América Latina ha experimentado con frecuencia, a lo largo de su historia, oleadas de transformaciones políticas. El inicio del siglo XXI no parece que vaya a ser una excepción. En los últimos años, un elenco heterogéneo de figuras políticas pertenecientes a lo que podría identificarse como “la izquierda” ha accedido al poder en muchos países de la región.
Esto ha sido anunciado e interpretado, en cada caso, como una renovación que anticipaba un tiempo político esencialmente diferente al pasado. Los políticos vencedores proclamaban su victoria como el advenimiento al poder de aquellos que han sido históricamente excluidos por sus ideas, su cultura, su clase social o su género. Lo cierto es que con la llegada al poder de Hugo Chávez (Venezuela, 1999), Ricardo Lagos (Chile, 2000), Luis Inácio “Lula” da Silva (Brasil, 2002), Néstor Kirchner (Argentina, 2003), Tabaré Vázquez (Uruguay, 2004), Evo Morales (Bolivia, 2005), Rafael Correa (Ecuador, 2007) y Fernando Lugo (Paraguay, 2008), América Latina giró a la izquierda.
En verdad, en América Latina se ha producido en las últimas décadas un conjunto de grandes transformaciones. Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente pobres y desiguales está organizada, casi en su totalidad, bajo regímenes democráticos. En América Latina se define una nueva realidad sin antecedentes: la relación entre democracia, pobreza y desigualdad. En efecto, por primera vez conviven estos tres rasgos, y la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad coexistiendo con los retos de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que se derivan de esta situación resultan particularmente complejos y la escasa comprensión de esta realidad singular puede llevar a dos consecuencias graves para la democracia: la primera es ignorar la necesidad de la viabilidad económica de la democracia, esto es, ignorar la necesidad de construir bases sólidas de una economía que permita atacar la pobreza y la desigualdad; la segunda es desconocer la viabilidad política de los programas económicos, esto es, ignorar que esos programas se aplican en sociedades donde las demandas ciudadanas y el juicio sobre dichas políticas se expresan libremente. En consecuencia, el debate sobre la estabilidad democrática no debe ignorar la pobreza y la desigualdad, ni las políticas de crecimiento deben soslayar que, pobres y desiguales, los ciudadanos latinoamericanos ejercen su libertad para aceptar o rechazar esas políticas.
Esta situación plantea el desafío de resolver ciertas tensiones entre economía y democracia. Todo indica que solo con más y mejor democracia las sociedades latinoamericanas podrán ser más igualitarias y desarrolladas. La razón de ello es que solo en democracia quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos. El gran desafío, pues, es combatir la pobreza y la desigualdad con los instrumentos de la democracia. En consecuencia, cabe asumir que las sociedades latinoamericanas resultan ser sociedades en vías de desarrollo, donde las demandas sociales se expresan libremente y la economía se organiza en torno al mercado. Esta combinación entre libertad política y libertad económica en contextos de pobreza y desigualdad puede no generar como resultado el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de la economía. De hecho, estudios importantes muestran que la ciudadanía latinoamericana celebró el advenimiento de la democracia y experimentó un renovado optimismo y confianza en el futuro político de la región pero que, sin embargo, poco tiempo después las demandas y los conflictos sociales se reactivaron y en muchos países la desilusión respecto del desempeño de los gobiernos democráticos se intensificó. Es altamente probable que la influencia de los asuntos sociales y económicos en el desempeño de los regímenes democráticos sea de particular importancia en América Latina, donde la pobreza y la desigualdad todavía resultan alarmantes. Lo cierto es que la izquierda que gobernó durante la última década en la región no pudo con ellas y hoy parece políticamente desgastada.
Por Daniel Mendonca
laoveja100 
‘Mea culpa’
Los éxitos suelen tener un solo padre o madre y los fracasos, ninguno. Casi nadie, ante los hechos consumados que acabaron con las esperanzas de muchos, tiene la capacidad de criticar sus acciones y a la luz de los sucesos buscar opciones y alternativas. El llamado socialismo del siglo XXI nos ha traído muestras más que elocuentes de fracasos en la gestión democrática con una clara y decidida vocación de aprovechar los buenos momentos económicos para aplicar políticas de distribución insostenibles que han llevado a que pueblos ricos, como Venezuela, Brasil o Argentina, hoy muestren claros signos de decadencia con poblaciones enteras hurgando en los basurales algo que comer o teniendo que emigrar masivamente hacia territorios contiguos para hacerse con algo que llevar a la boca. No hace falta recordar el fracaso en el sistema de salud, la corrupción rampante y las claras violaciones a los derechos humanos que han pasado a ser sello de estas administraciones que se han llenado la boca de pueblo para acabar hambreando a poblaciones enteras.
No hemos escuchado hasta ahora a nadie desde adentro que reconozca qué es lo que ha fallado. ¿Qué es aquello que no se hizo como se debía y por qué el fracaso ha coronado una década y media en que han tenido todo para hacer crecer a sus pueblos pero que han terminado empobreciéndolos aún más. Nadie de entre los intelectuales orgánicos ha dicho por qué en medio de la abundancia, la carencia de capacidad de gestión y la rampante corrupción tiene, sin embargo, el sello del desencanto. La mea culpa sigue siendo un rasgo ausente de sociedades adolescentes incapaces de madurar hacia un modelo de desarrollo donde el ser más implique signos de adultez que tienen en la crítica eso que Octavio Paz denominó creatividad.
Capacidad de ver con ojos desapasionados lo que no ha funcionado y cómo mejorarlo. Alguien dirá que esa es una capacidad que no puede medirse a grupos que han alcanzado el poder como consecuencia de la notable desilusión hacia gobiernos anteriores y que no tenían una agenda a favor de algo sino solo una contestación en contra de muchos, de algunos o de ciertos sectores. No se puede pedir una capacidad de la que se carece cuando es imposible observarse hacia adentro con ojos críticos la verdadera esencia del poder que les ha tocado en suerte administrar. Los extraordinarios precios de las materias primeras en los mercados internacionales, el crecimiento chino o el despertar de la India supuso unos cuantiosos ingresos que han sido dilapidados por gobiernos que no encontraron jamás el equilibrio entre la voluntad de cambio de un pueblo y el decidido afán de estos gobiernos de parecerse en todo aquello que habían condenado a los anteriores.
Tal vez lo único que pueda colegirse de estas circunstancias y que ingresa en otro ciclo de década perdida es constatar la carencia real y decidida vocación democrática y el notable sesgo autoritario que domina todavía a largas capas de la sociedad latinoamericana. Nunca terminamos por aprender. Jamás podemos ver con anticipación y racionalidad aquello que debe funcionar correctamente para sacar de la pobreza y marginalidad a varios sectores de la sociedad. Seguimos en la senda del decidido afán de fracasar aunque el mismo sea presentado como revolucionario, de cambio y popular.
No hemos escuchado hasta ahora de la boca de varios de estos líderes por qué han fracasado. Por qué la marginalidad y la violencia se incrementaron geométricamente en capitales como Buenos Aires o Caracas. Nadie ha esgrimido argumentos que permitan entender cómo un ciclo de abundancia económica acabó en las peores formas de carencia, como aquellas que socavan la vida y la dignidad de muchos.
Es un tiempo de mea culpas que nos permitan a todos entender el fracaso reiterado de un nuevo ciclo de abundancia en América Latina. Es una gran deuda que esperamos sea saldada muy pronto.
Benjamin Fernandez Bogado
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Persecución
Una de las fórmulas infalibles a la que recurren los políticos en el poder, y más aún cuando lo han perdido, es la de la idea de que alguien por no quererlos los persigue con el brazo de la justicia a la que usaron y de la que abusaron cuando tenían el control del gobierno. Todos aquellos investigados por hechos de corrupción en nuestros países afirman que los persiguen simplemente por haber estado en el gobierno, sin dar margen a analizar las razones de la investigación de la que son sujetos.
¿Cómo es posible presuponer que un escándalo del tamaño del Brasil no estuviera relacionado a Lula y Dilma? Imposible que estos hechos hoy investigados por la justicia de su país no tuvieran que encontrar responsabilidades por acción u omisión en tarea del ejecutivo de ese país. O el caso de la hija de la presidenta argentina que no sabe cómo le han depositado millones de dólares en su cuenta bancaria, o aquel otro funcionario descubierto cuando intentaba depositar valijas repletas de dólares con nocturnidad y alevosía en una casa de monjas de ese país sudamericano. O nos toman por tontos e insultan nuestra inteligencia o simplemente pretenden echar mano al último recurso que les queda: el ridículo.
La conciencia es la última frontera para los hombres éticos; para los que no, es preciso afirmar que la justicia siempre será juzgada como una institución subalterna al poder político y que cuando la maquinaria se pone a mover es porque alguien desde arriba lo está impulsando. Jamás, en ningún caso, suponen que su corrupción alguna vez será expuesta y castigada. Eso no entra en la lógica de los sinvergüenzas que han hecho del poder una expresión perfecta de corrupción y de impunidad. Creen, mientras controlan todo, que jamás nada ni nadie osará ir contra los actos recurrentes de injusticia de distintos grados y formas. Creen tontamente estar inmunes a cualquier forma de exposición tan siquiera, y menos de sanción, a sus distintos modos de corrupción.
Benjamin Fernandez Bogado
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La corrupción y la historia
Los brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff pueden acabar en la cárcel por corrupción. Especialmente Lula. También el español Mariano Rajoy y la argentina Cristina Fernández de Kirchner si les prueban las acusaciones que penden sobre sus cabezas. ¿Para qué seguir? En este momento hay más de 30 jefes o exjefes de Estado europeos y latinoamericanos presos, expatriados, o sospechosos de peculado, malversación, lavado de activos y otras formas más brutales de apoderarse de los recursos de la sociedad para beneficio personal o para fomentar la clientela política. Ni siquiera cuento a los africanos y a muchos asiáticos porque la lista sería excesiva.
El esquema usual consiste en un triángulo delictivo. Hay unos políticos o funcionarios que tienen la autoridad de otorgar jugosos contratos del Estado y hay unos empresarios capaces de ejecutar esos proyectos, pero no de ganarlos en licitaciones abiertas, limpias y realmente competitivas, sino por medio de trucos y componendas. Entre ellos suele actuar un bagman que negocia con los empresarios a nombre de los políticos, recibe el dinero de la coima, lo reparte y se queda con una tajada.
Los bienes y servicios así facturados suelen tener un sobreprecio que oscila entre un 3 y un 30% que acaban pagando las sociedades mediante sus impuestos. No hay almuerzo ni robo gratis. La tendencia es que con cada gobierno sea mayor el porcentaje de la corrupción y sean más las personas involucradas en el saqueo. La corrupción, como las infecciones, se agrava y propaga progresivamente por el cuerpo social.
Ese encarecimiento, no obstante, no es lo más costoso. Lo peor es la creciente pudrición del Estado de derecho. Si los políticos lo hacen, ¿por qué no los policías, los militares y cualquier funcionario en el ámbito de su desempeño profesional? Todo acaba por tener su precio: desde la simple obtención de un certificado hasta el permiso para construir una fábrica que beneficiará al conjunto de la sociedad.
Nada de esto es nuevo. El Nobel de Economía Douglass North les llama “sociedades de acceso limitado”. Así ha sido siempre y así sucede en las tres cuartas partes del planeta. Lo realmente extraño y novedoso es la pulcritud en los manejos del dinero público. Durante milenios, desde el comienzo de los Estados, ha existido el contubernio entre los productores de recursos y la clase dirigente que administra la cosa pública. Unos y otros se necesitan y retroalimentan.
En las sociedades de acceso limitado ni siquiera existía la conciencia del delito. Formar parte de la aristocracia significaba no pagar impuestos y se premiaban las acciones en beneficio de la Corona con privilegios especiales. A Hernán Cortés, antes de privarlo de casi todo, le retribuyeron sus servicios de conquistar México con un título nobiliario y ciertos impuestos de 20. 000 indios. Lo natural era la asignación de tratos preferentes.
Eso comenzó a cambiar en 1776 cuando los norteamericanos se separaron de Inglaterra, rompieron con el monarca Jorge III, declararon que todos los hombres eran iguales ante la ley, abolieron los privilegios y proclamaron la República. Sin darse cuenta, al cancelar los abolengos habían creado la primera “sociedad de acceso abierto” fundada en el mercado y la meritocracia.
Es verdad que las mujeres y los negros quedaban fuera de la ecuación, algo que a trancas y barrancas se corregiría posteriormente, pero se modificó sustancialmente la relación entre la sociedad y el Estado. Las personas se habían transformado en ciudadanos dueños de la soberanía, legitimados porque eran los taxpayers, mientras los políticos y funcionarios se convirtieron en humildes servidores públicos que recibían sus salarios del pueblo. El dinero era el gran factor de legitimación y había que manejarlo escrupulosamente.
A partir de ese ejemplo otras sociedades fueron copiando la estructura política estadounidense, pero no todas entendieron que el éxito no radicaba en inspirarse mecánicamente en la Constitución de 1787 forjada en Filadelfia, sino en suscribir los principios éticos que animaron la primera República moderna.
Naciones –las sospechosas habituales de siempre, encabezadas por las escandinavas– que han internalizado los principios morales de las sociedades de “acceso abierto” y ajustan su comportamiento a las normas legales establecidas en los códigos. Es un proceso lento que, con el tiempo, abarcará a todo el planeta.
La clave está en el Poder Judicial. El juez federal brasileño Sergio Moro tiene contra las cuerdas a los políticos y empresarios de su país, más o menos como el juez italiano Antonio di Pietro en la década de los noventa del siglo XX desató la operación “Manos Limpias” y 1233 políticos, empresarios y funcionarios corruptos acabaron tras las rejas, desplomándose de paso toda la estructura política posterior a la II Guerra mundial.
Poco a poco, en el resto del mundo sucederá lo mismo.
Por Carlos Alberto Montaner
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La izquierda caviar
No hablamos de la izquierda paraguaya precisamente porque aquí, tanto los políticos pobres como los acaudalados, prefieren un rico asado antes que saborear huevos de peces raros. Sí, en el contexto latinoamericano actual, podríamos hablar de una “izquierda caviar” debido a los gravísimos casos de corrupción en gobiernos supuestamente de izquierda como Brasil, Venezuela y Argentina.
La expresión “izquierda caviar” tuvo su origen en Francia, a principios de los años 80, como una calificación peyorativa hacia el movimiento liderado por el presidente socialista François Mitterrand. Se supone que es una crítica que se hace a las personas que declaran su preferencia por las clases sociales populares pero llevan el estilo de vida de la clase alta privilegiada. A nivel latino, existe una expresión parecida, menos elegante pero más picante: fulano de tal de día anda con la izquierda, pero de noche duerme con la derecha.
El movimiento peronista en la Argentina ha sido utilizado por varios políticos para proclamar su opción por la clase trabajadora pobre al mismo tiempo que se enriquecían personalmente con los fondos públicos. Carlos Saúl Ménem y, sobre todo, el matrimonio Néstor y Cristina Kirchner perfeccionaron el sistema de identificarse ideológicamente con la izquierda a la par que amasaban ilegalmente fortunas particulares a costillas del erario público.
Un maestro en la materia también lo fue el expresidente venezolano Hugo Chávez, que proclamó la “revolución bolivariana antiimperialista” mediante la cual logró, en poco tiempo, hacer inmensamente rica a su familia y generó una desesperante y generalizada pobreza de sus compatriotas comunes.
Un proceso muy similar ocurrió en Brasil, en donde el fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, pasó de ser un humilde dirigente sindical a presidente de la República, uno de los hombres más ricos del país y, actualmente, un procesado por la justicia por multimillonarios casos de corrupción. El escándalo afectó colateralmente a su compañera del PT, Dilma Rousseff, quien fue destituida del cargo de presidenta en un histórico juicio político.
Ante estos hechos, uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué pasa en la mente de estas personas? ¿cómo es posible que cambien tan radicalmente su visión de la vida y, sobre todo, sus acciones en los cargos públicos? ¿el poder corrompe siempre a quienes lo ejercen y cuanto mayor es el poder, mayor es la corrupción?
La izquierda caviar en realidad es una expresión errónea e injustificada, pues los casos de corrupción en la administración de los bienes públicos no distingue colores ni ideologías políticas. Hay gobernantes ladrones en la izquierda, en el centro y en la derecha y es una triste verdad aquello de que el billete no tiene color.
Lo que molesta y nos tiene hartos es el lenguaje demagógico, populista y mentiroso de quienes hablan todo el tiempo de su opción preferencial por los pobres mientras hacen sus depósitos millonarios en bancos sin escrúpulos de algún paraíso fiscal. ¡Vade retro, farsantes!
Por Ilde Silvero
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Soberana paliza
Venezuela amaneció este lunes muy diferente. La violencia política que se había enseñoreado de las calles de Caracas y otras ciudades en el tramo final de la campaña electoral, cedió paso a la tranquilidad y a la alegría de un pueblo que le dio una fenomenal paliza política al régimen autoritario de Nicolás Maduro, quien no tuvo más remedio que aceptar la catastrófica derrota. Los pocos medios que mantuvieron una posición independiente respecto al chavismo, informaban ayer que la oposición nucleada en la “Mesa de Unidad Democrática” ya sumaba 112 de los 167 diputados electos, frente a tan solo 51 del oficialismo, quedando por saber cómo se distribuirían los 4 curules restantes. Para el chavismo, es el principio del fin. Para la nación caribeña, el inicio de la transición a la democracia, que con certeza enfrentará obstáculos y no pocos riesgos.
La Constitución venezolana establece tres tipos de mayorías en la Asamblea Nacional o Congreso. La “simple”, que se obtiene con la mitad más uno de los diputados; la “absoluta”, con 3/5, lo que equivale a 100 legisladores; y la “calificada”, con 2/3, es decir 111. En consecuencia, con 112 diputados, que podrían ser incluso más, la oposición se asegura el control hegemónico del Poder Legislativo, que desde hace años ni siquiera cumple con el rol constitucional de legislar, aunque más no fuera a la medida de los intereses del oficialismo, pues fue delegando progresivamente sus facultades a Hugo Chávez, primero, y después a Nicolás Maduro.
Sin pérdida de tiempo, “la Mesa” ya presentó su primera demanda: Liberación inmediata de todos los presos políticos, entre los que se encuentra uno de sus líderes, Leopoldo López, así como dirigentes estudiantiles que encabezaron las grandes movilizaciones de hace casi dos años y otros activistas sociales. Y es probable que en el corto plazo, insuflada por el resonante éxito y por las seguras barrabasadas en las que seguirá incurriendo el presidente venezolano, apele al resorte constitucional del Referéndum para revocarle el mandato.
El chavismo, por su parte, se debate en una crisis de dimensiones colosales. A la pérdida de respaldo político, como se expresó claramente en las urnas, también debe sumarse el del estamento militar. Esto se manifestó cuando, al demorarse la divulgación de los resultados y aumentaban los rumores de fraude, los principales voceros castrenses, con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López a la cabeza, declararon públicamente que “nada se hará en contra del proceso democrático” y que se respetará el resultado de las urnas. Al mismo tiempo, comunicaron la prohibición de toda movilización callejera por 24 horas, lo cual fue un claro mensaje al presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien había puesto en operaciones a denominada “Unidad de Combate Chávez”, una fuerza de choque de características para militares.
Al mismo tiempo, las grietas en el partido de gobierno son cada vez más profundas con el correr de las horas. Ayer ya comenzó a escucharse la exigencia de que renuncien a todos los cargos que ostentan en el Estado y en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tal como lo formuló Javier Antonio Vivas Santana, uno de los principales editores de la publicación “Aporrea”, adscripta al “Socialismo del Siglo XXI”.
Los resultados estaban cantados. Tal vez sorprendió la diferencia tan abultada, pero no el signo político de quienes resultaron vencedores, lo cual no es un dato menor, pues, junto con la actitud de los militares de tomar distancia y el desmoronamiento del partido oficial, hace que los días de Maduro como presidente estén contados.
Lo dijimos en varias oportunidades. Se trata de una corriente política que está abandonando la escena. Primero fue el kirchnerismo, en la Argentina. Ahora el chavismo, en Venezuela. Y tal como están las cosas en el Brasil, es muy probable que en un futuro no lejano suceda lo mismo con Dilma Rousseff, poniendo fin a un largo periodo de gobierno petista.
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No se puede subsidiar la ilusión
El oficialismo venezolano perdió los comicios luego de 17 años. Chávez llegó al poder a caballo del descrédito completo de la clase política contra la que intentó un golpe de estado cruento que le costó la cárcel. Lo liberó un presidente como Caldera que representaba lo peor de la política decadente de su país. Ahí empezó el calvario de la Venezuela arrogante y perezosa, rentista del petróleo que les dio tantos ingresos que si fueran bien administrados hoy de lejos sería el país más rico de América Latina. El azar fue favorable al chavismo con unos precios del crudo por los aires y con dinero para subsidiar todo: desde el combustible regalado cuyo litro es inferior a una botella de agua hasta viviendas y comidas pasando por ropas y alimentos. Esos ingresos hubieran creado las mejores condiciones para el país. Un sector social grande que condenaba a los gobiernos democráticos corruptos los apoyó con todo. Finalmente habían alcanzado el poder de la mano de un teniente coronel que mezclaba el peor rostro del socialismo y del nacionalismo. Solo había que agitarlo de manera continua para beber un sistema decadente que los terminó haciendo más pobres y más llenos de violencia.
La ilusión de salir de la pobreza no se ha cumplido y el domingo pasado los propios subsidiados le dijeron al gobierno de Maduro: lo que nos dan no alcanza para nada porque entre la inflación rampante y el alto nivel de criminalidad en las calles nos han dejado desnudos de esperanzas y confianza. No se puede subsidiar la ilusión de un pueblo permanentemente cuando la realidad –que es la única verdad– los cachetea diariamente. El gobierno populista sin control tiene que ser obligatoriamente corrupto. Al principio cuando reparte y les alcanza a todos eso es secundario. Cuando la realidad comienza a decirles a cada uno que eso a la larga termina por erosionar todo… ya es tarde y el gobierno está de salida. 17 años es una eternidad, es una generación perdida en el despilfarro de recursos y en la incapacidad de crear instituciones sólidas que fueran mejores que las que surgieron con los “corruptos del pacto del punto fijo” y, que turnó a dos partidos gobernantes por años en esa Venezuela petrolera y despilfarradora.
Ahora hay que negociar con la realidad la salida de Maduro. Los militares que pueden ser muy bolivarianos no comen vidrio y han hecho una salvedad antes de los comicios afirmando que respetarán los resultados con lo cual han marcado ya una distancia con el jefe de Estado. ¿Cómo será el proceso? Lo primero: soltar a todos los presos políticos e iniciar un gran diálogo con el país, de fondo. El ciclo está concluido, como lo venimos anunciando en esta columna hace un tiempo. No debe ser violento y los que pretenden lo contrario tienen más de la mitad del país en contra. Deben evaluar con quiénes cuentan y ahora solo tienen margen para negociar una salida, la menos traumática posible. Lo contrario es preparar una nueva batalla donde los únicos perdedores serán ellos. No tendrán ni legalidad ni legitimidad y los que la impulsen se ganarán sus buenos años en prisión.
Entre la salida de los Kirchner en Argentina, el juicio político a Dilma Rousseff, el rechazo a la reelección de Evo Morales y de Correa… el mensaje en la región es más que claro. El ciclo ha terminado y lo que sus países reclaman es un proceso de transición ordenado y previsible. Un combate desde la llanura será el ultimo acto de estos gobiernos que tuvieron todo para dejar países ricos, prósperos e institucionalmente fuertes, pero que se van sin pena ni gloria repitiendo el infame círculo político de América Latina.
Se habrán robado muchas cosas materiales, pero lo peor es que han hurtado la ilusión de millones a los que ni el subsidio generoso pudo evitar el malestar patente y evidente.
Benjamin Fernandez Bogado
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