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Nueva era brasileña

La era del Partido de los Trabajadores, que ha gobernado Brasil desde el 2003, está por llegar a su fin. El juicio político a la presidenta Dilma Rousseff que el Senado está realizando muy probablemente terminará en su destitución esta semana.
Rousseff y sus defensores denuncian un golpe de Estado. Pero es probable que este juicio político más bien termine fortaleciendo a las instituciones y conduzca a una mejora de las políticas que han llevado al país a su peor recesión desde los años treinta y que hace poco eran consideradas un modelo a seguir por combinar estabilidad económica y políticas sociales ilustradas.

Descartemos de una vez la idea de que la destitución de Rousseff sería un golpe. Estemos o no de acuerdo con el juicio, se está llevando a cabo de acuerdo a ley y al Estado de derecho, y suponer lo contrario debilita la legitimidad del Congreso y la democracia brasileña. La Constitución delinea claramente cómo y por qué se debe realizar un juicio político, y la Corte Suprema ha avalado su legitimidad. Dado que ocho de los once miembros de la corte fueron nombrados por Rousseff y su antecesor, Lula da Silva, el relato de un golpe es poco creíble.

La última vez que un juicio político destituyó a un presidente brasileño fue en 1992 y, tal como observan los analistas Diogo Costa y Magno Karl, fue recibido como una “victoria para la democracia” y terminó mejorando las políticas del país. (Y no es que el Partido de los Trabajadores-PT no crea en los juicios políticos. El PT intentó realizarlos contra los tres presidentes elegidos democráticamente que precedieron a Lula).

Este juicio también puede tener un impacto positivo. Ayudará a mitigar las políticas propias del capitalismo de Estado, a veces llamado capitalismo de compadres, que fueron la esencia de los gobiernos de Lula y Rousseff. La política del Partido de los Trabajadores la describe bien Alex Cuadros en su nuevo libro (“Brazillionaires”). Consistió en fortalecer los lazos entre el poder político y el económico bajo la idea de invertir en industrias estratégicas, generar alto crecimiento y financiar programas sociales como Bolsa Familia. Para eso, el Estado otorgó créditos fáciles a grandes empresas y empresarios. Los subsidios a través de los bancos públicos aumentaron de un 0,4% del PBI en el 2007 a 9,7% en el 2013.

En la práctica, se creó una relación enfermiza entre el poder político y el poder económico en la que los grandes empresarios, con el apoyo de créditos estatales, amparaban financieramente a los políticos importantes, quienes a su vez respaldaban a los empresarios. Los subsidios estatales eran tan importantes que para el 2014 los bancos públicos tenían una cuota de mercado más grande que los privados y participaban en más de 700 grandes empresas brasileñas.

Estas políticas no eran sostenibles –incluso con el ‘boom’ de materias primas que también llegó a su fin– y llevaron a que el Estado se endeudara a tasas de interés elevadas. Según Cuadros, lo que Rousseff llegó a “gastar en un año de pagos de intereses –dinero transferido a bancos y familias pudientes– sobrepasó doce años de gastos en el programa social Bolsa Familia”. La economía brasileña sigue contrayéndose, lo que ha implicado recortes a los programas sociales.

El modelo económico del PT también alentó la corrupción a gran escala. Los casos sobresalientes son el Mensalão, en el que se sobornaron a legisladores, y Lava Jato, en el que transferencias ilegales multimillonarias de la empresa estatal Petrobras beneficiaron a importantes empresarios y políticos.

La sorpresa de Brasil es que esos casos han resultado en la detención y la condena de numerosas personas poderosas del mundo político y empresarial. Esto se debe a cambios institucionales y legales, como permitir que un acusado pueda delatar a otra persona a cambio de una reducción en su sentencia, y al nombramiento de fiscales, jueces y policías basado en el mérito. El juicio político actual, al hacer que la figura del presidente rinda cuentas, también fortalecerá las instituciones, como ocurre en estos casos.

Michel Temer, quien será el nuevo presidente, parece tener un control del Congreso como no lo tenía Rousseff y planea reformas para controlar el gasto y abrir la economía. No hay que esperar medidas radicales, pero sí que Brasil ande por mejor camino.

Por Ian Vásquez

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Un comentario en “Nueva era brasileña

  1. Brasil después de la destitución de Dilma Rousseff

    Brasil ha tenido cuatro presidentes desde que la democracia fue restaurada en 1985. Solo dos llegaron al término de sus mandatos. El miércoles, Dilma Rousseff fue expulsada del cargo en medio de gran agitación política y múltiples denuncias de irregularidades.

    La mayoría de los senadores votó para condenar a Rousseff por el uso de fondos de bancos estatales para disimular el déficit el presupuesto del gobierno antes de su reelección en 2014. Los legisladores calificaron esa medida como un delito; aunque otros presidentes utilizaron trucos presupuestarios similares. La salida de Rousseff marca el final de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, una agrupación que utilizó los ingresos estatales generados por el auge de las materias primas para sacar de la pobreza a millones de personas pero que fue perdiendo el apoyo popular cuando la economía entró en recesión.

    Rousseff denunció el proceso como un golpe de Estado organizado por sus oponentes políticos, que la veían como una amenaza porque ella no suspendió una investigación de corrupción que involucró a decenas de miembros de la clase dirigente del país. Comparó el caso en su contra con el periodo de gobierno militar, cuando ella fue una de las cientos de personas detenidas y torturadas.

    “Hoy el senado tomó una decisión que será recordada como una de las grandes injusticias de la historia”, dijo en un discurso desafiante después que los legisladores votaron 61 a 20 para impugnar su mandato. “Sesenta y un senadores subvierten la voluntad expresada a través de 54,5 millones de votos”.

    Rousseff se comprometió a luchar contra lo que describió como un intento de una coalición de políticos de derecha, ligados a acusaciones de corrupción, de secuestrar el proceso político. “El proyecto nacional progresista, incluyente y democrático que represento está siendo detenido por una poderosa fuerza conservadora y reaccionaria”, dijo.

    Será una vergüenza si la historia demuestra que tenía razón. Pero el legado de Rousseff, y los acontecimientos que provocaron su caída, son más complejos de lo que ella reconoce. La mandataria se volvió profundamente impopular cuando inició la recesión y no pudo crear la coalición necesaria para gobernar con eficiencia. Cuando los funcionarios comenzaron a investigar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por acusaciones de corrupción, ella abusó de su autoridad al darle un puesto en el gabinete y protegerlo del proceso.

    Hay medidas concretas que el nuevo gobierno puede tomar para empezar a restaurar la confianza de los brasileños en su élite política, todavía plagada de escándalos. Michel Temer, quien se convirtió en presidente interino en mayo cuando se suspendió a Rousseff y ayer tomó las riendas del país, debe permitir que las investigaciones de corrupción sigan su curso y debe rechazar las iniciativas legislativas destinadas a evadir las pesquisas de los fiscales.

    En los pocos meses que asumió el cargo, la economía de Brasil ha mejorado modestamente porque los mercados han reaccionado positivamente a sus planes económicos, que incluyen la privatización de las empresas públicas y una reforma al complicado sistema de pensiones del país.

    Aunque equilibrar el presupuesto requerirá dolorosos recortes, Temer debe ser prudente con la disminución de los programas sociales que aseguraron la popularidad del Partido de los Trabajadores. Hasta que los brasileños puedan elegir a un nuevo presidente en 2018, él debería honrar el proceso democrático del país al ser deferente con la última plataforma que respaldaron los ciudadanos.

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    Publicado por Anónimo | 2 septiembre, 2016, 08:49

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