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Colombia: el juego de fondo

Mientras Cuba siga siendo el bastión de una dictadura comunista que dispone de recursos militares, políticos y diplomáticos para proyectar acciones subversivas en el continente, toda guerrilla colombiana, desmovilizada o no, desarmada o no, convertida en partido político o no, seguirá cumpliendo tareas nefastas y de destrucción institucional.
Pues no hay grupo de izquierda o guerrilla desmovilizada alguno en Colombia que se haya sustraído realmente a la influencia ideológica de la Cuba castrista. Las Farc, desmovilizadas o no, no serán la excepción. Serán la confirmación de la regla. Si no se entiende esto no se puede ver qué riesgos encierra, a corto y largo plazo, el pretendido “proceso de paz” que el gobierno de Juan Manuel Santos aceptó gestionar, en mala hora, y desde hace más de cuatro años, bajo los auspicios interesados de Raúl Castro.

Colombia sabe muy bien que la impunidad de que gozaron las guerrillas desmovilizadas en años pasados no reforzó el sistema democrático. Esos arreglos se convirtieron en el mejor resorte para que esas fuerzas, bajo diversos disfraces y gracias a la orientación cubana, lanzaran operaciones de destrucción institucional, silenciosas y efectivas, sin que la sociedad pudiera encontrar medios efectivos para poner fin a esa injerencia.

Por eso el desgaste de la seguridad nacional en Colombia es tan avanzado.

Lo que ocurrió con la guerrilla del M-19 ilustra ese fenómeno. Tras su desmovilización en marzo de 1990, gracias a la política de “perdón y olvido” concedida por el presidente Virgilio Barco, esa corriente, bajo ropajes banales, logró que Colombia cambiara de Constitución y debilitara su sistema judicial. Se dedicó enseguida a montar procesos de venganza contra los militares. Con testigos falsos, pruebas fabricadas y complicidad de jueces y fiscales fanatizados, esa corriente logró llevar a la cárcel, en 2007, a los militares que frustraron el golpe de Estado que el M-19, con ayuda del narcotraficante Pablo Escobar, iba a perpetrar con el sangriento asalto al palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. La primera víctima de esa patraña, el Coronel Alfonso Plazas Vega, fue declarado inocente en diciembre de 2015, por la Corte Suprema de Justicia. Iniciado 22 años después de los hechos, ese “proceso” se había convertido en el mayor escándalo judicial del país. Los intrigantes fueron vencidos pero alcanzaron a hacer mucho daño. El Coronel Plazas pasó más de ocho años detenido y sometido a los peores tratos, mientras que los autores de la matanza del palacio de Justicia eran premiados con puestos de responsabilidad política. Otros altos militares, sobre todo el General Jesús Armando Arias Cabrales, siguen detenidos por lo del Palacio a la espera de que la justicia los ponga en libertad.

El M-19 había prometido la paz. Su juego real, con contadas excepciones, fue de rencor y odio. Los montajes citados sirvieron de modelo para detener y arruinar la vida de miles de personas. Desde finales de 2008, los llamados “falsos positivos judiciales”, impulsados por “colectivos” de extrema izquierda, sirvieron para empapelar y encarcelar a miles de civiles y militares inocentes.

Esos grupos también lanzaron los procesos por “nexos con el paramilitarismo” para desestabilizar a la clase política, sobre todo a quienes veían como sus enemigos, y para lograr que el poder legislativo perdiera su independencia ante un poder judicial cada vez más crecido y, desde finales de 2010, ante un poder ejecutivo aliado al judicial para sacar adelante su agenda política. Entre 2006 y 2009, 133 congresistas y excongresistas fueron “implicados” en procesos. Solo 6 de ellos fueron condenados. Esa proporción muestra que dichas acusaciones eran un instrumento de desestabilización de los partidos. El objetivo oculto de tales operaciones, que siguen hoy en día, es quebrantar psicológica y políticamente al sector defensor del sistema liberal y quebrar, sobre todo, la moral del Ejército, el mejor escudo que Colombia tiene contra las tentativas de destrucción de la democracia.

En cambio, las investigaciones por “Farc-política” fueron archivadas. Y los desmovilizados siguieron en su ofensiva. Las alcaldías donde algunos de ellos se incrustaron, mediante elecciones, para reforzar sus redes y proyectos, tomarán muchos años para reparar los daños sociales que causó esa gente, sobre todo en Bogotá, en materia de movilidad, clientelismo, corrupción, pobreza, atraso, consumo de drogas, inseguridad, etc.

Solo al final de sus polémicos cuatro años como Fiscal General, Eduardo Montealegre, un exmilitante de la Juco, aceptó imputarles cargos a los cinco jefes del Eln por los “ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país”, que dejaron pérdidas superiores a los 65 billones de pesos. Fue una gesticulación para la galería. Nadie ha sido enjuiciado. Nada hizo él contra la jefatura de las Farc con la disculpa de que ella se encontraba negociando la paz con el gobierno.

Acicateado por la ineficacia de su sistema, el régimen cubano debe buscar el control de otros países para apropiarse de su renta. Fue lo que realizó en Venezuela. Las libertades y la economía del mayor país petrolero de América Latina fueron destruidas para que La Habana sobreviviera tras el colapso de la URSS. Cuba espera hacer otro tanto con Colombia, mediante el falso proceso de paz con el cual pretende instalar en el poder a sus mejores amigos. Las aventuras del chavismo en Argentina, Brasil y Perú fracasaron. Le quedan Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Y Colombia está ahora en la mira.

Aun antes de lo de Venezuela, La Habana ya había perturbado otros procesos nacionales. Las guerrillas que formó y financió durante décadas en casi todos los países latinoamericanos, todas derrotadas, es un terrible capítulo bien conocido por el que esa dictadura tendrá que rendir cuentas un día. Otros procesos, como la pretendida “vía pacífica al socialismo” de Salvador Allende aparecen ajenos al castrismo. Sin embargo, ese experimento también cayó bajo esa influencia. Simulando respetar los planes del allendismo, Cuba propició la creación de violentos escuadrones en Chile (Eln, Ftr, Mcr, Fer, Jrr, Vop, Mir) para que aceleraran y radicalizaran el proceso. Los “comandos comunales”, los “consejos campesinos”, los “comandos estudiantiles”, los “comandos industriales”, casi todos armados, destinados a liquidar a la “oposición reaccionaria” y a “destruir el aparato burgués”, pretendían llegar a un enfrentamiento armado general. La importación clandestina de armas desató el escándalo de los “bultos cubanos” que el parlamento chileno trató de impedir mediante una ley de octubre de 1972. Dirigido por un sobrino de Allende –crítico del allendismo– el Mir trató de infiltrar al Ejército chileno para tratar de impedir las “conspiraciones militares”.

El golpe militar de 1973 fue la respuesta a la dinámica de creación de un “doble poder” para desbordar a Allende y “desatar la revolución”. Durante esos tres años, la violencia “política” dejó más de una centena de muertos, sin hablar del atentado, el 8 de junio de 1971, del exvicepresidente de la República, Edmundo Pérez Zujovic, demócrata cristiano. Horrorizado, Salvador Allende ordenó una investigación. Esta reveló que el asesino era el fundador de Vanguardia obrera del pueblo (Vop), que Allende había indultado poco antes. La misma muerte de Allende sigue siendo un misterio. El relato de Fidel Castro en el que Allende muere “acribillado mientras disparaba contra los fascistas”, fue contradicho por Gabriel García Márquez, quien ubicó esa muerte en otro momento del asalto al palacio presidencial. La hipótesis del “suicidio” de Allende –rechazada en 1973 por Isabel, la hija de Allende– pero aceptada por ella en 1993, fue contestada por Juan Vives, un exagente secreto de Fidel Castro. Él afirmó en 2005 que Salvador Allende había sido “ejecutado” u obligado al suicidio por uno de sus guardaespaldas cubanos pues Fidel Castro quería “forjar el mito de un Allende muerto en combate y no quería que él cayera vivo en manos de los militares, pues temía que revelara ciertos secretos del Estado cubano”.

¿Alguien puede pensar que una firma de las Farc para “ponerle fin al conflicto” en Colombia será respetado por La Habana? ¿Las Farc escaparán a la obsesiones hegemonistas de Cuba? No. El gobierno de la isla-prisión sigue en las mismas. Lo que hace en estos momentos en Nicaragua lo confirma.

Daniel Ortega, jefe del sandinismo y peón de Cuba en Centroamérica, avanza en su designio totalitario. No contento con concentrar casi todos los poderes en sus manos, y con haber cambiado la Constitución para hacerse reelegir indefinidamente, y con haber puesto a sus hijos a controlar el sector financiero y los medios de información, Ortega obra para que Rosario Murillo, su esposa, sea elegida vicepresidente en unas elecciones donde él, quien aspira a ser elegido por tercera vez, no tendrá contendor, pues sacó del juego al opositor Luis Callejas. Los miles de jóvenes que en los años 70 se hicieron matar para derrotar a Somoza, han sido traicionados: Ortega quiere hacer de Nicaragua otra dinastía familiar como la de los Somoza, pero castrista.

¿Con esos antecedentes y ese marco geopolítico alguien puede creer que un gobierno salido de un “acuerdo de paz” con las Farc no será rápidamente penetrado hasta los tuétanos por los agentes de Castro? ¿Alguien puede creer que Colombia con unas Farc desmovilizadas o no seguirá siendo una sociedad abierta y democrática? ¿Y que los protagonistas de hoy no serán defenestrados después por los bonzos de La Habana?

Por Eduardo Mackenzie

 

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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“La muerte no existe, la gente solo muere cuando es olvidada; si puedes recordarme, siempre estaré contigo”.1/12/16
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