WIKILEAKS, UN NUEVO DESAFÍO PARA LA INFOÉTICA

Habla Gil Tamayo, director de Medios de Comunicación de la CEE

Cada vez es mayor el auge y más los documentos publicados en la prensa mundial que desvelan comportamientos anti éticos de diferentes entes gubernamentales. ¿Se trata de un mayor énfasis en el periodismo investigativo? No. Se trata de una organización mediática internacional que está próxima a cumplir cuatro años de actividad: Wikileaks.

Dice la Veritatis Splendor (97): “Más allá de las intenciones, a veces buenas, y de las circunstancias, a menudo difíciles, las autoridades civiles y los individuos jamás están autorizados a transgredir los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana”, entonces ¿hasta qué punto resulta ético publicar documentos que son resultados de filtraciones de un estado, empresa o incluso de una entidad religiosa?

 

Para ello ZENIT habló con el sacerdote y periodista José María Gil Tamayo, director del secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal española y consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales.

 

Ha sido director de la revista ‘Iglesia en camino’ y de la programación del área socio-religiosa de COPE Badajoz.

 

Además, ocupa los cargos de Consiliario de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E), consejero de la cadena COPE y de Popular TV, y colabora frecuentemente en numerosos congresos y jornadas. Igualmente, es coordinador de los programas religiosos de RTVE y experto del Comité Episcopal Europeo para los Medios.

 

– ¿Es un acto intrínsicamente malo el transgredir la privacidad e infiltrarse para buscar comportamientos no éticos de parte de gobiernos o entidades?

 

José María Gil Tamayo: La libertad de expresión no es una libertad absoluta. La transparencia informativa exige una gradualidad en función de los derechos de los otros y no equivale nunca a la intemperie social y legal. Esto no sólo hace referencia a las personas individuales, sino que por extensión también es aplicable a las instituciones, especialmente aquéllas que sustentan la convivencia pacífica, libre y democrática, y que gozan de personalidad jurídica y también son sujetos de protección por el Derecho. El mundo no puede convertirse en un “Gran Hermano”.

 

– ¿Cree que en este caso el fin justifica los medios? El hecho de infiltrarse para hacer salir a la luz comportamientos anti éticos, que, en algunos casos podrían buscar un mal menor?

 

José María Gil Tamayo: El fin nunca justifica los medios, ni hay terrenos humanos francos o exentos de la ética, en este caso informativa. Nunca del mal -en los contenidos, en los resultados o en los procedimientos- sale el bien. El derecho a la información ha de conciliarse de manera armónica con el derecho al honor y a la vida privada, de tal modo que uno no anule a los otros, sino que el equilibrio venga dado por la proporcionalidad de la relevancia e importancia para el interés publico del asunto privado sobre el que se pretenda informar.

 

Hay que discernir, y la justicia informativa, por ser justicia, da a cada uno lo suyo. Es en este enfoque de derecho y no como colisión de libertades en el que hay que entender la libertad informativa. Sólo así es posible contemplar la información como un derecho del público y un deber correlativo de las empresas informativas y de los comunicadores, a los que se les ha de exigir una responsabilidad de mediación social de especial relevancia y por ello ética.

 

– ¿Existe el peligro de perder de vista las investigaciones del reportero tradicional, que hacía de enlace y aplicaba su criterio entre la fuente y el medio? ¿O de que se trivialicen los escándalos?, ¿de que se le quiera dar el título de “watergate” a todo supuesto escándalo que salga a la luz?

 

José María Gil Tamayo: El derecho a la información no puede llevar a la suplantación de los órganos jurisdiccionales (p. el poder judicial) de los Estados libres en el control del resto de los poderes del Estado y de las instituciones (gobiernos, parlamentos, etc.), de tal manera que los medios de comunicación, en especial los dotados del poder de las tecnologías más avanzadas, se constituyan en un cuarto poder que juzga y hasta condena -en juicios paralelos mediáticos- sin garantías judiciales a los posibles sospechosos de contravenir el interés general o de cometer posibles delitos. ¿Quién determina si es delito? ¿el editor? ¿una consulta a la opinión pública valorada según los impactos en la red para determinar su criterio de veracidad? Con esto no quiero decir que los medios enmudezcan o reduzcan su capacidad crítica y de denuncia de lo injusto o dañino para sociedad, pero sí han de hacerlo, con una contrastada y exhaustiva investigación y con ejemplar respeto a los derechos personales y sociales de los demás, tanto en los procedimientos como en los contenidos informativos.

 

La preservación de la dignidad y los derechos de la persona y el logro del bien común han de ser los criterios básicos para una adecuada ética informativa.

 

– Al sacar a la luz este tipo de información sin la previa consulta de las fuentes, ¿no existe el peligro de que pueda haber malas interpretaciones, es decir, políticas que no necesariamente expresen ideas anti-éticas y que, por su redacción o por códigos particulares que se manejan dentro de la entidad parezcan expresadas como tales?

 

José María Gil Tamayo: Al igual que en otros campos éticos no todo lo que se puedese debe hacer y así, por ejemplo, con respecto a la información reservada que afecta a la seguridad de los Estados, los propios ordenamientos jurídicos, incluso los parlamentos prevén de forma reglada “comisiones de secretos oficiales” en los que la soberanía popular se delega sin que esto ponga en peligro la seguridad nacional o el bien común. No todo lo que supuestamente afecta a todos debe ser conocido por todos de la misma manera, sino en función de las responsabilidades de gobierno o sociales que cada uno tiene, al igual que el derecho a la información que tiene toda ser humano no es ejercido con la misma plenitud por todos los sujetos, sino en relación con sus capacidades y así los menores acceden a él progresivamente a medida que avanzan en madurez con la edad.

 

Por lo que se refiere a un Estado de Derecho, libre y democrático: cuando hay sospecha de delito o de prácticas dañinas para el bien común, a la vez que se informa debidamente, pónganse también en conocimiento de las autoridades judiciales, para que se proceda a su reparación con las garantías de procedimiento y de justicia que salvaguarden los derechos de todos y no se exponga a peligro el bien común o el interés general que se pretende salvaguardar. La información ha de estar contrastada y acompasada con la justicia y la armonía de los derechos. No es un derecho omnímodo, sino que deberá ser armonizado con otros.

 

En definitiva, se trata de lograr, como tan reiteradamente pide el Papa Benedicto XVI, una comunicación verdaderamente humana, conforme a la dignidad de la persona y al bien común, que en el caso de los cristianos viene iluminada por la sabiduría moral del Evangelio. Esta tarea es especialmente importante tanto para fundamentar la consideración ética de la comunicación social (Infoética), como para salvaguardar la imprescindible “cuestión antropológica” sobre la que tanto insiste el Papa (Cf. Caritas in veritate, n. 73).

 

Por Carmen Elena Villa

 

 

Un comentario en “WIKILEAKS, UN NUEVO DESAFÍO PARA LA INFOÉTICA”

  1. Polarización política y nuevas tecnologías
    Gabriel Sánchez Zinny (*)
    El escándalo de Wikileaks ha generado fuertes debates en Washington no solo por la filtración de información, la acusación de espionaje, la demostración de debilidad o fortaleza de la política exterior americana, sino también porque ha vuelto a poner en el medio de la discusión pública el uso de internet y las nuevas tecnologías.
    Hace tiempo que internet ha irrumpido en la vida política de los países, como herramienta de comunicación, de campaña, de activismo y de difusión de ideas. Ha introducido una nueva era de participación masiva en los asuntos públicos, donde todo individuo puede ser un activista, un organizador comunitario, un recaudador de fondos, y movilizar cientos de personas. El Centro Pew, con sede en Washington, reporta que existen 25 millones de personas en Estados Unidos considerados “activistas políticos online”. Lo que antes llamábamos simplemente votantes, ahora participan del sistema democrático 24 horas por 7 días.

    Movimientos como el Tea Party en la derecha, o MoveOn.org, en la izquierda no hubieran existido sin las nuevas tecnologías. Esta nueva realidad, que se ha vuelto a enfatizar con las filtraciones de Wikileaks, genera intensos debates sobre la relación entre el estado y los ciudadanos, la actuación de los dirigentes políticos en una democracia mucho más participativa y la protección y limites a la libertad de expresión.

    Pero también está generando un impacto más profundo en las costumbres sociales y culturales respecto a cómo los ciudadanos acceden a información, y cómo interactúan con quienes no están de acuerdo con sus posturas ideológicas y puntos de vista.

    Muchos analistas sostienen que internet no reduce el debate público, sino que más bien lo aumenta y exponencia. Sin embargo, otros sostienen que lo polariza y divide. Como señala David Brooks, analista del New York Times, “durante las últimas décadas, los ciudadanos recibían sus noticias de principalmente algunos pocos medios de comunicación, programas televisivos o radiales. De alguna manera, estaban obligados a escuchar otros puntos de vista y diferentes perspectivas. Actualmente, el internet ha cambiado esta realidad. Las nuevas tecnologías permiten que el ciudadano puede informarse nada más de sitios o blogs que presenten su propio punto de vista”.

    Sin embargo, un estudio publicado hace unos meses agrega más aristas al análisis. Matthew Gentzhow y Jesse Shapiro, en su renombrado paper Ideological Segregation Online and Offline, publicado por el National Bureau of Economic Research en Abril del 2010, señalan “nuestro análisis muestra que la segregación ideológica en internet es baja en términos absolutos”.

    El debate sigue abierto, pero es indudable, como lo muestran diferentes encuestas y grupos de opinión, que la polarización política ha aumentado en América, aunque no necesariamente debido a las nuevas tecnologías. Y aunque eso produzca, muchos tenemos que agradecerle a internet por permitir acceder a mayor información, por permitir que cualquier ciudadano pueda participar y peticionar a las autoridades. Entre otras cosas, Julian Assange contribuyó a recordarnos estas bondades.

    (*) Director, Blue Star Strategies, Washington, DC

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