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Colombia es un mar de coca

Extrañaría a más de uno la farsa que montó el Gobierno a propósito de las cifras desoladoras que se conocieron sobre la producción de cocaína. El ministro de Defensa –Juan Carlos Pinzón– prometiendo que van a erradicar decenas de miles de hectáreas a machetazo limpio y el del Postconflicto –Rafael Pardo– descubriendo que el país no podrá vivir jamás pacíficamente mientras la coca y la cocaína sean el gran negocio nacional.


La sorpresa del espectador tiene razones poderosas. ¿Por qué les molesta el narcotráfico después de haberlo prohijado, estimulado y protegido? ¿Por qué?

La causa de este espectáculo resulta obvia: los Estados Unidos no toleran que Colombia siga inundando sus ciudades con ese tósigo maldito y le han llamado seriamente la atención a Santos. La cocaína colombiana se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años creando un problema de salud pública de los mil demonios en los países consumidores.

La producción de cocaína en Colombia empezó a gran escala en el gobierno de Samper, en tanto parecido al de Santos. Por supuesto que cuando tuvo que reconocer que trescientos mil campesinos se habían dedicado a la tarea de sembrar, raspar, producir pasta y luego clorhidrato para empacarlo hacia los mercados externos, prometió que no acabaría su gobierno sin extirpar esas condenadas siembras. Ya vimos en qué terminaron esas promesas.

Álvaro Uribe no hizo promesas, sino que se dedicó en firme a cumplir su deber, convencido como estaba que ese era “el combustible que alimentaba todas las guerras”. Al terminar su mandato, los cultivos no superaban las cincuenta mil hectáreas, la tercera parte de las que encontró, y la producción estaba por las 250 toneladas, menos de la tercera parte de las que se producían en el 2002.

Juan Manuel Santos, movido por las FARC que han sido el poder real en su gobierno, prohibió los bombardeos sobre los campamentos de los bandidos que se concentran alrededor de las zonas de cultivo; eliminó la fumigación aérea, única fórmula eficaz para ganarles la partida a los sembradores; acabó la lucha contra los precursores, en especial contra los dos indispensables, el cemento y la gasolina; cerró la llave a las extradiciones, lo único a lo que realmente temen los narcotraficantes y se desentendió de la extinción de dominio sobre sus bienes, lo que cierra el circuito de la ofensiva contra ese delito, trágico para el país.

Esa política de estímulo y esa forma de alcahuetería a gran escala produjeron los resultados obvios. La zona sembrada pasó hace rato la cota de las cien mil hectáreas, y exportamos por fronteras terrestres y marítimas por los menos 600 toneladas del alcaloide, hecha ya la deducción de las incautaciones.

Traigamos a plata las hectáreas y las toneladas, para aterrizar el problema. Nos olvidamos de la venta del gramo a cien dólares al comprador final, porque la cifra supera la memoria nuestra y la del computador también. Así que nos retraemos al precio del kilo de cocaína que cobra el narco colombiano al que pasa la frontera o se mete al mar con la “merca” como dicen en el lenguaje de la mafia. Eso significa que por la cocaína no interceptada los bandidos, los de las FARC a la cabeza y de lejos, están recibiendo treinta billones de pesos anuales por el negocito.

Todos los bancos que trabajan en Colombia, nacionales y extranjeros, ganaron en 2015 diez billones de pesos. Esa es la tercera parte de las utilidades de los bandidos que comandan los próceres que negocian la “paz” con Santos en La Habana. Y no hemos hablado de la explotación del oro, que alguien dijo que valía más que la de coca, ni la del coltán, ni la de las extorsiones. En suma, los ricos ricos de Colombia están hablando paja en La Habana y echando bala en Colombia.

Ya comprenderá el lector por qué exigieron las FARC todo lo que favorecía su negocio y por qué Santos concedió todas esas ventajas. Y por qué la timidez con la que se habla en La Habana de la cocaína y por qué exigen las FARC que en el posconflicto les dejen manejar a ellas el tema, que tendrá el pomposo nombre de sustitución de cultivos.

Estos canallas de las FARC dicen que no tienen dinero, que algún día flotará en la superficie del gran mundo financiero corrupto, y que el negocio no es suyo. Si fuera ese el caso, Santos está negociando con los delincuentes equivocados. A los que hay que encontrar, castigar y confiscar, es a los dueños de estas fortunas fabulosas hechas al amparo de estos negocios putrefactos. En ese caso, a buscar a los que son. Mientras tanto, recordemos que Colombia no tendrá paz mientras siga siendo, como ahora y por obra de Santos, un mar de coca.

 

Por Fernando Londoño Hoyos (*)

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Acerca de jotaefeb

arquitecto jubilado, hoy "hurgador" de la filosofía de vida, de las cosas cotidianas y trascendentes.

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