Hay una gran ironía en los últimos titulares sobre América Latina: mientras muchos de nosotros en los medios estamos escribiendo artículos sobre los escándalos de corrupción de Brasil, como es nuestro deber hacerlo, poco se habla de la inmensa corrupción que tiene lugar en Venezuela.
Es casi como si Brasil estuviera pagando un alto precio por ser una democracia con una prensa libre, mientras que Venezuela y otras cleptocracias —gobiernos de ladrones— que no respetan las reglas democráticas pueden salirse con la suya saqueando los recursos de sus países y manteniendo sus escándalos ocultos del público.
La ironía me vino a la mente cuando leí que el gobernante de facto de Venezuela Nicolás Maduro dijo el 21 de mayo que el “gobierno fascista de Brasil está cayendo” debido a la “corrupción”. ¡Qué caradura!
Por supuesto, la indignación en Brasil por la última investigación de corrupción contra el presidente Michel Temer está totalmente justificada. Los fiscales de Brasil están haciendo su trabajo, y han encontrado tanta corrupción que, a la hora de escribir esto, no está claro si Temer seguirá en su cargo.
Temer está tambaleando tras la aparición de una cinta en la que parece avalar un soborno para silenciar a un ex legislador encarcelado. Temer también está siendo investigado por presuntamente haber presidido una reunión en 2010 en la que se conversó sobre pagos de US$ 40 millones de la empresa brasileña Odebrecht para su partido político. Temer niega haber violado la ley.
El ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ha declarado que entre 2005 y 2014 su empresa pagó sobornos a funcionarios de 11 países, incluyendo US$ 349 millones en Brasil, US$ 98 millones en Venezuela y US$ 92 millones en República Dominicana.
Pero los escándalos de corrupción de Brasil son casi anecdóticos en comparación con lo que ocurre en Venezuela, uno de los países más ricos de América Latina antes de que el presidente Hugo Chávez y Maduro lo convirtieran en un desastre económico. Hoy en día, Venezuela tiene la peor crisis económica de la región, escasez de alimentos, la tasa de inflación más alta del mundo, una creciente pobreza y emigración masiva. Gran parte de ello se debe a la corrupción.
Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. En ese ranking de corrupción de 176 países, que va de los menos a los más corruptos, Venezuela ocupa el puesto 166, muy por debajo de Brasil (79), Argentina (95), México (123) y Zimbabue (154).
Si comparamos el escándalo de Odebrecht en Brasil y el saqueo del monopolio estatal petrolero venezolano PDVSA, los políticos corruptos de Brasil parecen monaguillos. En Venezuela, los sobornos se miden en miles de millones de dólares.
Mientras que Odebrecht pagó US$ 349 millones en sobornos a funcionarios brasileños entre 2005 y 2014, PDVSA pagó US$ 11.000 millones a funcionarios gubernamentales y sus amigos durante el mismo período, según una investigación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, en octubre de 2016.
A principios de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, de ser un capo de la droga. El Departamento de Estado dijo que los activos del grupo de El Aissami bloqueados en Estados Unidos ascienden a “cientos de millones” de dólares.
El Departamento del Tesoro identificó al empresario venezolano Samark López como un testaferro del vicepresidente. Según la cadena Univision, López vivía en Miami en un apartamento de US$ 3,4 millones que compró en efectivo, posee otros dos apartamentos valorados en US$ 4,3 millones, y tenía acceso a un avión de 9 millones de dólares.
Mi opinión: Los fiscales brasileños merecen aplauso por investigar la corrupción, y los periodistas hacemos bien en informar sobre sus hallazgos.
Pero también tenemos que poner las cosas en perspectiva, y no dejar que Maduro —que no permite fiscales independientes ni una prensa libre— se salga con la suya acusando a otros presidentes de ser corruptos. ¡Él es el rey de la corrupción, y cada artículo sobre escándalos de corrupción en otros países debería señalarlo!
Por Andrés Oppenheimer
laoveja100 
El lento ocaso del chavismo
Las acciones ejercidas en las últimas semanas por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, constituyen un nuevo capítulo en el complicado ajedrez institucional en que se ha convertido la política venezolana.
El pasado 17 de mayo, la Fiscal venezolana envió una comunicación a la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que enumeraba las razones por las cuales se opone a la convocatoria de una «asamblea nacional constituyente ciudadana». Entre otros aspectos, Luisa Ortega Díaz criticaba la forma en que se llevó a cabo la convocatoria, sin consultar al pueblo, y amenazando con desconocer los derechos consagrados en la Constitución de 1999. La Fiscal puntualizaba lo que es obvio para cualquier observador imparcial: que la actual crisis venezolana no requiere sancionar una nueva constitución. Y que este llamado, lejos de solucionar la crisis, amenaza seriamente con agravarla.
Ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a acoger las críticas de la Fiscal –que son, en resumen, las críticas del país–, Ortega Díaz se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, para solicitar la anulación de la convocatoria realizada por el presidente. Y ante la inmediata negativa del Tribunal Supremo, que en la práctica funciona como bufete privado de Maduro, acaba de solicitar un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal, «por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación», previsto en el Código Penal y la propia Constitución venezolana.
La Fiscal ya había acusado anteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de aupar una política que condujo a una ruptura del orden constitucional, tras producir las famosas sentencias 155 y 156, que disolvieron el parlamento venezolano y oficializaron la dictadura de Maduro. Con ello, Luisa Ortega Díaz, quien hasta ese momento había sido una pieza clave del oscuro dispositivo institucional organizado a lo largo de casi dos décadas por el chavismo, produjo una inmensa fractura en el ya debilitado gobierno de Maduro, cuyas consecuencias aún están por verse.
La Fiscal, por supuesto, no actúa en soledad, sino que representa desde las más altas esferas del poder a una porción de la disidencia chavista. Un movimiento absolutamente invisibilizado en el discurso oficial, y poco dado a dejarse retratar en los medios de oposición, por lo que sólo encuentra expresión en las redes sociales y algunos espacios menores de comunicación a su alcance.
Estos grupos disidentes encabezados ahora por la Fiscal, que finalmente parecen comenzar a deslindarse de la enorme maquinaria oficial, no dejan de ser tremendamente contradictorios, aunque coherentes con un cierto habitus del comportamiento chavista. Ya que al mismo tiempo que representan una parte del descontento popular, son, en gran medida, correligionarios de una especie de dogmatismo místico que los lleva a desconocer sin rubor alguno las causas reales de la tragedia venezolana de la cual ellos son víctimas directas.
Son, tal como la Fiscal Luisa Ortega Díaz, abnegados defensores de lo que se denomina popularmente «el legado de Chávez». Admiradores furibundos del difunto comandante, para quienes las causas del hundimiento del país son totalmente ajenas a su delirante gestión, y sólo achacables a los posteriores reacomodos de Nicolás Maduro, «la guerra económica», o la caída de los precios del petróleo.
No obstante, para bien o para mal, estos grupos serán fundamentales en la nueva etapa de transición que vive Venezuela. Una transición en la que todavía no está muy claro si el lento ocaso del chavismo conducirá a una recuperación de la democracia. O si, por el contrario, el fracaso del experimento revolucionario financiado por el petróleo, conducirá a la consolidación de un nuevo régimen dictatorial en la historia de América Latina.
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SIN SALIDA
Un 85% de los venezolanos se opone a que sea modificada la Constitución; esto es, están en contra del intento de Nicolás Maduro de maquillar su dictadura.
Ya nadie defiende al régimen bolivariano, salvo algunas escasas excepciones, no honrosas por cierto, como la de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y desde luego Cuba, el gran beneficiado, a los que en los hechos se suma el de Uruguay, más los “mediadores” con Rodríguez Zapatero a la cabeza, y hasta ahora el papa Francisco, muy presionado por obispos venezolanos cansados de “la blandura” del Pontífice (en reserva se habla de complicidad).
Los prelados venezolanos fueron a Roma a explicarle al Papa que lo que hay en Venezuela es una dictadura y también plantearle, según se asegura, la necesidad de que modifique su postura.
Todo ello tanto por el bien de Venezuela como por su propia imagen: en las últimas semanas ha circulado a nivel continental por WhatsApp un mensaje muy duro contra el jefe de la Iglesia Católica, el que ha sido motivo de muchos artículos de crítica y análisis sobre la conducta vaticana. El mensaje dice “19 muertos en Inglaterra: el Papa habló de ‘barbárico ataque’. 54 muertos en Venezuela. El Papa dijo que dialoguen con Maduro”.
Lo concreto es que un 73% de los venezolanos, según las encuestas, están contra la gestión de Nicolás Maduro. Pero más importante que ello, es lo que dicen los venezolanos con su presencia diaria en la calle, protestando y no cediendo ante la dura represión.
Los números que puede exhibir el Gobierno, en cambio, son elocuentes y terribles: 60 asesinados, 3.000 detenidos de los que la mitad permanecen presos, muchos de ellos torturados, más los presos políticos. Y esto sin mencionar a otros espantos referente a la economía, el abastecimiento, la salud.
Parecería que hay un 27% que apoya a Maduro, pero no es así. Si se descuentan los que no saben y no opinan, y los que temen opinar, los maduristas no llegarían al 18%.
Pero, como se sabe, hay veces que las estadísticas confunden. Y este sería un caso. En ese 18% están Maduro, Diosdado Cabello, los “capos” (hay que llamarles así) de la Corte de Justicia, del Tribunal Electoral y por supuesto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional bolivarianas, más los miembros de los grupos de choque fascistas, todos motorizados, bien armados, arropados y mejor alimentados.
Esta realidad y la decisión de Maduro y todos sus mandos de seguir la política de Asad en Siria de mantenerse en el poder cueste lo que cueste (léase aunque se deba asesinar a todos los disidentes), lleva a concluir que la tragedia venezolana puede ser aun peor.
El chavismo y sus popes, más las fuerzas armadas y policiales están acorralados por sus propios actos. Y esto es malo porque, como se sabe, acorraladas hasta las ratas pelean. Ellos saben que no tiene salida y que solo podrán sobrevivir manteniéndose en el poder. Y harán lo que sea para ello, como lo están haciendo.
Duele pensarlo y mucho más ser augur de malas nuevas, pero no se vislumbra una salida fácil y menos negociada. Y esto lo tienen muy claro los chavistas porque ellos manejan todos los números, los que se conocen y los que solo ellos saben. Aunque los amigos, protectores y mediadores de Maduro, “se den vuelta” (algunos y uno en particular es hábil en este tipo de piruetas) y presionen para una salida, hay un aspecto que tiene que ver con “garantías”, difícil de resolver.
Maduro podría irse a Cuba y quizás algunos más, pero ¿y el resto? A los que tienen bienes e inversiones en EE.UU. no les será fácil: muchos ya están embargados, y a los que buscaron otras costas, tendrán que transitar por caminos muy pedregosos o mares embravecidos para llegar hasta ellas.
Aún en la mejor hipótesis de que pudiera llegarse a una transición dialogada y pacífica hacia la democracia, hay un elemento que va a surgir después y que se sumara a la crisis y la tragedia venezolanas, y tiene que ver con lo que se van a encontrar quienes asuman la conducción del país, tras estas dos décadas de revolución chavista.
Por Danilo Arbilla
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No era esta libertad
El desencanto es, sin duda, el sentimiento más extendido que dejó en muchos aquel espíritu insurrecto de los años sesenta y setenta, el soñado “mayo francés”, el de las proclamas: “abran su imaginación tantas veces como la bragueta”, cuando “hablaron las piedras” porque con los adoquines de París los jóvenes le hicieron saber a la clase gobernante que no estaban de acuerdo con sus políticas. Se luchaba por la libertad, por la igualdad, contra las barreras que nos separaban, por la posibilidad de poder vivir cada uno intensamente sus ideales. Era la época en que el Librito Rojo de Mao pasaba de mano en mano antes que se abrieran las tumbas de los millones de muertos que dejó a su paso el Ejército Rojo, también en pos de sus ideales.
No pretendo hacer poesía en base a aquella época, sino manifestar el desencanto que produce ver a muchos que creíamos estaban luchando por la libertad. Y descubrimos que no era esta libertad. Acabo de ver fotografías del canta-autor catalán Lluis Llach sumado al movimiento independentista catalán cuya hoja de ruta se dirige a un estado autocrático en el que se establecerá la censura de la prensa, se abolirá la división de poderes del Estado y el Poder Judicial será un apéndice del Poder Ejecutivo. Se incautarán los bienes del Estado Español que se encuentren en Cataluña y se dirigirá la mayor parte de ese dinero a publicitar y difundir el independentismo y se decretará la desconexión de España mediante una decisión rápida del Congreso catalán sin que la medida pueda ser discutida por sus miembros.
Entonces, Lluis Llach, como tantos otros, no luchaba por la libertad. Por lo menos, no por esta libertad. Perseguido por su oposición al régimen de Franco, luchaba contra esa dictadura para imponer la suya. Duele pensar que esta fue la actitud de decenas de luchadores por la libertad. Es por eso que hablo de desencanto.
Este canta-autor escribió la canción: “L’estaca” (La Estaca) que terminó convirtiéndose en el himno del sindicato polaco “Solidaridad” que se opuso a la represión soviética en Polonia y más tarde fue la canción de la Revolución Tunecina (2011): “Siset, ¿no ves la estaca / a la que estamos todos atados? / Si no podemos deshacernos de ella / nunca podremos caminar. / Si tiramos fuerte, caerá / y mucho tiempo no puede durar. / Seguro que cae, cae, cae / bien podrida debe de estar”.
Llach formó parte de la llamada “Nueva Canción Catalana”, así como en Sudamérica tuvimos la Nueva Trova. Entre ellos estaban Paco Ibáñez (que le puso música al poema “Andaluces de Jaén” de Miguel Hernández), Raimon y, en cierta medida, Joan Manuel Serrat o Bernardo Fúster que cantó, también de Hernández, “Rosario dinamitera“, una mujer que combatió en la Guerra Civil española y se hizo célebre como dinamitera, lo que le costó una mano: “Rosario, dinamitera, / sobre tu mano bonita / celaba la dinamita / sus atributos de fiera (…) Era tu mano derecha, / capaz de fundir leones, / la flor de las municiones / y el anhelo de la mecha”.
Da la casualidad que mientras la prensa publica las declaraciones de Llach en favor de un Estado autoritario, aparece en “El País” el escritor chileno Jorge Edwards con motivo de presentar un nuevo libro: “Prosas infiltradas”. En la entrevista habla de su desencanto de la Revolución Cubana y recuerda su expulsión de la isla a donde le había enviado Salvador Allende en 1971 como encargado de negocios. Cuando vio cómo trataba Fidel Castro a los intelectuales, se produjo el primer desencuentro que culminaría tres meses más tarde con su expulsión por ser “persona non grata” al régimen.
A raíz del libro “Persona non grata”, en el que narra lo que vio en Cuba, se vio relegado por la intelectualidad latinoamericana en un momento en que estaba de moda ser bendecido por Fidel. A pesar de ello, sigue fiel a sus ideales. En la entrevista afirma que “lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, y lo que pasa con la izquierda emergente en España (“Podemos”), me recuerdan lo que vi al llegar a Cuba”. Son dos formas diferentes de pensar aunque la causa sea la misma: la libertad. Lluis Llach la quiere solo para sí y para quienes piensan como él. Jorge Edwards la mira con madurez y quiere que ella sea posible para todos, incluso para quienes no piensan ni sienten como él.
Por Jesús Ruiz Nestosa
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Goldman Sachs metió la pata en Venezuela
Si hubiera una medalla de oro a la irresponsabilidad social corporativa, debería serle otorgada al banco de inversión Goldman Sachs por su decisión de darle un salvavidas financiero de US$ 2.800 millones al régimen represivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según un artículo del Wall Street Journal que luego fue confirmado por el banco, Goldman Sachs Group Inc. compró US$ 2.800 millones en bonos del monopolio petrolero estatal venezolano PDVSA, la principal fuente de ingresos del Gobierno. La firma pagó alrededor de US$ 865 millones por los bonos.
La compra de bonos, realizada a través de un intermediario, significa que –si Venezuela no se declara en moratoria– los bonos podrían generar una tasa de interés de 19 por ciento al año, más ganancias de capital.
Aunque no es raro que los bancos compren deudas de los países en quiebra, esta compra llama la atención porque viene en un momento en que el régimen de Maduro está contra las cuerdas, tras masivas protestas callejeras que han dejado casi 60 muertos en las últimas semanas.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, envió el 29 de mayo una carta de protesta al presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, diciendo que la “línea de salvación financiera del régimen servirá para reforzar la brutal represión desencadenada contra cientos de miles de venezolanos que protestan pacíficamente por el cambio político”.
Borges escribió que, considerando “el carácter irregular” de la transacción y sus “absurdas condiciones financieras”, el Congreso venezolano abrirá una investigación sobre el caso. Y agregó que recomendará “a cualquier futuro gobierno democrático de Venezuela que no reconozca ni pague estos bonos”.
El profesor de economía de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de planificación de Venezuela, me dijo que lo que ha hecho Goldman Sachs “equivale a financiar una dictadura”.
“Goldman Sachs ha comprado bonos de hambre”, me dijo Hausmann. “El daño reputacional a Goldman Sachs será mucho mayor que los beneficios financieros que pueda obtener de esta operación”.
Días antes de conocerse la compra de Goldman Sachs, Hausmann había escrito una columna criticando el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan por sus transacciones con Venezuela. Aunque Venezuela representa solo el 5 por ciento de ese índice de JP Morgan, constituye una parte considerable de su rendimiento, porque la posibilidad de un default venezolano hace que los intereses que paga sean más altos.
Hausmann dice que los inversores se están engañando a sí mismos si piensan que no están haciendo algo malo, y que están comprando la deuda venezolana con la esperanza de que caiga Maduro. Una vez que Maduro se vaya, esos inversionistas estarán en el lado opuesto a la democracia, porque estarán apoyando el pago preferencial de sus bonos, en vez de querer que un nuevo gobierno comience a invertir en la reconstrucción del país, dijo.
Hausmann admitió que sería poco realista –e injusto para con otros países emergentes en el fondo de JP Morgan– exigir que los inversionistas dejen de comprar papeles financieros de todos los países, porque Venezuela solo representa una pequeña parte de ellos. La solución es que el público presione a JP Morgan para que elimine a Venezuela de sus fondos de mercados emergentes, me dijo Hausmann.
Mi opinión: Afortunadamente, mucho ha cambiado para mejor desde que algunas voces aisladas comenzaron a proponer las inversiones socialmente responsables en el siglo XVIII, y después de que la idea fue adoptada por cada vez más inversionistas desde los años 1960. Hoy en día, los inversores –especialmente los millennials– son mucho más propensos a invertir en empresas y países que respetan el medio ambiente y no suprimen los derechos civiles o políticos.
Es difícil prohibir que inversionistas sin conciencia social compren bonos venezolanos que rinden altos intereses si quieren jugar con su dinero, y arriesgarse a perder su dinero. También pueden ir al casino. Pero lo que podemos hacer es avergonzar públicamente a los bancos que rescatan a regímenes represivos como el de Venezuela. Y hay que hacerlo hasta que los bancos se den cuenta de que no vale la pena el dolor de cabeza.
Por Andrés Oppenheimer
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La plaga del siglo XXI
Por Ilde Silvero
Corrupción. Tal es el nombre de la mayor plaga del siglo XXI para la convivencia política de los pueblos contemporáneos. Es un fenómeno mundial, aunque se manifiesta con más graves consecuencias negativas en las naciones del Tercer Mundo por la debilidad de sus instituciones estatales.
En varios países de América Latina, la corrupción ha hecho estragos a través de la relación de cómplices en el delito de autoridades públicas sobornadas y grandes empresas transnacionales y locales que pagan las coimas, habitualmente, por la sobrefacturación de obras o servicios públicos.
Las raíces de la ahora sufrida y castigada Venezuela tienen menos que ver con inclinaciones ideológicas del “socialismo bolivariano” que con la ambición económica desmedida de Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, después. El país sufrió un intenso y sistemático vaciamiento de las arcas estatales y el gigantesco enriquecimiento ilícito de los dueños del poder en la misma medida en que la pobreza y la miseria se iban apoderando del pueblo.
En nuestra vecina Argentina ocurrió un proceso parecido, aunque con menor dramatismo. Los sucesivos gobiernos de los Kirchner sirvieron para el enriquecimiento de la familia de ambos presidentes y de un reducido grupo de aliados incondicionales, tanto de funcionarios públicos corruptos como de empresarios cómplices. La economía argentina se estancó y retrocedió en varios sectores y hasta ahora no ha podido recuperarse.
Donde la corrupción ha arrasado con el sistema político y ha convertido en un infierno la convivencia pública es en el Brasil. Los dos presidentes anteriores y el actual están involucrados en gravísimas denuncias de grandes negociados y sobornos a costillas de los fondos del erario público. El expresidente Lula soporta varios casos judiciales por corrupción, la exmandataria Dilma fue destituida del cargo presidencial por el mismo motivo y ahora el jefe de Estado, Temer, enfrenta un huracán de protestas de la ciudadanía que exige su dimisión inmediata debido a denuncias con pruebas de haber participado en coimas a funcionarios de sus propios ministerios.
Como Brasil es un gigante, ya que su Producto Interno Bruto es mayor que los PIB de todos los demás países sudamericanos juntos, no resulta extraño que la poderosa empresa Odebrecht aparezca como promotora de casos de sobornos en gran escala en diversos países del continente tales como Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Las organizaciones políticas, civiles y la ciudadanía en general debemos estar alertas para combatir las posibles ramificaciones locales de esta plaga mundial del presente siglo.
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Mientras Venezuela arde
Por Julián Schvindlerman
A Nicolás Maduro le vendría bien tener a mano un moderno duque de La Rochefoucauld. A él se dirigió el rey Louis XVI al anochecer del 14 de julio de 1789 con una simple pregunta: “¿Es esto una revuelta?”. Aquella mañana parisina había comenzado con el ataque popular a la prisión de la Bastilla; en horas de la tarde, la multitud desfiló por la ciudad con la cabeza del gobernador clavada en una lanza. Respondió entonces el duque: “¡No, señor, es una revolución!”.
No estoy seguro de que el país caribeño haya entrado ya en esa fase irreversible de su estadio histórico, pero la imagen de una estatua de Hugo Chávez tirada al suelo por una turba en Rosario de Perijá, próxima a Maracaibo, bien podría ser un presagio iconográfico de los tiempos políticos por venir.
El Presidente de Venezuela no parece estar enterado del dramático momento que está atravesando el país. Sordo a los reclamos de su pueblo, está abierto, sin embargo, a platicar con animales.
Durante una reciente visita a la Expo Venezuela Producción Soberana dialogó con vacas, micrófono en mano: “Convoco desde ya a la Constituyente, quiero que voceros y líderes y productores del campo sean próximos diputados y diputadas de la Constituyente”, dijo Maduro mirando fijamente a los mamíferos. “¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la Constituyente?”, indagó antes de marcharse, sin obtener respuesta. Hay que ver el video para creerlo. Ya sabíamos que conversaba con pajaritos. “Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo que el comandante estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo”, declaró el Presidente durante un acto en Sabaneta, ciudad donde nació Chávez.
El pueblo venezolano está desesperado. No tiene alimentos para sobrevivir, ni medicinas para curarse, ni dinero que valga ante una inflación galopante, ni seguridad policial para resguardarse de los criminales, ni un parlamento que pueda garantizar sus derechos, ni una corte de Justicia que intervenga en su favor. Los venezolanos están desahuciados, oprimidos y desconcertados. Y no menos grave, están abandonados. Abandonados por un Papa populista que les ha dado la espalda. Abandonados por los líderes latinoamericanos, que desoyeron los llamados urgentes de Luis Almagro para aplicar la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando se estaba a tiempo. Abandonados por la izquierda de limusina –Sean Penn, Oliver Stone, Michael Moore– que, ocupada como está militando contra Trump, se ha olvidado del adulado proyecto bolivariano.
Venezuela es primero un problema latinoamericano y después hemisférico. Sin embargo, ha sido Estados Unidos, y no los países latinoamericanos, el que ha estado imponiendo sanciones contra el régimen de Caracas. Comenzaron con Barack Obama en el 2014, tras la sangrienta represión de las marchas opositoras que dejaron 43 muertos y cientos de heridos.
Luego, Washington congeló los bienes que tenían en EE.UU. funcionarios venezolanos vinculados con la represión y les anuló sus visados. En el 2015, Estados Unidos declaró a Venezuela una “amenaza a la seguridad nacional” y amplió las sanciones. Tras asumir el mando, Donald Trump continuó esta política. En febrero acusó y sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami de ser un narcotraficante, y este mes anunció nuevas sanciones ni bien Maduro llamó a reemplazar la Constitución.
Ninguna nación latinoamericana puede ni remotamente mostrar un accionar semejante. Todo lo que pueden hacer es convocar a reuniones urgentes, emitir comunicados, respaldar a Francisco cuando desde Roma insta (otra vez) al diálogo, y mostrarse compungidos por el destino trágico de los venezolanos. ¿Acciones concretas? Muy poco. El secretario general Luis Almagro intentó movilizarlos, sacarlos de su sopor diplomático, forzarlos a hacer algo. En vano.
Aun con Dilma Rousseff, Rafael Correa y Cristina Kirchner fuera del sillón presidencial, y con una nueva camada de líderes no populistas en varios gobiernos de la región, las naciones latinoamericanas no han hecho nada tangible para alivianar el padecimiento del pueblo venezolano. Hasta el Parlamento Europeo –desde Estrasburgo– aprobó al menos diez resoluciones de condena contra la represión y la violación de libertades del régimen de Caracas.
Eso es lo más lejos que han llegado las “naciones hermanas” en la OEA: han repudiado públicamente al gobierno caraqueño. Prestas para el comunicado de protocolo y la declaración conjunta de rigor, las naciones de América Latina no han hecho, hasta el momento, mucho más que eso por los venezolanos. Ofendido incluso ante este minimalismo diplomático latinoamericano, Maduro sacó a Venezuela de la OEA dando un portazo. Cuesta imaginar una situación más vergonzante para la región.
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Un plan de acción para Venezuela
Los países más grandes de América Latina han intensificado su presión sobre el régimen venezolano en los últimos días, pero la región debería tomar medidas mucho más contundentes para detener la brutal represión gubernamental contra las protestas opositoras que ya ha causado al menos 45 muertes.
Antes que nada, hay que aplaudir el hecho de que los países más grandes de la región votaron esta semana a favor de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoca a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores el 31 de mayo para discutir la crisis política y humanitaria de Venezuela.
Esta fue una victoria para las fuerzas prodemocráticas, porque el régimen venezolano había tratado de impedir esa reunión de alto nivel. La propuesta fue aprobada por 18 votos –incluidos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú– con 13 abstenciones, muchas de las fueron de países caribeños que dependen de las subvenciones petroleras de Venezuela.
Pero la mala noticia es que una mayoría de 18 votos no bastará para imponer sanciones diplomáticas regionales a Venezuela. Bajo las reglas de la OEA, la reunión del 31 de mayo necesitaría una mayoría de dos tercios, o por lo menos 24 votos, lo que según fuentes diplomáticas será difícil de lograr.
Ante esta situación, si Venezuela no restablece inmediatamente la democracia –como está obligada a hacer bajo tratados interamericanos– los países de la región deberían tomar los siguientes pasos:
Primero, emitir una declaración del mayor número posible de países en la reunión de cancilleres de la OEA, exigiendo la celebración de elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela, supervisadas por observadores internacionales creíbles; la restauración de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, y la liberación de todos los presos políticos.
La reunión también debería nombrar una delegación de cancilleres para viajar a Caracas e informar a la asamblea general anual de la OEA que se realizará en Cancún, México, el 21 de junio, sobre la situación en ese país.
En segundo lugar, en preparación de la reunión anual de la OEA en Cancún, los presidentes latinoamericanos deberían hacer personalmente declaraciones exigiendo elecciones libres anticipadas en Venezuela. Hasta ahora, con pocas excepciones notables como los presidentes de Perú y Argentina, la mayoría de esas demandas han sido hechas por funcionarios de nivel inferior.
Tercero, en la reunión anual de la OEA, los países latinoamericanos deberían obtener una mayoría de dos tercios de votos para exigir explícitamente elecciones libres anticipadas y monitoreadas por observadores de la OEA y de la Unión Europea. Washington y los países latinoamericanos deberían encontrar la forma de convencer a Haití y otros países caribeños a apoyar ese pedido.
Una demanda regional explícita pidiendo elecciones anticipadas sería importante. Hasta ahora, los países miembros de la OEA sólo han hecho vagas demandas a Venezuela para que “cumpla con su calendario electoral”.
Hay quienes son escépticos sobre todo esto, diciendo que al presidente venezolano Nicolás Maduro le importan un rábano las declaraciones de los países vecinos. El anuncio de Maduro de que convocará a una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución como la cubana lo dice todo, afirman.
Mi opinión: No estoy de acuerdo. La presión diplomática regional sobre la dictadura de Maduro es esencial no solo para darle apoyo moral a la oposición en Venezuela, sino también para profundizar las crecientes grietas dentro del régimen de Maduro y hacer posible una solución electoral.
Ya hemos visto en las últimas semanas importantes funcionarios chavistas tomando distancia del régimen de Maduro, como la fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega.
Con encuestas que muestran que el 80 por ciento de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, las sanciones de los Estados Unidos contra varios funcionarios venezolanos acusados de represores y que tienen una fortuna en los bancos estadounidenses y la creciente presión diplomática de países latinoamericanos que hasta hace poco eran aliados del régimen chavista, la coalición de Maduro podría desmoronarse.
Las democracias de las Américas deben hacer un llamado explícito a elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. La alternativa será la cubanización total de Venezuela, un mayor derramamiento de sangre, una crisis humanitaria cada vez más profunda y cientos de miles de venezolanos más que buscarán refugio en países vecinos.
Por Andrés Oppenheimer
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