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¿Hacia una capitulación?

Cuando había concluido esta columna, me cayó como una bomba el acuerdo suscrito en La Habana por el presidente Santos y por “Timochenko” sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

Es un campo minado, sí. El acuerdo elimina la palabra “prisión” para los miembros de las FARC y quedan anexos al delito político el narcotráfico, las minas y los secuestros. No habrá, pues, extradición. Los militares, vistos como actores del conflicto, serán sometidos al mismo mecanismo de justicia de los terroristas. No habrá beneficio para los oficiales que en vez de confesar culpas aleguen su inocencia.

Antes de este inesperado acontecimiento, me había propuesto abordar el tema de las 28 salvedades que tienen las FARC sobre los restantes acuerdos. Las mencionó mi amigo Enrique Santos Calderón en una entrevista que le hizo la Blu Radio. Por cierto, no comparto los juicios, a veces feroces, que se lanzan contra él. No creo que sea un hombre cercano a las FARC y que haya sido el secreto instigador de los diálogos con sus comandantes. Como nos ocurrió a mí y a cuantos vivíamos hace cincuenta años deslumbrados con la alternativa revolucionaria de Fidel Castro, llegamos a ver con buenos ojos la lucha armada. Fue un extravío de juventud que hoy no tiene validez alguna.

Como buen periodista que es, Enrique no pierde cierta objetividad en el análisis de los tropiezos que encuentra el proceso de paz. En la entrevista que le escuché por radio, además de las famosas salvedades, menciona las cincuenta zonas de concentración que se proponen exigir las FARC; una para cada uno de sus frentes. Enrique advierte que el Gobierno no estaría dispuesto a ofrecerles más de cinco o seis zonas.

No creo, como él dice, que sean detalles fácilmente remediables. La realidad es mucho más compleja. Las FARC no ceden en sus exigencias. Algunas de ellas, cubiertas con delicados maquillajes han sido aceptadas por Juan Manuel Santos. La llamada dejación de armas, por ejemplo, significa que no van a entregarlas. Se quedarán con ellas en las zonas donde se encuentran sus frentes, lo cual, sumado a los millonarios recursos de que disponen por concepto del narcotráfico, les permitirá el control absoluto de muchas regiones del país. La justicia transicional, cuyo más entusiasta vocero es el fiscal Montealegre, terminó imponiendo todo lo que acaba de aprobarse en La Habana. Su fórmula sagrada es “ni un solo día de cárcel”.

A fin de que el acuerdo con las FARC pase sin tropiezo alguno, aparece ahora un proyecto de reforma constitucional que, como bien lo dice Rafael Nieto Loaiza, es una bomba nuclear contra la democracia. Contiene solo dos artículos y permite que una pequeña comisión del Congreso, controlada por el Ejecutivo, sin debate ni veto, lo apruebe dócilmente.

Las salvedades expresadas por las FARC no son de poca monta. Miremos algunas de ellas: “delimitación de la propiedad”; “prohibición de compra de tierras por parte de empresas transnacionales”; “revisión de los tratados de libre comercio”; “nueva ley de reordenamiento territorial”; “la reconversión de las Fuerzas Armadas”; la llamada “reestructuración democrática del Estado”; “una Cámara territorial en vez de la Cámara de Representantes”, etcétera.

De aprobarse estas exigencias, tendrían más bien el carácter de una capitulación del Estado, pues significaría un radical cambio del actual modelo económico y político del país. Sería lo que una buena amiga de Nicolás Maduro, Piedad Córdoba, llama refundación de un nuevo país y nuestra segunda y definitiva independencia. Si realmente el acuerdo final de paz acaba firmándose en el mes de marzo y dos meses después se hará efectiva la dejación de armas, las salvedades, mucho me temo, serán irremediablemente aceptadas. De esta manera, el anhelado sueño de la paz quedará convertido en pesadilla.

Por Plinio Apuleyo Mendoza (*)

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