Brasil, de mal en peor

La crisis política y económica de Brasil se complicó aún más en estos días con el arresto de João Santana, el principal estratega electoral de la presidenta Dilma Rousseff, aumentando las posibilidades de que la Jefa de Estado sea sometida a un juicio político, o de que se realicen elecciones anticipadas.

Hasta ahora, había dudas de si Rousseff sería personalmente salpicada por el escándalo de corrupción Lava Jato, en el que la compañía petrolera estatal Petrobras habría desviado fondos para sus campañas presidenciales de 2010 y 2014, así como para la campaña electoral del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2006. Pero el arresto de Santana esta semana lleva la investigación mucho más cerca de Rousseff.

Santana se entregó a las autoridades el 23 de febrero al regresar de República Dominicana, donde estaba asesorando la campaña de reelección del presidente Danilo Medina. Santana había sido también estratega electoral del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro.

Los fiscales brasileños están acusando a Santana y a su esposa de haber recibido US$ 7,5 millones de la empresa constructora Odebrecht, que habrían venido de Petrobras, por sus servicios como estratega de la campaña de Rousseff en el 2014. Según los fiscales, los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria en Suiza.

Ahora, hay posibilidades de que Santana u otros políticos investigados en el escándalo de corrupción Lava Jato impliquen a Rousseff en las irregularidades de su campaña electoral. Cada vez más analistas comienzan a preguntarse en voz alta si Rousseff logrará terminar su mandato en el 2019.

Solo el 11 por ciento de los brasileños tienen una opinión positiva del Gobierno, según una nueva encuesta CNT/MDA. Los críticos del Gobierno están organizando una manifestación nacional el 13 de marzo para exigir que Rousseff sea sometida a un juicio político.

Mientras tanto, se prevé que la economía de Brasil, que se contrajo en un 3,5 por ciento el año pasado, caiga otro 3,5 por ciento en 2016.

¿Qué pasará ahora? Estos son los escenarios más probables, sin colocarlos en un orden particular:

Primer escenario: El Tribunal Supremo Electoral brasileño determina que hubo fraude en la financiación de la campaña de Rousseff en el 2014, y llama a que se lleven a cabo elecciones tempranas. Según la Constitución, el Tribunal tendría que convocar a elecciones presidenciales dentro de los 90 días. Tanto Rousseff como su vicepresidente Michel Temer serían reemplazados.

Segundo escenario: El Congreso brasileño somete a Rousseff a un impeachment, y el vicepresidente Temer toma el cargo. El problema sería que Temer también esta siendo investigado en el escandalo de Lava Jato, y una presidencia de Temer podría prolongar la crisis política.

Tercer escenario: Rousseff sale victoriosa de un proceso de juicio político en el Congreso, y permanece en el poder hasta el final de su mandato, aunque sumamente debilitada y con un gobierno agonizante.

Guido Nejamkis, editor de la agencia de noticias Brasil247.com, dice que la volatilidad política es tal, que no hay análisis serio que resista más de 24 horas.

“La semana pasada, todos los analistas coincidíamos en que la Presidenta estaba recuperando su capacidad de gobernar, y evitando un impeachment. Esta semana, es exactamente al revés”, me dijo Nejamkis.

Mi opinión: En efecto, la crisis brasilera es una montaña rusa que cambia todos los días, pero el primer escenario –una decisión del Tribunal Supremo Electoral brasileño de convocar nuevas elecciones– parece cada vez más posible. El segundo escenario, el juicio político, es menos probable porque dejaría al vicepresidente Temer en la presidencia, y no resolvería la crisis.

La única buena noticia de toda este drama es que, al final del día, Brasil va a resurgir como una democracia mucho más fuerte, tal vez con las instituciones más solidas de América Latina.

A diferencia de otros países de la región, donde no hay un Poder Judicial independiente que se enfrente a la corrupción de los gobernantes actuales, los fiscales brasileños han encarcelado a más de una docena de políticos de alto rango del partido gobernante, y están investigando a otros.

Esa es una señal de un sistema de pesos y contrapesos, que probablemente ayude a reducir la corrupción en el futuro. Mientras tanto, lloremos por Brasil.

Por Andrés Oppenheimer

 

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12 pensamientos en “Brasil, de mal en peor”

  1. Brasil está acéfalo

    La cruzada de la Operación Lava Jato contra la corrupción dejó a la política brasileña acéfala. En los últimos tres años hemos asistido a la caída, uno a uno, de los principales liderazgos políticos. La presidenta electa Dilma Rousseff fue destituida y ha sido decretada una solicitud de encarcelamiento contra su rival electoral de 2014, Aécio Neves, por quien había votado la otra mitad del país.

    El presidente que la sustituyó, Michel Temer, se ha convertido en el primer presidente en ejercicio denunciado, y el político más favorecido en las encuestas para la elección de 2018 es Luiz Inácio Lula da Silva, quien de expresidente más popular de Brasil pasó a ser su primer expresidente condenado por corrupción.

    Lava Jato ha sido un avance en el combate a la corrupción, pero la diferencia de velocidad entre el tiempo urgente de la sociedad, el tiempo ceremonioso de la política y la lentitud de la justicia ha perjudicado al país.

    Primero, por la asimetría de tratamiento dado a cada político investigado. Muchos conmemoraron la condena de Lula como señal de que nadie está por encima de la ley, pero otros episodios han convencido a sus seguidores de que hay una persecución política en su contra. No es difícil sacar esa conclusión.

    El día en que Lula fue condenado, otro juez liberó a Geddel Vieira Lima, aliado de Temer, denunciado por uno de los delatores de recibir, personalmente, maletas llenas con dinero de sobornos. Y todo el país ha escuchado a Neves, perdedor de las elecciones de 2014, pedirle 600.000 dólares a un empresario. La solicitud de prisión llevó a los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña a darse cabezazos, pero el senador y viejo aliado de las élites logró mantenerse libre.

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    La víspera de la condena de Lula, el Ministerio Público de Brasil también había pedido el cierre de otra investigación en su contra por creer que el exsenador Delcídio do Amaral mintió en una delación filtrada a la prensa hace más de un año al decir que Lula le pidió obstruir las investigaciones de Lava Jato. Según el procurador del caso, Amaral buscaba, al denunciar a Lula, negociar una menor condena para sí mismo.

    El uso de la delación premiada como instrumento legal permitió a Lava Jato avanzar hasta la más alta cúpula del poder, pero la justicia no ha sido igualmente eficaz para procesar las denuncias. Hace tres años vimos atónitos cómo nuevos diputados, senadores, gobernadores, ministros y empresarios eran delatados por recibir coimas de empresarios, pero todavía no se han procesado esas denuncias en momentos en que ya estamos atrapados por una nueva trama.

    La velocidad de la justicia también choca contra la capacidad de la política de renovarse. Con muchos políticos investigados y pocos sentenciados, los brasileños han perdido la confianza en la política como solución democrática. Como resultado, han despuntado en la escena política nacional populistas y ultraconservadores. Para dar un solo ejemplo, Jair Bolsonaro, el candidato que encabeza las encuestas en el campo conservador, es un ruidoso defensor de la dictadura. Aunque no tenga fuerza para llegar a la presidencia, su figura es un trágico reflejo de lo que puede ser nuestro primer congreso post Lava Jato.

    El avance conservador también es culpa de la izquierda, que no ha sabido reorganizarse. En el auge de la popularidad de Lula, su grupo podría haber reformado el modelo político para no tener que elegir entre extremos: la tradicional alianza con la vieja clase política corrupta o el enfrentamiento radical. Ahora, arrancados del poder, son incapaces de hacer un mea culpa. Después de la sentencia del juez Sergio Moro contra Lula, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) dijeron que no tenían un plan B para la elección del próximo año. Es Lula o no es nadie. El PT se equivocó al apoyar la reelección de Rousseff en 2014, cuando ya se sabía que iba por mal camino, y se equivoca ahora al amarrarse a Lula como única salida.

    Es cierto que Lula es el político más popular del país y lidera todas las encuestas para 2018 –30 por ciento de la preferencia de los votantes en la primera vuelta–, aunque la probabilidad de que confirmen su sentencia y lo inhabiliten para participar en las elecciones es alta. Pero incluso estando acorralado, Lula no dejaría de ser una piedra en el camino de la oposición. El antiguo líder sindical podría recrear su aura de mártir político y convencer a los brasileños de que lo pusieron preso para impedirle volver a la presidencia. Para sus adversarios lo mejor sería verlo rechazado por los electores. Así, guillotinan el mito.

    Es normal que el PT quiera salvar a Lula, su estandarte, pero pierde la oportunidad de capitalizar la impopularidad de Temer –con 93 por ciento de rechazo– y de presentar a un nuevo líder para una masa de seguidores que es todavía muy grande: sorprendentemente, después del juicio político a Rousseff y de las denuncias contra Lula, el PT tiene el 18 por ciento de la preferencia de los votantes, la mayor entre todos los partidos. Principalmente porque, en este momento, los otros candidatos progresistas –el radical Ciro Gomes y la ambientalista Marina Silva, ambos exministros de Lula– no tienen la capacidad de dirigir a la izquierda.

    Nadie sabe cuántos decapitados más dejará Lava Jato hasta la próxima elección, pero la condena de Lula sabe a comienzo del fin. La investigación ha llegado a su clímax, porque ya no puede caer nadie más grande que Lula. Si rueda la cabeza de Temer, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien también es investigado. En una protesta reciente, manifestantes proyectaron contra el congreso un mensaje luminoso que decía “Fuera, Maia”. Era una forma sofisticada de pedir su cabeza por adelantado. Como dijo el politólogo Marcos Nobre en una entrevista reciente, “la política ha perdido el control de la política” y “cada vez que la mesa se sostiene otra vez en cuatro patas, la Lava Jato patea una”.

    ¿Entonces cómo retomar el control de la política? Esa sería una misión de los partidos, pero están demasiado ocupados intentando salvar a sus antiguos dueños. El próximo líder capaz de proponer una agenda de unión no será como Lula, acosado por Lava Jato, ni alguien de la vieja clase política que, como Temer, empuje al país hacia el pasado. Para que ese político tampoco sea un oscuro aventurero, la sociedad debe no solo dejar de apostar por políticos que tengan una guillotina sobre su cabeza, sino pregonar qué agenda quiere para que los partidos busquen entre sus nuevos cuadros quién pueda responder al llamado.

    Carol Pires es reportera política y colaboradora regular de The New York Times en Español. Vive en Río de Janeiro.

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  2. ¿Cuándo?

    Las próximas elecciones presidenciales en Brasil están previstas para el día 7 de octubre (primer domingo) del 2018, con una eventual segunda vuelta para el último domingo (28) de ese mismo mes.

    Pero podrían precipitarse. En estos días, desde manifestaciones callejeras hasta el Colegio de Abogados brasileño reclaman la salida del presidente Michel Temer. “Fuera Temer” y “Elecciones directas ya” es el grito de la calle. En tanto, el Supremo Tribunal Federal apura investigaciones sobre la corrupción que involucran a Temer y, a su vez, el Supremo Tribunal Electoral se ocupa de resolver sobre eventuales delitos que cuestionarían la legitimidad y validez de las pasadas elecciones presidenciales del 2014 en que fueron elegidos Dilma Rousseff y el mencionado Temer como su compañero de fórmula.

    Temer se resiste, y afirma “no renunciaré”, “si quieren, que me derriben” (?); en todo caso, que lo juzguen, que lo condenen (si corresponde) y lo quiten del cargo como pasó con Dilma. El actual presidente es investigado por varios “asuntos” desde antes, a lo que ahora se ha sumado una denuncia de soborno por parte del principal ejecutivo de la mayor empresa frigorífica del Brasil y del mundo; con grabaciones y todo.

    La mayoría de los analistas aventuran un anticipo de las elecciones. Con el diario del lunes es más seguro acertar en las carreras.

    En realidad, dados los hechos y la situación, debieran anticiparse. Lo cierto es que debiera haber habido elecciones ya hace un tiempo, como en su momento reclamaron Marina Silva, que fue candidata del Partido Socialista en el 2014, y el expresidente Fernando Henrique Cardozo, entre otros. En abril del año pasado –“Ocurrencias y algunas preguntas”– escribíamos: “… resulta algo extraño que se haya optado por el camino del “impeachment”, con delitos que para muchos no son tan claros y con el riesgos de que los sustitutos sean peores, cuando sí se ha comprobado que hubo otros manejos y uso de dineros indebidos que, para decir lo menos, “enviciaron” la elección. Son elementos de mucho mayor peso en función de los cuales el Supremo Tribunal Electoral podría anular por fraude la elección anterior –la de Dilma y Temer– y convocar a nuevas elecciones”.

    Y, en efecto, todo parece muy claro, pero las cosas y los hechos no solo obedecen a los pareceres de analistas y periodistas y a las declaraciones y reclamos de políticos. En este país las Fuerzas Armadas siguen siendo el mayor factor de poder, en consulta con Itamaraty y atentas a las opiniones de la Federación Industrial de São Paulo (FIESP).

    El año pasado, en medio de tanto caos, tanta investigación judicial, con tantos “casos” pendientes y en proceso y con una economía desquiciada, puede que una elecciones generales no se entendiera lo más atinado. En esos momentos, era preciso tomar muchas medidas impopulares, y que mejor que fuera el impopular vicepresidente, asumido como titular quien las tomara.

    Eso fue lo que paso. Con Temer se han puesto en marcha varias medidas duras e impopulares y estás ya muestran sus resultados positivos y se reflejan en la economía. El problema es que con estas nuevas denuncias contra Temer, todo se puede desbarrancar.

    De cualquiera manera habrá que ver. Lo que no se quiere –y así lo han advertido públicamente los militares– es que una situación de caos pueda ambientar y favorecer el advenimiento de un “gobierno populista.

    También hay muchos elementos para pensar que, en los “centros de poder” citados, se “desea” una renovación de la clase política, la que parece facilitarse bastante por las actuaciones judiciales.

    Unas elecciones ya complicaría. Esperar ayudaría a limpiar aún más el campo: junto con las denuncias contra Temer, también se han denunciado “entregas” a Lula –el autoproclamado de apuro candidato a la presidencia– y a Dilma. Solo hay que esperar para ver qué pasa o esperar que pase lo que “debe” pasar. Aecio Neves, el senador y excandidato que enfrentó a Dilma en las pasadas elecciones, ya está fuera y se suma a algunos otros más. Como que la “renovación” está en marcha y solo necesitaría un poco más de tiempo; el terreno casi ya está limpio.

    ¿Elecciones anticipadas? Parecería que sí y parecería que no. Si lo de Temer se agravara –y está grave–, siempre cabe la opción constitucional de que el Congreso elija un presidente hasta el final del periodo.

    Brasil tiene sus complejidades. No es fácil hacer pronósticos.

    Por Danilo Arbilla

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  3. Latinoamérica, sacudida por la corrupción

    El escándalo de corrupción que rodea al presidente brasileño Michel Temer no será el único que va a sacudir a Latinoamérica en las próximas semanas: a partir del 3 de junio, Brasil dará a conocer los nombres de funcionarios de 11 países que recibieron casi US$ 800 millones en sobornos de la empresa Odebrecht en uno de los mayores escándalos de corrupción que se recuerden en la región.
    Curiosamente, todo esto podría ser una buena noticia. Si estos escándalos movilizan a la gente a tomar medidas contra la corrupción, podrían convertirse en un punto de inflexión en la historia de la región.

    Es cierto que, a corto plazo, los escándalos de la corrupción causan estragos económicos. El mercado bursátil de Brasil cayó más del 10 por ciento el 18 de mayo, tras las noticias sobre una grabación que parece involucrar a Temer en un intento de sobornar a un legislador. Y la agencia crediticia Moody’s dijo hace pocos días que el escándalo de Odebrecht frenará el crecimiento de varios países, debido a que grandes proyectos de infraestructura en varios países han sido suspendido, y muchos posibles inversionistas podrían asustarse ante las próximas revelaciones.

    “Puede ser el equivalente a un terremoto de 9 grados”, me dijo José Ugaz, el presidente de Transparencia Internacional, el grupo no gubernamental que lucha contra la corrupción. “Habrá una avalancha de datos sobre todos estos países”.

    Los nombres de los funcionarios de los 11 países que recibieron sobornos fueron proporcionados por el ahora preso expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a cambio de una reducción de su sentencia. El empresario declaró que entre 2005 y 2014 su compañía pagó US$ 349 millones en sobornos en Brasil, US$ 98 millones en Venezuela, US$ 92 millones en República Dominicana, US$ 35 millones en Argentina, US$ 34 millones en Ecuador , US$ 29 millones en Perú, US$ 11 millones en Colombia y US$ 10,5 millones en México.

    Una vez que las autoridades brasileñas divulguen los nombres de quienes recibieron estos pagos, es probable que varios países anuncien la creación de agencias gubernamentales contra la corrupción o planes nacionales contra este flagelo. Pero todo eso no servirá de mucho.

    La forma más eficaz de luchar contra la corrupción será creando organizaciones no gubernamentales para controlar la corrupción que sean poderosas. La lucha contra la corrupción es algo demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos.

    “Hace falta un agente externo para limpiar el sistema, porque el sistema no se va a autocorregir por sí mismo”, me dijo Claudio X. González, un empresario mexicano que dirige el grupo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

    Los grupos no gubernamentales deben denunciar casos concretos de impunidad y exigir plena transparencia en los contratos gubernamentales y donaciones políticas, dijo González.

    Hay que abordar la impunidad, porque es la madre de la corrupción, dijo. En países como México, el 97 por ciento de los crímenes quedan impunes, según una encuesta realizada por la oficina oficial de estadísticas, INEGI.

    Los grupos no gubernamentales de lucha contra la corrupción pueden hacer varias cosas concretas:

    Primero, deben hacer su propia investigación periodística sobre casos de corrupción, porque muchas empresas periodísticas dependen de la publicidad oficial, y no van a denunciar la corrupción del gobierno, dijo González. En segundo lugar, deben presentar demandas penales contra sospechosos de corrupción, agregó.

    “Esta combinación de investigación periodística y litigios es una nueva fórmula para las organizaciones de la sociedad civil”, dijo González. “Si la sociedad civil no se involucra, nunca nos libraremos de la corrupción en nuestros países”.

    Mi opinión: Hay algunas cosas que los gobiernos pueden hacer para combatir la corrupción. Por ejemplo, pueden crear procuradurías generales totalmente independientes, o negociar pactos nacionales de todos los partidos para adoptar políticas anticorrupción a largo plazo.

    Pero al final del día, González tiene razón: la única manera de mantener la presión constante sobre los gobiernos y las empresas privadas para que se manejen con honestidad será si son vigiladas por grupos no gubernamentales que sean fuertes.

    Los grandes titulares sobre los sobornos de Odebrecht que veremos en las próximas semanas deberían servir para crear poderosas organizaciones de la sociedad civil contra la corrupción.

    Por Andrés Oppenheimer

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  4. ¿Adónde va el Brasil?

    César Barreto Otazú

    Cuando parecía que la economía brasileña estaba empezando una lenta recuperación luego de tres años de profunda recesión, aparece nuevamente una fuerte crisis política en medio de serias acusaciones de corrupción contra el presidente Temer y muchos otros políticos brasileños. Este shock político es muy severo. El futuro de las reformas económicas fundamentales para el crecimiento de la economía brasileña, difícilmente pueda continuar avanzando si no logran recomponer la gobernabilidad, que es necesaria para aprobar las leyes requeridas para mitigar el problema de insostenibilidad fiscal que enfrenta actualmente.
    Debemos recordar que Brasil necesita resolver el agudo y persistente déficit fiscal (en el 2016, el déficit fiscal estuvo en el 9% del PIB) para evitar un default y la crisis económica y social que tendría como consecuencia en el corto plazo. Para ello, el tope al gasto público aprobado recientemente fue un aliciente y la reforma previsional actualmente en discusión en el Congreso brasileño es de fundamental importancia.

    El equilibrio macroeconómico actual es muy endeble. Está basado en la confianza que había logrado el gobierno de Temer al contar con una mayoría parlamentaria con la convicción de aprobar las reformas y el nombramiento de personas competentes para la conducción de la política económica (Henrique Meirelles en el Ministerio de Hacienda e Ilan Goldfajn en el Banco Central).

    Esa mayor confianza permitió al Banco Central del Brasil reducir la inflación e iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés hacia niveles más compatibles con la reactivación del crecimiento económico y sin mayores consecuencias en la cotización del real brasileño.

    Para continuar con esta senda de equilibrio de baja inflación, reducción de tasas de interés, estabilidad del real y reactivación de la economía, es fundamental dar señales claras de contención del gasto público y una recuperación del superávit fiscal primario. Esto depende críticamente de la reforma de la seguridad social y de una fuerte disciplina presupuestaria en los próximos años.

    Hoy, con esta crisis política, el proceso de reformas que son fundamentales, está en duda. Y eso es muy grave porque el déficit fiscal continúa muy alto (9% del PIB) y la deuda pública, que también es muy alta (78% del PIB), está creciendo aceleradamente. Por lo tanto, es imprescindible recuperar la gobernabilidad.

    ¿Por qué es importante esto para nosotros? El Brasil es nuestro principal socio comercial. Hay tres ciudades fronterizas que dependen críticamente del comercio con el Brasil y muchas personas cuyos ingresos familiares están supeditados a este comercio. Gran parte de las exportaciones de la maquila dependen del mercado brasileño y, por ende, los puestos de trabajo de las empresas maquiladoras.

    Los royalties y compensaciones de Itaipú dependen de que las empresas eléctricas brasileñas paguen en tiempo y forma las facturas por las compras de electricidad de Itaipú y un 15% del Presupuesto General de Gastos de la Nación depende de estos royalties y compensaciones, y en una mayor proporción los presupuestos de todas las gobernaciones y municipios de todo el país.

    O sea, la situación económica y política del Brasil, necesariamente, debe importarnos. Si bien nuestro país tiene la solidez fiscal y financiera y las reservas suficientes para soportar un shock de corto plazo, si las dificultades son muy profundas y duran por un periodo prolongado, sus efectos en nuestro país pueden ser muy significativos y nos obligará a realizar ajustes importantes para mitigarlos. Por lo tanto, debemos estar atentos y seguir muy de cerca esta nueva crisis política del Brasil e ir previendo los planes y políticas económicas de contingencia que sean necesarios para enfrentar los diferentes escenarios que puedan presentarse en los próximos meses y años.

    Ojalá que por el bien de los brasileños y por su relevancia para nuestra economía, ellos encuentren lo más rápido posible una solución institucional que garantice la continuidad de las reformas económicas que encaminen definitivamente al Brasil hacia la estabilidad y hacia el crecimiento económico sostenido en los próximos años.

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  5. Lavadero

    El escándalo del lava jato (lavadero de coches) porque el sitio donde pergeñaban el atraco funcionaba en una oficina ubicada encima de un lugar dedicado a estos menesteres, resulta ser toda una metáfora de América Latina y los gobiernos populistas que la asolaron por casi dos décadas. Mientras los gobernantes de este signo atacaban inmisericordemente, los anteriores gobiernos emulaban su corrupción de manera sostenida y constante. El mecanismo no era diferente. Las empresas públicas contrataban los servicios de empresas privadas que les vendían servicio previo pago de una importante comisión que iba al bolsillo de los revolucionarios del siglo XXI para financiar una “nueva manera de hacer política”. El volumen que se movía era tan grande que una empresa como Odebrecht con tentáculos en varios países latinoamericanos tuvo que abrir unas oficinas dedicadas con exclusividad al pago de sobornos y afines.

    Este mecanismo de lavar dinero llevó a que mientras el gobierno del Partido de los trabajadores se ufanaba de sus logros económicos, el incremento de la violencia y la criminalidad crecía de manera geométrica sin que a nadie pareciera importarle mucho. ¡En el Brasil se matan 54 mil personas todos los años! Cifra por encima de cualquier país en el mundo incluso en situación de guerra abierta y declarada. Las favelas (barrios marginales) crecían en capacidad de fuego y se convirtieron en verdaderos grupos de asaltos que operaban con el sector político y financiero de manera desembozada y abierta. Brasil es toda una metáfora de América Latina y sus gobiernos populistas. El robo ha sido tan descarado que se calcula por encima de los 11 mil millones de dólares el daño de la corrupción hasta ahora y todavía Lula pretende volver a competir por la presidencia cuando su ingreso a la cárcel es inminente. Pretende convertir sus actos de corrupción en una acción heroica que movilice a sus partidarios y que lo reponga en el poder. Esta es una hipótesis, en cualquier sitio absolutamente resultaría improbable. En América Latina: no.

    … lo que acontece en Brasil es por demás interesante. La cuestionada y dependiente justicia ha decidido iniciar el proceso de lavar con creolina la fétida cloaca a cielo abierto que montaron los del PT. Es alentador ver al juez Moro y otros valientes magistrados enfrentar una de las roscas más corruptas jamás montadas y que todavía con abierto cinismo cree que debe seguir en los cargos públicos sin asumir culpas ni responsabilidades.
    La acción política se considera por su naturaleza una oportunidad para hacer negocios y prosperar económicamente. El que no lo hace es un tonto de capirote que merece el repudio incluso de los suyos. Existe un electorado que solo entiende la política como la acción de unos corsarios con patente que pueden robar siempre que repartan. Pero no se cuestiona el robo y menos se condena la corrupción. Sin embargo, lo que acontece en Brasil es por demás interesante. La cuestionada y dependiente justicia ha decidido iniciar el proceso de lavar con creolina la fétida cloaca a cielo abierto que montaron los del PT. Es alentador ver al juez Moro y otros valientes magistrados enfrentar una de las roscas más corruptas jamás montadas y que todavía con abierto cinismo cree que debe seguir en los cargos públicos sin asumir culpas ni responsabilidades.

    El pueblo tiene pocas oportunidades de aprobar o sancionar a sus mandatarios. Las elecciones se convierten en procesos abiertos que interpelan la memoria, la ética, el compromiso y la responsabilidad de los votantes. Si pudiendo escoger a gente mejor se inclina por los mismos malos de siempre, no tendrán autoridad moral de cuestionar ni de quejarse después de las consecuencias de sus actos.

    Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el que merece. Es momento de lavar la dignidad social con un mensaje claro y contundente que diga cuán cansados nos encontramos de que nos roben la ilusión y la dignidad de manera sostenida y constante. América Latina todavía guarda las formas democráticas, pero es momento de darle forma y contenido a este sistema de oportunidades que algunos han confundido con espacio de corrupción y temeridad permanentes.

    Benjamín Fernández Bogado

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  6. Brasil en la noticia

    Brasil será noticia en el año que se viene. Más que en el 2016, en el que ya lo fue, y cómo. Sin necesidad de hablar de los juicios por corrupción, Petrobras y sobornadores y sobornados en la cárcel –cosa de todas las semanas– hay quienes, por ejemplo, tienen la expectativa, y otros que lo afirman decididamente, de que habrá elecciones anticipadas (las que estaban previstas para octubre del 2018). Eso a su vez implica la renuncia previa del presidente Michel Temer, amenazado por algunas investigaciones judiciales, y por cuyo alejamiento claman desde distintas tiendas.

    Y estas, definitivamente, no serían noticias chicas.

    En estos días Marina Silva, la líder ambientalista y excandidata presidencial ha insistido con la renuncia del presidente y el adelanto de las elecciones.

    Silva tiene sí una salpicada trayectoria dentro de la izquierda, fue del partido Comunista, luego del PT, ministra de Ambiente con Lula, y de ahí pasó al Partido Verde y en las últimas elecciones tras la imprevista muerte del titular de la fórmula, Eduardo Campos, terminó siendo la candidata del Partido Socialista Brasileño, pero es coherente en el reclamo. En su momento cuando se planteaba el juicio político a Dilma Rousseff, ella sostuvo –y con fundamento– que la solución pasaba por anular las elecciones del 2014 (saltaban Dilma, Temer y todos los demás) y llamar a elecciones de inmediato.

    Hoy Marina –en realidad María Osmarina Silva Vaz de Lima– según las encuestas es la favorita. En la primera vuelta perdería con Lula, pero en la segunda le ganaría cómodamente. Esto es, Lula mantiene un buen electorado pero indudablemente son más los que no lo quieren.

    De todas formas en Brasil muchos relativizan el poder político y de los partidos y hablan de un poder mayor, más oculto, que es el que finalmente digita lo importante. Hablan de una especie de tridente formado por las FF.AA., Itamaratí (RR.EE.) y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP).

    Para los que sostienen que el esquema es el señalado y con ese orden de importancia –militares primeros, luego diplomáticos (categorías que no aparecen involucradas en los escándalos de todos estos años) y finalmente los empresarios– hoy por hoy en Brasil no priman los intereses y reclamos políticos partidarios y menos las ansiedades electorales.

    Claramente Temer, por lo que se sabe y se va sabiendo, debería irse. También era claro, como lo había planteado Marina, entre otros, que era más pertinente anular las muy viciadas elecciones de 2014 que sacar a Dilma. Pero no fue lo que ocurrió.

    La realidad decía que frente a la situación que vivía el país era preciso llevar a cabo un fuerte ajuste de la economía, lo que le era ya muy difícil a Dilma, con un apoyo menguado del PT para hacerlo, y resultaba todo un albur confiar en que lo hiciera un nuevo presidente electo (este además seguramente no iba a ganar anunciando que había “que apretarse el cinturón”).

    Se necesitaba, entonces, un interregno, y el interinato –así habría que llamarle– era la fórmula. Una solución institucional sin presiones electorales y sin riesgos populistas. Temer, en alguna forma, encara ese ajuste, y de ahí que hay quienes afirman que ese es su salvoconducto para “salvarse” y hasta catapultarse si tiene éxito en tiempo breve. La incógnita es hasta dónde apretará la Justicia, lo que no siempre es previsible.

    Este “interregno” además, tendría un segundo propósito: el de dar tiempo a que la Justicia acabe con las investigaciones y resuelva respecto a las responsabilidades e involucramientos del expresidente Lula en todos los casos de corrupción que escandalizan al país suramericano. Hoy, a Lula le va bien en las encuestas, pero habrá que ver cómo inciden en la opinión pública y en el 2018 los “trapitos” que puedan ventilarse de aquí hasta allá, respecto la “gestión” y “gestiones” del exmandatario. Algunos sostienen que para el “tridente” Lula ya no está en la orden del día y que para él la mejor alternativa de futuro es apagarse solito y salvarse de ir preso.

    Por ahora no son noticias y todo esto encaja dentro del marco de las especulaciones, pero, sin duda, en este año 2017 van a pasar cosas en Brasil que serán noticia. Y grandes.

    Por Danilo Arbilla

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  7. Tiempo de destruir y tiempo de construir

    Existe un párrafo en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento donde dice que todo en la vida tiene su tiempo, por eso existe “… un tiempo para destruir y un tiempo para construir; un tiempo para llorar y un tiempo para reír…”.

    Aplicando este párrafo a lo ocurrido en los últimos años en la Argentina y en el Brasil, vemos que estamos llegando al final de un tiempo donde en ambos países se instalaron gobiernos populistas que “destruyeron” sus economías gastando más allá de sus posibilidades. Hoy ambos países tienen un enorme déficit fiscal, una elevada inflación, un alto desempleo, una prolongada recesión económica, una escandalosa corrupción y una creciente polarización de la sociedad.

    En la Argentina, el despilfarro de la era de los Kirchner ya ha llegado a su final y se ha iniciado un duro tiempo de ajustes y de “construcción” de una economía sustentable y abierta al mundo, por parte del nuevo gobierno de Mauricio Macri.

    Pero este ajuste va a ser muy difícil, porque la población argentina –confundida por la publicidad kirchnerista y la mala comunicación del gobierno de Macri– no es consciente de la grave situación actual y, consecuentemente, no está dispuesta a aceptar medidas de ajuste como las que deben hacerse. Para empeorar las cosas, los derrotados kirchneristas y peronistas tienen una amplia mayoría en el Congreso y no solamente van a crear problemas a la gestión de Macri, sino que incluso van a buscar desestabilizarlo para que el actual presidente no concluya su mandato.

    Lo dijo claramente el viejo dirigente sindical José Luis Lingeri que “el peronismo en oposición es un animal carnívoro”, y lo demostró claramente con Alfonsín y De la Rúa, que no pudieron terminar sus mandatos.

    En el Brasil, el despilfarro del Partido de los Trabajadores (PT) aún no ha llegado a su final, pero todo indica que la salida de Dilma está muy cerca. La Cámara de Diputados ya ha aprobado el juicio político a la mandataria y es casi seguro que el Senado va a ratificarlo el 11 de mayo, con lo que Dilma será apartada del cargo, por lo menos durante 180 días.

    Pero el problema no va a terminar con la salida de Dilma, porque el desprestigio de Temer y de los parlamentarios que lo apoyan también es muy grande y el PT ya ha anunciado que va a hacer todo lo posible para desestabilizarlo.

    Diversos analistas brasileños dicen que la destitución de la presidenta puede ser como una “bendición” para el PT, porque Dilma sale de la escena política, por medio de un proceso donde no la acusan de corrupción, sino de “maquillaje contable”, y dicho proceso es impulsado por parlamentarios que sí tienen procesos de corrupción encima. El PT aparece finalmente como víctima y se libera de tomar medidas impopulares indispensables para estabilizar y recomponer la economía brasileña.

    En resumen, los dos partidos, el peronista y el de los trabajadores, que son los responsables del desastre económico actual, salen y le dejan el gobierno a los opositores, para que ellos tomen las inevitables y tremendamente resistidas medidas de ajuste. Los que han sido culpables de la “destrucción”, no solamente van a impedir la “construcción”, sino que además pueden recoger los frutos de un ajuste que es radicalmente rechazado.

    Es cierto lo que dice la Biblia que en la vida “… hay tiempo para destruir y tiempo para construir…”, el problema está en que esos tiempos no pueden equilibrarse, ya que “destruir” es muy fácil y puede hacerse en poco tiempo, mientras que “construir” exige esfuerzo y mucho tiempo.

    En las últimas décadas, América Latina se ha movido en un péndulo, donde en un extremo estuvieron los gobiernos populistas que con el afán de repartir, destruyeron la economía, y en el otro, gobiernos conservadores, que con el afán de ordenar, reconstruyeron la economía, pero fueron tremendamente impopulares. Por lo que podemos observar, nuestros dos grandes vecinos van a continuar por un buen tiempo moviéndose en ese nefasto péndulo.

    Alberto Acosta Garbarino

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  8. Crisis política “a la brasileña”… en Brasil

    Todo iba transcurriendo por sus carriles apropiados -en lo que a la crisis política en Brasil se refiere- cuando tenía que llegar el comentario sesgado y ofensivo que nos obliga a meternos en el ruedo y poner las cosas en su lugar. Primero fueron algunos comentarios sueltos denotando la extrañeza de que el Paraguay no se pronunciara sobre la situación política en el gigante vecino a partir de una consulta hecha en el seno de la Unasur. “Paraguay es respetuoso de la soberanía de las naciones y sólo espera que Brasil supere sus dificultades por la vía institucional”. En Brasilia, esto se interpretó como un tácito apoyo al golpe de Estado en camino como Dilma Rousseff y Luiz Inacio “Lula” Da Silva no se cansan de repetir. Pero de lo anónimo e inespecífico ahora se pasa a la calificación ofensiva y agraviante. De acuerdo a declaraciones formuladas a Folha de São Paulo, Florisvaldo Fier, prominente figura del gobernante Partido de los Trabajadores, en Brasil “se está diseñando una ruptura del orden institucional y de la Constitución y eso preocupa a todos los demás países miembros del Mercosur”, añadiendo que Brasil podría recibir las mismas sanciones que el Paraguay en 2012 a raíz del “golpe parlamentario” que sacó del Gobierno a Fernando Lugo.

    Le guste o no al señor Fier, la Constitución brasileña consagra en sus artículos 51, 52 y 85 la figura del enjuiciamiento del Presidente de la República por lo que califica de “delitos de responsabilidad” que engloba siete ítems, entre ellos, contra “la probidad en la Administración” y “la ley presupuestaria”.

    La Cámara de Diputados tendrá que reunir el voto de dos tercios de sus miembros para autorizar el procesamiento del Presidente, correspondiendo al Senado federal juzgarlo y dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Tal y cual se hizo en nuestro país en 2012 en base a lo establecido por el artículo 225 de la carta magna. Brasil ya lo hizo en 1992 sometiendo a “impeachment” a Fernando Color de Melho, un presidente moldeado a la medida de la derecha empresaria que se opuso y ganó a “Lula” la Presidencia. Esa vez, ni el PT y ni siquiera los partidos que apoyaron a Color hablaron de “golpe de Estado”, tan evidentes y masivos fueron los actos de corrupción que envolvieron a la administración Color. Y eso que las maniobras dolosas que quedaron por entonces al descubierto no alcanzaban las astronómicas sumas que hoy se afirma tienen los actos corruptos bajo análisis de la justicia.

    Se comprende que Dilma no quiera irse y que Lula busque sostener a su apadrinada política. Por eso lo del “golpe de Estado a la paraguaya”, como dijo otro notable miembro del gabinete petista. La última línea de defensa es desacreditar a la justicia brasileña, asustar a los legisladores indecisos y hacer caer el voto de censura. Solo faltaría que Nicolás Maduro encabece una nueva patota de cancilleres, tal como lo hizo en nuestro país. Sólo que el ejército de Brasil ya puso en claro que no le interesa “golpear” a la antigua. Claro y directo.

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  9. La diplomacia intervencionista bolivariana se saca la máscara

    A medida que arrecia la tormenta política en Brasil, con la amenaza sobre la presidenta Dilma Rousseff de un juicio de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas, su antecesor y padrino político, Luis Inácio Lula da Silva, también está en la cuerda floja, investigado por un juez por supuesta participación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Este inesperado deslizamiento de las placas tectónicas bolivarianas en el país continente ha provocado un tsunami que amenaza demoler el andamiaje virtual del socialismo del siglo 21 impulsado por Lula da Silva y Hugo Chávez, en connivencia con los hermanos Castro de Cuba.

    Tan inesperado escenario de convulsión política en el bastión continental de la izquierda marxista ha alarmado a los gobernantes cofrades que restan en la región. El primero de ellos en pegar el grito al cielo ha sido el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien el sábado 19 del corriente, en un acto público, lanzó un desesperado grito de socorro a favor de la embretada mandataria brasileña y de su antecesor, Lula da Silva. En dramático apelo a su par Tabaré Vázquez de Uruguay, país que ejerce la presidencia pro témpore de Unasur, urgió convocar a una cumbre de emergencia en Brasil a tal efecto.

    “Algunos presidentes de Sudamérica deberíamos hacer una reunión de emergencia de Unasur en Brasil, para defender la democracia en Brasil, para defender a Dilma, para defender la paz, para defender al compañero Lula y a todos los trabajadores (…) Ojalá el hermano presidente de Unasur, presidente pro témpore, doctor Tabaré Vázquez, nos convoque rápidamente a Brasil, para expresar nuestra solidaridad y evitar cualquier golpe congresional o judicial. Ese es el gran deseo que tenemos”, expresó el exaltado gobernante boliviano (las negritas son nuestras).

    Con su cinismo característico, Evo Morales no tuvo empacho en reivindicar como ejemplo de solidaridad bolivariana el atropello perpetrado contra el derecho de autodeterminación del pueblo paraguayo en ocasión de la destitución de su cofrade Fernando Lugo de la presidencia de la República por mal desempeño de funciones en 2012. Como era de esperar, se unieron al reclamo de Morales los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Uruguay, Tabaré Vázquez, y Nicolás Maduro, de Venezuela. Quien tampoco quedó atrás fue el secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, quien expresó a Lula su solidaridad acotando que él es víctima de un “linchamiento mediático”.

    En plausible actitud diplomática, que contrasta con la que tuviera en ocasión de aceptar pasar bajo las horcas caudinas tendidas por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, vejatorias de la dignidad del pueblo paraguayo en represalia por la destitución del presidente Fernando Lugo, en esta oportunidad el Gobierno del presidente Horacio Cartes ha tomado una actitud que reivindica el honor de la República al negarse a firmar cualquier declaración de apoyo a la mandataria brasileña y a su antecesor Lula da Silva que eventualmente se emita desde el ámbito del Mercosur o la Unasur. “No intervenimos en los asuntos internos de los países. La postura del Gobierno paraguayo es respetar las instituciones del Brasil. Es un país modelo para el mundo en el respeto de sus instituciones. Paraguay no cree conveniente que se saque ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni en contra de nadie. Nos ajustamos al respeto de la soberanía de los países. No apoyamos ese tipo de comunicados”, declaró tajantemente al respecto el vicecanciller Óscar Cabello, quien interina el Ministerio de Relaciones Exteriores en ausencia del ministro Eladio Loizaga, de visita en Japón.

    Según el vicecanciller, las autoridades de Mercosur y Unasur realizaron consultas para firmar una declaración de apoyo a la Presidenta brasileña ante la tormenta política que enfrenta. De hecho, la iniciativa diplomática de apoyo responde al pedido formulado inicialmente por el presidente boliviano Evo Morales, respaldado solidariamente por los mandatarios alineados con la vulgata bolivariana.

    Más allá de la coyuntural crisis política brasileña, la postura del Gobierno paraguayo tiene una connotación diplomática relevante, pues la reciprocidad de actitud es la regla de oro de la diplomacia convencional entre los gobiernos con celo por la dignidad de su pueblo. En tal sentido, la presidenta Dilma Rousseff no merece ninguna muestra de simpatía de parte del soberano pueblo paraguayo, pues lo humilló injustamente con prepotencia y desprecio, junto con su exhomóloga Cristina Fernández de Kirchner y el uruguayo José “Pepe” Mujica.

    Celebramos que, esta vez, el presidente Horacio Cartes ha interpretado correctamente el sentimiento del pueblo paraguayo y obrado en consecuencia. Ojalá que este cambio de actitud diplomática marque un antes y un después en la dinámica de las relaciones exteriores de nuestro país, en particular con nuestros mayores socios en el Mercosur, y se trasunte también en las usinas hidroeléctricas binacionales, donde somos un socio geopolíticamente indispensable.

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  10. La defensa bolivariana de Dilma
    27 Mar 2016

    Por Enrique Vargas Peña

    La posición anunciada por nuestro gobierno en el tema del proceso de juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff (http://bit.ly/1USFRss) es correcta: La pretensión de las dictaduras y cuasi-dictaduras bolivarianas de presentar, a través de Mercosur, Unasur y Celac, los procesos institucionales democráticos de control como “instrumentos golpistas” (http://bit.ly/1VNXFWy) no es otra cosa que fortalecer la idea de autocracias blindadas frente al examen y la participación populares.

    Es una característica histórica, tradicional, de las dictaduras marxistas pervertir el lenguaje para presentar las cosas al revés de lo que en realidad son. Desde que se empezaron a establecer, primero en Rusia en 1917 y luego en Europa central en 1948 y más tarde en el resto del mundo, las dictaduras marxistas se autodenominaron a sí mismas “democracias populares”, cuando en realidad no eran democracias ni eran populares.

    Vladimir Illich Ulianov, Lenin, había ideado este sistema elitista y mesiánico de opresión, denominándolo “centralismo democrático” en “Qué Hacer” (http://amzn.to/1ScYFxL). El sistema puede explicarse como el poder de una cúpula autonombrada de designar desde arriba y sin participación popular decisiva a supuestos representantes de unidades de militantes, grupos sociales o zonas geográficas que a su vez formalizan, en lo sucesivo, los nombramientos de nuevos integrantes de la cúpula autonombrada.

    El sistema de Lenin era ciertamente centralista, pero nunca fue ni jamás será democrático. Los marxistas hablan siempre en nombre del pueblo, a veces actúan para el pueblo, pero nunca actúan con el pueblo. Jamás.

    En el mejor de los casos, no son más que la versión modernizada del “despotismo ilustrado” de María Teresa de Austria o Federico II de Prusia (http://bit.ly/1UseSFH). Si el progreso es proporcional a la participación popular, los marxistas solo son reaccionarios disfrazados de progresistas.

    En fecha tan temprana como 1948, la perversión del lenguaje por los marxistas fue denunciada por el hasta entonces militante marxista George Orwell en su celebérrima novela “1984” (http://amzn.to/1SmDDPI), una obra que debe leer toda persona que quiera entender realmente al marxismo en función de poder o, actualmente, al movimiento bolivariano que, desde luego, se define por “Repetir Lenin” (http://amzn.to/1LPdg5L).

    Orwell la describió como la “neolengua” (http://bit.ly/10BDmCw), donde paz significa guerra o amor significa odio. Así hablan los bolivarianos: A su dictadura llaman democracia y a los instrumentos democráticos de control popular sobre el poder los denominan golpismo.

    Como no podía ser de otra manera, quienes están pidiendo usar Mercosur, Unasur o Celac, para calificar al funcionamiento de las instituciones brasileñas de control popular sobre el poder como golpismo, son las dictaduras y cuasi-dictaduras bolivarianas cuya dependencia del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) en el gobierno puede ser resumida perfectamente con el caso Oderbrecht, empresa brasileña que tiene contratos de privilegio en Venezuela por sus aportes a las campañas electorales del PT (http://bit.ly/1NPl2bC) (http://hrld.us/1MIADc4) (http://bit.ly/1pCQXpu).

    Marcelo Oderbrecht, el director de la empresa, acaba de ser condenado en Brasil a diecinueve años de prisión por hechos como los mencionados (http://bit.ly/1pvyNqa) y, para desgracia del PT, hace pocos días acordó con la fiscalía confesar lo que sabe a cambio de reducir su castigo (http://bit.ly/1q7CORS).

    Los bolivarianos tienen todavía la cara dura de decir que estas condenas son una “conspiración de la derecha”, como lo repite sin solución de continuidad el diputado liberal Víctor Ríos, sin explicar cómo Oderbrecht y los demás empresarios que aportaron dinero robado a Petrobras, entre otras, a las arcas del PT se convirtieron en figuras tutelares de su idealizada izquierda.

    Por si los bolivarianos paraguayos liderados por Fernando Lugo, pero diseminados en todos nuestros partidos políticos pretenden olvidarlo, cuando nuestras instituciones democráticas de control funcionaron para destituir a Fernando de la presidencia de la República, Dilma lideró el movimiento para mantenerlo en la presidencia por la fuerza, expulsando ilegalmente a nuestro país de Mercosur e introduciendo más ilegalmente todavía a la dictadura venezolana en el bloque regional a pesar de la exigencia estatutaria de que solo pueden pertenecer a él las democracias plenas.

    En Brasil ocurre simplemente que se ha descubierto un esquema de corrupción construido desde el PT, bajo el liderazgo de Luiz Inacio “Lula” da Silva, que no tiene paralelo en la historia de ese país aun cuando la corrupción administrativa en Brasil tiene una larguísima tradición y un enorme volumen y es, ciertamente, una de las más largas y de las más grandes del Continente. Aun así, “Lula” lideró algo sin precedentes.

    Y ocurre que, como en toda democracia, cuando se descubre una corrupción tan inocultable por su enormidad, no hay manera alguna de detener el proceso de descontento popular y, por tanto, de canalización institucional de ese descontento, por la vía de las instituciones democráticas de control, como el juicio político.

    En Brasil no está en marcha ningún golpe que no sea del propio PT. El juicio político no es un golpe y solamente gente de mala fe, acostumbrada a robar como han robado desde el PT y desde los regímenes bolivarianos pretende que el juicio político a los ladrones es un golpe y que los ladrones deben permanecer en los lugares desde los que roban para que ellos no digan que es un golpe.

    Es una pretensión perversa de estos ladrones, la de que es un golpe de Estado impedirles que sigan robando. Quieren que se olvide que es dinero de la gente común el que están robando y pretenden que impedirles el robo es un golpe. Creo que ni siquiera Orwell imaginó jamás algo tan pervertido como lo que están pretendiendo los bolivarianos.

    Cuando Horacio Cartes asumió el gobierno le critiqué duramente haber abandonado su compromiso de julio del 2013 sobre que Paraguay no regresaría a Mercosur en las condiciones impuestas entonces por Dilma (http://bit.ly/1MIDH8e). Ya entonces se sabía todo lo que ahora está judicialmente probado. Pero debo admitir que su posición actual de no participar del coro bolivariano es correcta y espero que la mantenga. Dilma Rousseff debe estar en la cárcel y no en la presidencia de Brasil.

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  11. ¿Podrá Lula salvar a Dilma?

    Por Alfredo Boccia Paz –

    Imposible predecir el final de la crisis del Brasil. Toda la política latinoamericana se verá fuertemente influenciada por lo que suceda en los días que sigan a la Semana Santa.

    Es una coyuntura compleja en la que hay por lo menos cuatro planos superpuestos.

    Primero, el político, pues la polarización ha llegado a límites extremos por el desgaste que afecta a todo el sistema, no solo al partido de gobierno. Segundo, el económico, sentido por toda la población, afectada por la caída del crecimiento y los consiguientes ajustes de las políticas de redistribución.

    Tercero, el social, porque, con autonomía de lo que sucede en los partidos, los movimientos sociales y juveniles demostraron una fuerza sorprendente en los últimos años. Y, cuarto, el ético, porque en el centro de todo está la corrupción, que no se inició con el gobierno petista, sino que viene de bastante antes, hasta el punto que el mensalão forma parte de la tradición parlamentaria brasileña. Eso no excusa al PT de los abusos de los que es acusado.

    Para la derecha es una crisis terminal, causada por los desaciertos de Dilma Rousseff. Para la izquierda, se trata de una cruzada de las corporaciones empresariales y comunicacionales y de los partidos conservadores con la complicidad de sectores judiciales y policiales, dispuestos a tumbar por la vía legislativa a un gobierno elegido por más de 54 millones de votos. En estos días se lee con asiduidad en los periódicos brasileños la mención de un golpe blanco o “al estilo paraguayo”.

    Dilma está lejos de tener la fuerza de Lula. Por eso recurre a él, intentando incorporarlo al gobierno. Cotejando riesgos, Lula aceptó, porque, curtido en la lucha, sabe que la verdadera intención de la derecha es eliminarlo a él de la política. Eso se evidencia en la truculencia con la que los jueces federales actuaron al detenerlo aparatosamente en un innecesario espectáculo mediático, en la divulgación de sus conversaciones telefónicas o en el empeño en impedir que asuma como ministro. El campo conservador no tiene líderes aglutinantes y está fragmentado.

    Pese a estar muy golpeado por las denuncias de corrupción en el caso Petrobras, Lula sigue siendo un político muy popular, que podría volver a ganar en el 2018.

    Nadie sabe si Dilma aún puede ser salvada, pero sí quién podría hacerlo. Lula podría reinventar las articulaciones, tan frágiles como creativas, que permitieron que el PT gobierne durante los últimos doce años. Solo que Lula en el Planalto podría quedarse allí hasta más allá del 2018. Es poco probable que eso suceda, pero en Brasil nada es imposible. Por eso la derecha pone su mejor esfuerzo en evitarlo.

    Dentro de esa caótica situación, Lula ya ha logrado que la alicaída izquierda recupere algo de su viejo impulso, salga de nuevo a las calles y que artistas, intelectuales y notables vuelvan a unirse en torno al PT, del cual se sentían desilusionados.

    ¿Es suficiente eso para postergar el linchamiento del PT? Imposible saberlo. En cualquier caso, quien gane no estará cómodo. El continente tampoco.

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  12. ¿Quiénes son los que protestan en Brasil?

    “La movilización más grande de la historia”, “el pueblo salió a las calles” y otros titulares de este tipo se leían en la prensa brasilera en la mañana de ayer, así como en los principales diarios del mundo entero, que le dieron amplio destaque a las protestas contra la presidente Dilma Rousseff del pasado domingo, especialmente al multitudinario acto realizado en la capital paulista. Seguidamente vinieron los pronósticos. “Dilma no aguanta un mes”, “el impeachment es prácticamente un hecho”, con agregados tales como “Lula está a un paso de ir a la cárcel”, etcétera, etcétera. Y puede ser que estas hipótesis se concreten, pues la crisis es profunda y las elites dominantes parecen estar decididas a desalojar al PT del poder e impedir que su líder histórico se postule en una próxima elección. Pero, ¿realmente es el pueblo el que está en las calles? La respuesta, aunque para muchos resulte sorprendente, es no. ¿Quién lo dice? Datha Folha, la encuestadora del influyente Folha de São Paulo, de línea opositora, según la cual la inmensa mayoría de los manifestantes eran de clase media, media alta y alta.

    Según el citado instituto, el 11% de los encuestados declaró tener un ingreso promedio de entre 20 y 50 salarios mínimos, el 24% de 10 a 20, el 26% entre 5 y 10, en tanto que un 2% dijo tener ingresos superiores a 50 sueldos básicos. Es decir, el 63% de los consultados forman parte de sectores bastante acomodados e incluso de los que se hallan en la cúspide de la pirámide social. ¿Y el resto? El 17% afirmó ganar entre 3 y 5 salarios, suma nada despreciable en cualquier país latinoamericano, el 8% de 2 a 3 y sólo el 6% entre 1 y 2.

    Datha Folha pone de relieve este hecho y señala que si bien la manifestación fue superior en número con respecto a las anteriores, tuvo la limitación de mantenerse “elitizada”. Y agrega otro dato curioso, relativo a la edad de los asistentes. El 40% de éstos tenían 51 años o más, el 36% de 36 a 50, el 18% entre 26 y 35, el 5% de 21 a 25 y el 4% de 12 a 20.

    Algo más, en un país como el Brasil, en el que la mitad de la población es negra o mulata, el 77% de los asistentes al mayor acto de protesta estuvo integrado por blancos, lo cual encaja perfectamente con la composición social del evento, ya que los primeros son precisamente los que pueblan mayoritariamente la clase baja. Y a modo de remate, también el 77% dijo tener formación superior, el 18% nivel medio y solo el 4% nivel básico.

    En síntesis, la movilización más grande, unas 500.000 personas según las estimaciones, tuvo como protagonistas fundamentales a personas de buen pasar y muy adineradas, adultos en su mayoría absoluta.

    Esto no le resta importancia a la protesta, ni minimiza la magnitud de la crisis política que está en curso. Después de todo, son esas minorías pudientes las que en América Latina siempre impusieron su voluntad, cosa que está por verse ahora en el Brasil, en donde la mayoría se mantiene silenciosa.

    En efecto, si hay algo claro que se desprende de estos acontecimientos es que el pueblo no es el que está en las calles y que los jóvenes también brillan por su ausencia, a diferencia del proceso que culminó con la destitución de Fernando Collor, hace casi un cuarto de siglo.

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