Colombia: ¿paz a cualquier precio?

Hace unos días se anunció el inicio de un nuevo proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si las negociaciones con la segunda guerrilla más grande del país terminan pareciéndose al acuerdo al que está llegando la administración Santos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), no será causa para celebrar.

Cuando empezaron las negociaciones con las FARC en noviembre del 2012, el Gobierno dijo que esperaba concluirlas en cuestión de meses, no de años. Acaba de pasar una fecha límite para firmar el acuerdo, lo cual pone en duda cuándo y cómo se ratificaría.

La mayoría de los colombianos están a favor de que se lleve a cabo un proceso de paz. El conflicto armado, después de todo, se ha extendido por más de medio siglo en el que cientos de miles de colombianos han muerto, millones han sido desplazados, y decenas de miles han desaparecido.

En la medida en que han avanzado las negociaciones, sin embargo, y conforme se conocen los detalles de lo acordado, la popularidad del proceso ha caído. Según una encuesta reciente de Gallup, la mayoría de los colombianos piensa que no andan bien las negociaciones. Según otro sondeo de esta semana, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos ha caído a 13%, el punto más bajo para cualquier presidente en la historia de Colombia.

La creciente desconfianza de los colombianos hacia las negociaciones y su líder está bien fundamentada. Tras el anuncio en diciembre del acuerdo entre las FARC y el gobierno sobre cómo tratarán los casos de graves violaciones a los derechos humanos, queda claro que la justicia misma se está vulnerando en su nombre y en nombre de la paz. Por eso, la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha criticado fuertemente al acuerdo.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicha ONG, aclara: “Nuestra principal objeción al acuerdo de justicia… es que no garantiza justicia. Al contrario, lo que garantiza es más bien impunidad. En este acuerdo, a cambio de la confesión de criminales de guerra y de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, se les asegura que no irán a prisión”.

Las FARC y el Gobierno Colombiano han acordado establecer un sistema alternativo de justicia dentro del proceso de paz que, según Vivanco, está lleno de un “lenguaje vacío” alevoso acerca de la rendición de cuentas, la reparación de las víctimas, garantías de que no se repitan tales atrocidades, etc. En la práctica, lo acordado no priva a criminales confesos de las FARC de su libertad. En su lugar, se crea una “jurisdicción especial” en la que los peores violadores de derechos humanos de la guerrilla –y hay muchos– tendrían simplemente que cumplir con servicio comunitario, como ayudar a construir un colegio, por ejemplo. Y, según el lenguaje del acuerdo, esta “condena” podría hasta cumplirse en menos de cinco años.

Denuncia Human Rights Watch que tratar los crímenes de lesa humanidad de esa manera sería una violación por parte de Colombia de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Choca con el sentido común y explica por qué, de acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 90% de colombianos está en contra de que los líderes de las FARC que confiesen sus delitos no vayan a la cárcel.

El acuerdo tiene otros problemas que denuncia la ONG. No hay muchas restricciones al movimiento de criminales confesos, ni consecuencias descritas si se violan las sanciones impuestas bajo la jurisdicción especial. El acuerdo establece que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad podrán, en contra del derecho colombiano, participar en la política mientras cumplen sus “condenas”. No hay ninguna garantía de que los miembros de la jurisdicción especial que interpretan la letra del acuerdo serán independientes de ambas partes.

“Es muy difícil construir un proceso de paz sobre la base de estos niveles tan grotescos de impunidad”, declara Vivanco. El presidente Santos, repetidamente, prometió que el acuerdo será sometido a un plebiscito. Ahora su gobierno está sugiriendo que esa vía no sería constitucional, lo cual implica pasarlo por el Congreso donde tiene mayoría. Así, la legitimidad del proceso de paz seguirá de picada.

Por Ian Vásquez (*)

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