perón.
Hoy un nuevo grafiti, no sé si a favor o en contra, se ha posado en las paredes de Buenos Aires: “Ladrona o cretina, queremos a Cristina”. México es otro ejemplo de la indiferencia general hacia la corrupción.
Hace pocas fechas el Instituto Nacional de Estadísticas publicó un estudio en el que se asegura que, como promedio, las empresas mexicanas pagan unos 672 dólares anuales en mordidas a funcionarios deshonestos. Abonaron en total 88 millones de dólares. Sin embargo, los mexicanos (aunque cada vez menos), respaldan al PRI, el partido de gobierno, mientras hacen chistes sobre la inmensa corrupción de una formación que desde hace más de 70 años saquea al país, aunque reparte migajas, realiza obras públicas e insiste en la retórica revolucionaria.
Las excepciones son Chile, Uruguay y Costa Rica. No digo que en estos países no exista corrupción, sino que no hay impunidad, y la ciudadanía no admite de buen grado la deshonestidad de los políticos o de los funcionarios. Hay sanción moral y consecuencias electorales adversas, hasta el punto que, a veces, se falsean las pruebas y testimonios para destruir la reputación de personas honorables para excluirlas del juego político.
En todo caso, estas excepciones sirven para desmentir la idea de que hay algo fatal en la cultura iberoamericana que nos conduce inevitablemente a la corrupción. Chile es un país andino, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, pero mientras estas cinco naciones, emparentadas por la historia y la geografía, exhiben un grado notable de pudrición, especialmente la Venezuela chavista, donde el régimen ha saqueado sin piedad las arcas públicas, en Chile el gobierno de la señora Bachelet se estremece por los negocietes de su hijo basados en información privilegiada, al tiempo que Pinochet, incluso para sus partidarios, quedó totalmente desacreditado tras saberse, post mortem, que no fue un dictador honrado.
El caso uruguayo es digno de estudio. La composición étnica de la sociedad es similar a la Argentina, y durante los siglos coloniales fue parte de la misma unidad política. No obstante, la gerencia pública uruguaya es razonablemente honrada y transparente, mientras los grandes vecinos –Argentina y Brasil–, son verdaderas alcantarillas, gobiérnenlos la izquierda o la derecha.
En Centroamérica se repite el fenómeno. De acuerdo con Transparencia Internacional, institución que mide la percepción de corrupción, Costa Rica es, con mucho, la nación más honrada de una región muy variada en la que comparecen, además, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y El Salvador, otros cinco países plagados de escándalos mayúsculos, con expresidentes presos o escapados del país, como sucede con el salvadoreño Mauricio Funes, asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, gobernante que no poseía un centavo cuando llegó al poder y hoy se le tiene por uno de los más ricos del Istmo.
Tal vez el despertar de un Poder Judicial independiente consiga el milagro de adecentar a nuestros países. Sería una revolución ética comenzada en la cúpula porque la base está carcomida por el clientelismo y la indiferencia moral. Es lo que ha ocurrido en Brasil, donde el juez Sergio Moro se ha enfrentado a Lula da Silva, mientras el Fiscal General, Rodrigo Janot, acusa de “corrupción pasiva” a Michel Temer, el actual presidente tras la destitución de Dilma Rousseff, también separada de su cargo por incumplir las leyes de la República en materia contable.
El próximo paso es que las sociedades interioricen la lección que está dando el sistema judicial en todas las latitudes. Mientras las masas no comprendan que la fortaleza de las Repúblicas está en el funcionamiento de las instituciones y en que todos se sometan al imperio de la ley, nuestros países no despegarán realmente en el terreno económico y no conocerán las virtudes de la convivencia pacífica. El daño que hace la corrupción es mucho mayor que los recursos que se roban. Es devastador.
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¿La política brasileña sin Lula?
Por Alfredo Boccia Paz
La condena a nueve años de cárcel impuesta por el juez Sergio Moro al ex presidente Lula sacudió el ya caótico escenario político del Brasil. El inmenso prestigio alcanzado por él a nivel latinoamericano y su gravitación en la historia reciente de su país hacen difícil imaginarse cómo sería el futuro sin su influyente presencia.
Es cierto que continuará en libertad y que la sentencia es apelable. Es cierto también que hasta tanto la condena no quede firme en segunda instancia, podrá presentarse como candidato a las elecciones previstas para octubre del 2018. Sus partidarios tienen la esperanza de que pueda ganarlas y escudarse en los fueros presidenciales, pues las decisiones de los jueces de apelación suelen tardar más de un año y Lula es favorito en las encuestas. Pero también hay malas noticias. El presidente del Tribunal Regional casi aseguró que el fallo estaría listo antes de las elecciones. Si la sentencia de Moro es ratificada, Lula perdería sus derechos políticos y no podría ser candidato. Los antecedentes de ese tribunal alejan la posibilidad de que lo declaren inocente. Con excepción de un caso, todas las sentencias provenientes de Moro por la operación Lava Jato fueron ratificadas y para 19 reos el tiempo de condena fue incluso aumentado.
Hoy es el candidato favorito, pero queda por ver si su capital político puede soportar esta adversidad. Que no es la única, pues hay otros juicios pendientes. Por eso analistas y observadores están enfrascados en presagiar qué pasaría en la política brasileña sin Lula. Algo tan difícil como imaginar qué quedaría en pie en la ciudad luego de un sismo de escala 7 de Richter.
El pronóstico es enigmático. El Partido de los Trabajadores no tiene opción B. El gobierno de Temer pende de un hilo, con una aprobación de solo el 7%. Los candidatos tradicionales no cuentan. El segundo mejor posicionado es un impresentable militar retirado, Jair Bolsonaro, que destila exabruptos machistas y autoritarismo. Marina Silva no cobra suficiente vuelo. El Brasil nunca tuvo un momento tan propicio para la victoria de un outsider, pero tampoco por allí ha surgido alguna figura atractiva.
La corrupción barrió con las referencias de todos los signos ideológicos. Por eso no faltan optimistas que afirmen que lo que está sucediendo tiene su vertiente positiva, pues la acción de la Justicia genera las condiciones para inaugurar una nueva época política con actores más honestos y éticos. Frente a ellos, cada vez hay más voces dentro y fuera del Brasil que advierten que las pruebas con las que se le condena a Lula son muy endebles y no hacen más que confirmar lo que estaba cantado desde el inicio: el establishment conservador no iba a permitir que Lula retorne al poder. Jamás sería declarado inocente, dicen, pues, si así fuera, ¿qué sentido tendría la destitución de Dilma?
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Ejemplar actuación de la Justicia brasileña
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, el más popular político brasileño de los últimos tiempos, quien en su momento fue ensalzado como el artífice del milagro socioeconómico que le valió a Brasil ponderación universal, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por uno de los cinco cargos de corrupción que se le imputan. Fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de influencia para obtener contratos con Petrobras.
Lula fue presidente de Brasil por dos períodos consecutivos, de 2003 a 2010, y bajo su gobierno se montó la mayor trama de corrupción en la historia del Brasil, con varios esquemas que suman miles de millones de dólares, con epicentro en la petrolera estatal Petrobras, cuyo detonante fue la operación “Lava Jato”, que produjo el deslizamiento de la placa tectónica que dejó al descubierto el vasto esquema corrupto que involucró a políticos encumbrados, altos funcionarios del Gobierno, poderosos empresarios como Marcelo Odebrecht y Othon Luiz Pinheiro da Silva, un prominente almirante retirado de la Marina brasileña.
Desde que afloró el escándalo y en la medida en que se fue desenredando la madeja de corrupción, la mayoría de los brasileños tuvo la convicción de que Lula fue un cómplice en el esquema delictivo calificado por los fiscales como una “conspiración criminal” de la que el expresidente fue el “comandante máximo”, y que apuntaba al sostenimiento en el poder del Partido de los Trabajadores (PT), del que el mismo fue cofundador.
La Justicia brasileña, tradicionalmente muy pasiva –como la nuestra–, ha despertado de su letargo asumiendo el rol que le corresponde en un Estado democrático como lo es Brasil desde 1988, con la Constitución establecida tras el fin de la dictadura militar. Las investigaciones del escándalo de Petrobras han sido conducidas por Sergio Moro, un joven juez federal, quien encabeza una fuerza de tarea de la Policía Federal y fiscales del políticamente independiente Ministerio Público. Este equipo multidisciplinario ha investigado y comprobado múltiples casos de corrupción de alto nivel, incluyendo los que involucran al ahora condenado Lula da Silva.
La condena del expresidente así como la del poderoso empresario Odebrecht constituyen un mensaje de que la Justicia brasileña está empeñada en acabar con la cultura de impunidad prevaleciente en el país, la que se ha acentuado durante los gobiernos de la izquierda populista liderada por el PT. Pese a la crisis de confianza en el Gobierno y la clase política, los cimientos institucionales del país permanecen intactos, en particular la Justicia, que continúa batallando contra las dominantes élites políticas, demostrando la clase de autonomía que se espera en una democracia que funciona.
La vara de la justicia de Moro está asestando un duro golpe a la tradición de impunidad prevaleciente entre la clase política, al tiempo de ofrecer a los ciudadanos comunes una esperanza de reforma.
La crisis institucional derivada de la corrupción engendrada y protegida por más de una década por los gobiernos de izquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff ha sido un desafío para la democracia de ese país y, a la vez, una oportunidad para demostrar al mundo que en Brasil ciertamente hay corrupción, como en otros países de la región, pero que, a diferencia de muchos de ellos, hay también Justicia que la castiga con rigor. El hecho de que la fuerza de tarea de policías y fiscales liderados por el juez Moro haya tenido la voluntad y el valor moral para investigar con serena actitud a los más poderosos personajes políticos y hombres de negocios demuestra que la corrupción puede ser combatida con éxito hasta en el más alto nivel del Gobierno y de la sociedad.
Después de un siglo de robo a los pueblos de América por parte de gobernantes corruptos, dictadores o no, que arrasaron con los fiscos, las constituciones y las leyes de nuestros países, el juez Moro del Brasil está dando un ejemplo de entereza moral y coraje al condenar por nueve años y medio nada menos que al símbolo internacional más esgrimido por la izquierda continental, Lula da Silva.
Aquí, en nuestro país, plagado también de corrupción, todavía no surgieron ni jueces ni fiscales que tengan el coraje de animarse a investigar a nuestros pasados expresidentes y sus respectivas gavillas. Sin embargo, no debemos perder las esperanzas de que, en algún momento del futuro, las ciudadanas y los ciudadanos paraguayos tengan la enorme satisfacción de ver que surgen también Moros en nuestra hoy sometida Justicia, que envíen a la cárcel a los mandatarios, funcionarios y políticos ladrones que esquilmaron y esquilman las arcas públicas.
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Los demonios andan sueltos
14 julio, 2017
En Brasil, nadie, absolutamente nadie, esperaba que los acontecimientos se desenvolvieran de la forma en que lo hicieron. Cuando estalló el escándalo del caso “Lava Jato”, el objetivo era terminar de liquidar al vapuleado gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), asumiendo desde luego ciertos “daños colaterales”, léase el involucramiento de algún político o empresario “amigo”. Y, en efecto, sirvió para tumbar a Dilma Rousseff de la presidencia, pero la crisis entonces recién comenzaba y muy pronto se saldría de control. El agua alcanzaría rápidamente las narices de sus propios verdugos, de los principales aliados del nuevo gobierno en el Congreso, sus ministros y del propio presidente Michel Temer, además de millonarios muy poderosos, que tratan de reducir sus penas delatando a los primeros. Ahora le llegó el turno a Lula, el político más influyente y mejor posicionado para tomar las riendas del Planalto, por un cargo insignificante en comparación al resto, lo que si bien no lo exime de responsabilidades, resulta cuanto menos sugestivo.
A medida que iban “cayendo” algunos “peces gordos”, el destape del gigantesco hecho de corrupción generaba simpatía no solo en el vecino país, sino en todos los rincones del Continente. Hoy, casi dos años después, produce preocupación y angustia, en el marco de la mayor incertidumbre respecto a su futuro, que no permite divisar la luz al final del oscuro túnel por el cual transita.
Y es que la crisis, en verdad, es pavorosa. Quien ofició de sicario de Dilma, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cumple una condena de 15 años de prisión en una cárcel de Curitiba. Aécio Neves, el “chico 10” de las fuerzas conservadoras del Brasil, le sigue los pasos, al igual que media docena de exministros del actual gobierno y, he aquí uno de los mayores problemas, el propio presidente Michel Temer, quien en un par de semanas podría ser sometido al temido “impeachment” y suspendido en sus funciones.
De producirse tal hecho, el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, asumiría la presidencia del Brasil y luego sería designado por el Congreso, en elecciones indirectas, para completar el mandato. Y aquí surgen otros dos problemas más. Por un lado, el hombre figura en la lista de coimas que la constructora Odebrecht entregó a la Justicia. Uno de los delatores de la empresa, João Borba Filho, declaró que en 2008 entregó 350 mil reales a Maia, en su propia casa, y que dos años después hubo una nueva coima de 500 mil. Por el otro, al menos la mitad de los congresistas también se hallan involucrados en el “Lava Jato”, lo que le resta toda legitimidad a la hora de designar al sucesor “definitivo” de Temer.
En este contexto se barajan otras alternativas, como ser, elecciones directas para presidente y vice o elecciones directas para todos los cargos electivos, requiriéndose para ambos hipótesis la enmienda previa de la Constitución.
Y de vuelta al surrealismo, en este caso más realista que nunca. Sean ahora las elecciones o en octubre del 2018, los principales referentes de la política brasileña están inhabilitados o en vías de serlo, como Lula, considerado por amigos y enemigos como seguro vencedor.
Por eso se equivocan de cabo a rabo aquellos que se limitan al análisis superficial de considerar que los sucesos de Brasil demuestran que es “un país serio”, “un país que está haciendo muy bien sus deberes”, etcétera, etcétera. Los que llegan son iguales o peores de los que se van. Es una dirigencia nacional, política y empresarial, descompuesta hasta la médula, con el agravante de que no se avizoran alternativas superadoras.
Esa dirigencia, que por disputas internas abrió tiempo atrás la caja de pandora, daría lo que fuera por volver el tiempo atrás y que el escándalo se limite a algunos altos funcionarios o directamente no estalle, que Dilma termine su mandato aunque sea a los tumbos y, en lugar de derrocarla, proyectar un “pos” PT en los marcos electorales.
Pero ya es tarde. Los demonios andan sueltos y las consecuencias son imprevisibles.
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Suplentes y titulares
Por Danilo Arbilla
“Siempre hay suplentes para los titulares” y “los cementerios están llenos de imprescindibles”.
He ahí dos asertos que nadie se atreve a cuestionar aunque, sin embargo, parecería que el primero no es tan absoluto con relación a Brasil.
Hace unas horas el expresidentes brasileño Fernando Henrique Cardoso, por segunda vez, reclamó la renuncia, como “gesto de grandeza”, del presidente de su país.
La vez anterior fue hace más de un año y medio. En aquella oportunidad ocupaba la presidencia Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inacio Lula Da Silva. Dilma no renunció y fue destituida por el Congreso. En su lugar asumió el vicepresidente Michel Temer.
Ahora este segundo pedido de Henrique Cardoso está dirigido a Temer, quien es investigado por la justicia y la propia Cámara de Diputados con relación a varias denuncias que lo vinculan directamente con actos de corrupción.
En este caso, como que el cambio no resultó. Fue peor el remedio que la enfermedad: en cuanto a “actos ilícitos” Dilma, la entonces titular, es una santa comparada con su suplente.
Hay quienes afirman que a Temer le queda muy poco tiempo –cuestión de días o algunas semanas– para que sea “separado” del cargo (por 180 días, como le ocurrió en una primera etapa a Dilma).
Pero están los que creen que no hay nada inminente y manejan argumentos atendibles. Por un lado, el interés de los reales y efectivos centros de poder de Brasil –léase FFAA, Itamaratí e industriales de San Pablo– en que se apruebe una serie de leyes no muy populares –reforma laboral, por ejemplo– durante la presente administración. Todo ello era parte del “programa” para después de Dilma, el que ahora parece empantanarse porque no se preveía que Temer tuviera tantas “complicaciones”.
El otro argumento tiene que ver con el suplente: esto es, la persona que sustituiría al mandatario sometido a juicio político.
Si Michel Temer es “separado”, le correspondería asumir al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia.
Pero aquí también la enmienda sería peor que el soneto. Maia, que sucedió en la presidencia de diputados a Eduardo Cunha, hoy preso por corrupción, es motivo de investigaciones por esas mismas “cosas”. Maia es apodado “Botafogo” por su simpatía con el conocido equipo de fútbol de Río de Janeiro, y también con el mismo nombre de “Botafogo” figuraría en la lista de los beneficiarios de los pagos –coimas– de la famosa empresa constructora Odebrecht.
No se escapa nadie. Decididamente, como que no hay suplentes para los titulares.
En más de una ocasión, tanto Cardoso como otros dirigentes políticos han reclamado que se adelanten las elecciones previstas para el domingo 7 de octubre del año próximo (un año y dos meses). Hacerlo no implicaría violentar normas constitucionales por cuanto el Superior Tribunal Electoral habría llegado ya a la comprobación de que hubo “irregularidades” en la pasada elección de 2014 en que fue electa la fórmula Rousseff-Temer. De ser así, el tribunal tiene poder para anular aquel acto electoral y llamar a nuevas elecciones.
Dicen los que saben, que los que deciden, los que manejan el poder en Brasil, creen que no es oportuno precipitar los acontecimientos y que es preciso esperar hasta que se hagan algunos “ajustes”.
En definitiva, resulta que tanto para Brasil como para Venezuela, la solución gira en torno a un llamado a elecciones. La diferencia está en lo que encontrarán los nuevos gobernantes electos. En Brasil, un paquete bien atado, según parece. En Venezuela ruinas y caos, lo que es seguro.
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Ejemplar castigo a los corruptos
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, involucrado en el mayor escándalo de corrupción de la historia del Brasil, fue condenado ayer a nueve años de cárcel. Un juez federal halló a Lula da Silva, culpable de aceptar sobornos por US$ 1,1 millones. El magistrado consideró que Lula, como encargado de nombrar a los directores de Petrobras, tenía “un papel relevante en la trama criminal”. Los delitos que se le atribuyen son: corrupción pasiva y lavado de dinero. El dinero era enviado a representantes de los más altos cargos del gobierno, quienes forman parte de Partido de los Trabajadores (fundado por Lula) y de otras agrupaciones de la alianza oficialista.
En este caso, la investigación que inició a mediados del 2013, jamás se detuvo por intereses políticos. Al contrario, siguió su curso para dar hasta con el último involucrado en el caso de corrupción más grande de la historia de Brasil.
Es un ejemplo de resultado bien logrado cuando las instituciones funcionan de forma realmente independientes al poder político. Hacer que los jueces y fiscales sean independientes es la única forma de castigar a los inescrupulosos que todos los días están robando el dinero público.
Es un caso digno de emular en nuestro país donde el sistema judicial, en vez e investigar, se dedica a blanquear a los que roban asquerosamente todos los días la educación, la salud, el techo y la comida a miles de compatriotas. Despilfarran el dinero del pueblo en las narices de jueces y fiscales; se pagan viajes, contratan secretarias VIP y llenan las instituciones de sus familiares, además de adjudicarse millones en licitaciones.
Mientras en el país vecino, los corruptos están cayendo tras las rejas, uno a uno, nosotros tenemos que conformarnos con tener a delincuentes en el Congreso, en las municipalidades y en las gobernaciones. En Brasil, no tuvo ninguna importancia el peso político o el grado de cargo que ocupaban los corruptos, el peso de la ley fue igual para todos. Es necesario un castigo ejemplar a los corruptos para desalentar el robo del dinero del pueblo.
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